Las Cortes recogen las críticas de los agentes sociales a la ley de simplificación

Entre ellos se encontraba Ecologistas en Acción de la mano de Paco Iturbe que ha advertido de los peligros como la obstaculización del control de lo público y la imposibilidad de reparar los daños ocasionados al medio ambiente. También han estado presentes entre otros CCOO, ASAJA, UPA, UAGA y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón.

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Jesús Maestro y Paco Iturbe de Ecologistas en Acción. Foto: Cortes de Aragón.

La segunda sesión de trabajo de las Audiencias Legislativas en relación con el proyecto de ley sobre simplificación administrativa ha sumado esta mañana las consideraciones de once nuevos intervinientes entre agentes sociales, entidades de derecho público, asociaciones y órganos consultivos.

Entre ellos se encontraba Ecologistas en Acción de la mano de Paco Iturbe que ha trasladado su “perplejidad” por la amplitud de la reforma de esta ley, se hace sin información pública e invoca a lo excepcional “pero anuncia que sus cambios serán permanentes”. Por ello ha reclamado “una reflexión” ante peligros como la obstaculización del control de lo público y la imposibilidad de reparar los daños ocasionados al medio ambiente.

“Si una actividad que declara que no contamina resulta que sí contamina y ha provocado alguna muerte o contaminación de un río ¿cómo se restituye una vida a su situación jurídica de persona viva? ¿o cómo se restituye un río a su situación jurídica de no contaminado?”, denunciaban recordando la tragedia de Inquinosa que décadas después el territorio sigue contaminado por lindano.

Junto a éste, su compañero Jesús Maestro ha criticado que la agilización administrativa se haga a costa de dificultar todavía más la labor de inspección, no exigir la acreditación de la imparcialidad, convertir el silencio administrativo “en un coladero” y limitar el plazo para la presentación de informes en cuestiones de medio ambiente.

“Agilizar, sí, pero no así. Agilizar con más medios públicos, dotándoles con medios materiales y humanos suficientes para hacer su trabajo correctamente, con más cumplimiento de la normativa ya existente, sin vacilaciones en los criterios de prevención, precaución y seguridad, sin dejar en el aire el control y la inspección”, denunciaban en su presentación.

Digitalización, zonas rurales y el silencio administrativo

Por su parte, Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón, se ha mostrado de acuerdo en mejorar la relación con las Administración mediante un proceso de digitalización que, a su juicio, requerirá “mucha formación” dirigida a los empleados públicos y los ciudadanos para “no abrir nuevas brechas”, y ha reclamado que la simplificación garantice la legalidad y la seguridad en cuestiones como los datos, las declaraciones responsables y el silencio administrativo.

Otras entidades como la de Pilar Nogueras (Cooperativas Agroalimentarias de Aragón) han trasladado el “apoyo total” a la simplificación y digitalización administrativa y el silencio administrativo positivo ante problemas como “la indefensión” que provoca recurrir sin conocer los motivos del rechazo, la presentación en papel de los libros de contabilidad, la exigencia de los libros sociales o la declaración de extravío.

Luis Zubieta, presidente Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, ha destacado “la especial implicación” de su organización en el impulso de este proyecto y por ello ha reclamado que la futura ley no excluya, como sí hace ahora, a las administraciones locales del régimen general del silencio administrativo positivo y que se adapten los textos legales referidos a los montes y las vías pecuarias.

Pablo Martínez (UAGA Aragón) ha considerado que la simplificación administrativa “siempre es bienvenida” y por ello ha reclamado reducir el papeleo en la declaración de la PAC. Además ha pedido atención a la relación con el sector energético ante el “nulo beneficio” que los propietarios obtienen a cambio de los caminos de acceso a las infraestructuras de evacuación y ha solicitado que los trazados se justifiquen “convenientemente”.

Desde ASAJA Aragón, Ángel Samper ha apuntado que el éxito de la reforma necesita de la colaboración de los empleados públicos y de una redacción “clara y concisa” de las normas que no deje margen para la interpretación subjetiva, casi siempre contraria al administrado. Por ello ha estimado “descorazonador” el larguísimo listado de excepciones del artículo referido al silencio administrativo y el “cajón de sastre” de las entidades colaboradoras.

José Manuel Roche, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), ha solicitado que la digitalización tenga en cuenta las “peculiaridades” del sector agrario y del medio rural para no aumentar la brecha ya existente y que la futura ley “no quede en una declaración de intenciones” y traiga mejoras como poder conocer “en todo momento” el estado de las solicitudes y que las ayudas se tramiten con “máxima urgencia y prioridad”.

Todas estas consideraciones han sido recogidas por los grupos presentes en la Sala Giménez Abad.

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