El grupo municipal del PSOE en Zaragoza ha anunciado que acudirá a los tribunales “si el gobierno PP-Cs no modifica la convocatoria de becas, aprobadas por el Patronato de Educación el 20 de mayo, y aprueba ampliarlas al alumnado en situación de vulnerabilidad de todos los colegios de Zaragoza, públicos y concertados”.
Actualmente, las bases solo contemplan ayudas para niños y niñas de los centros privados-concertados, lo que para los socialistas supone una “flagrante discriminación”. La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha recordado que las socialistas han presentado una moción, que se debatirá en el pleno de este viernes, en la que instarán al alcalde Jorge Azcón a cambiar las bases “para que el Ayuntamiento de Zaragoza dé un trato igualitario a todos los escolares de la capital aragonesa. Tal y como están planteadas, es una clara discriminación. El gobierno del señor Azcón ha decidido que solo tiene que haber ayudas para los niños de los colegios concertados”, ha destacado Ranera.
“Son niños vulnerables, no importa dónde estén escolarizados”, ha añadido Ranera, que ha adelantado que “si Azcón no da marcha atrás, el grupo municipal del PSOE presentará un recurso contencioso administrativo para impugnar las bases de esa convocatoria, al existir ya jurisprudencia previa que ratifica que una institución pública no puede hacer distinción ni discriminar a niños, según a qué colegio vayan”.
En el mismo sentido Ranera ha afirmado que “el Ayuntamiento debe garantizar en todo momento, que los niños y niñas vulnerables de esta ciudad tengan derecho a acceder a las becas o ayudas, independientemente del colegio al que acudan. Todos tienen el mismo derecho. Es lo mismo que hace el Gobierno de Aragón con las becas que concede, no distingue, las otorga a las familias que lo necesitan tanto de la pública como de la concertada. Acceden todos”, ha recalcado.
El PSOE también estudia presentar “un recurso contencioso para paralizar los pliegos de Pontoneros”
El portavoz de Urbanismo del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha anunciado “que va a solicitar asesoramiento jurídico para valorar la viabilidad de presentar también un recurso contencioso para paralizar los pliegos de Pontoneros”.
El Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, dirigido por PP-Cs con el apoyo de Vox, ha aprobado las bases de enajenación de estos edificios, mediante derecho de superficie. “El PSOE ha dudado desde el principio de la legalidad de este proyecto”, ya que, según ha señalado Royo, “la figura de derecho de superficie no es una figura adecuada para constituir una residencia universitaria privada”.
De hecho -recuerda Royo- la Ley Urbanística de Aragón, en su artículo 113, marca que el derecho de superficie tiene que destinarse a fines sociales, vivienda de alquiler o de protección oficial. “Para que esta propuesta tuviera viabilidad técnica y jurídica tendríamos que estar hablando de una propuesta social, con una finalidad social. Y no la tiene. Ninguno de los documentos que acompañan las bases justifican ese interés social. No se explican cuántas habitaciones va a haber, ni qué precios va a tener, ni qué calidades. Ni se concretan actividades culturales al conjunto del barrio”, ha resaltado Royo.
“Estos pliegos -ha destacado el edil socialista- están exclusivamente al servicio de los intereses privados, no tienen un beneficio social, no contribuye a la recuperación del entorno de Pignatelli y van en contra de los intereses del Ayuntamiento”.
“El gobierno pretende vender los edificios de Pontoneros durante 75 años por un precio de 2 millones de euros. Se pagarán 72 anualidades, de 28.000 euros cada año, lo que supone 2.400 euros al mes. De esta manera, el que se quede con estos dos edificios de 13.000 metros cuadrados pagará 18 céntimos el metro cuadrado, cuando el coste medio en esta ciudad está en los 7,80 euros. Supone una venta ridícula del patrimonio público”, ha censurado edil, que ha reprochado también que las bases “no establezcan ningún criterio o prescripción técnica sobre la rehabilitación del edificio”.
“Están hablando de una inversión de 16 millones de euros. No sé de dónde la sacan ni me lo han sabido responder. En todos los pliegos, en todas las bases, no hay ni un solo criterio para el proyecto de rehabilitación de estos dos edificios catalogados”, ha concluido Royo.
