El asociacionismo vecinal y entidades ciudadanas rechazan la privatización del cuartel de Pontoneros

Diversas entidades ciudadanas, colectivos y fuerzas políticas de Zaragoza han reafirmado en una rueda de prensa celebrada en la FABZ su oposición a la privatización del antiguo cuartel de Pontoneros.

En la última reunión mantenida, en la que además de la FABZ y el asociacionismo vecinal, Apudepa, la Coordinadora de Vivienda y el Sindicato Estudiantes en Movimiento, estuvieron presentes Zaragoza en Común, Podemos y CHA, las entidades quisieron mostrar su oposición frontal a la inminente privatización del antiguo cuartel de Pontoneros.

Las organizaciones ven con preocupación la Modificación Aislada 178 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, con la que el Gobierno de Zaragoza pretende adecuar las condiciones urbanísticas de dos parcelas del antiguo cuartel de Pontoneros de Sangenís y de sus viviendas de oficiales, con el fin desarrollar en ellas una residencia de estudiantes de gran capacidad, en colaboración con la iniciativa privada.

Esta modificación obedece a la cesión de los inmuebles a una empresa privada, en régimen de superficie, durante un máximo de 99 años.

Las organizaciones firmantes entienden que la operación atenta contra el interés social, "máxime en una zona de características tan peculiares como esta parte del Casco Histórico". Por ello, presentaron en su día las correspondientes alegaciones "porque entendían que vulneraba el ordenamiento jurídico".

En todo caso, y habiendo manifestado el Gobierno de la Ciudad su voluntad de continuar con la tramitación del expediente administrativo, señalan que "las entidades que en nuestro ADN llevamos implícito la defensa del interés general debemos coordinar acciones para la defensa de ese interés".

Algunas de las razones que dan para estar en contra de esta operación son la ausencia de la necesidad exigida por la Ley de Urbanismo Aragonesa, que su principal objetivo es aplicar el derecho de superficie a favor de la empresa, la defensa del patrimonio de la ciudad y la exigencia de que se catalogue al inmueble como BIC (Bien de Interés Cultural), la exigencia de la puesta en marcha de un verdadero proceso participativo de carácter previo, el abogar por la gestión desde lo público, o "el evitar, aun reconociendo determinados usos a los que podría destinarse, que acabe en manos del mercado privado el resto de patrimonio que se contempla en la actuación".

En la rueda de prensa también quisieron señalar su defensa "a ultranza del valor patrimonial de los dos edificios afectados, uno con el más alto nivel de protección: BIC y otro mal catalogado y que debería de haber recibido en su momento la misma catalogación".

Su apuesta es por unos usos mixtos habitacionales públicos del espacio. Además, advierten de su intención de crear una plataforma ciudadana contra la privatización de Pontoneros.

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