Lambán oculta los datos de fallecimientos en las residencias de personas mayores

Incumpliendo la ley, la DGA se niega a facilitar los datos sobre el número de muertes desglosado por centros porque “considera que la información disponible no es exacta”, despachando así un requerimiento de acceso a información pública del periodista Manuel Rico de infoLibre. El Consejo de Transparencia de Aragón tiene actualmente 333 reclamaciones pendientes de resolver. El gobierno de Lambán no sabe si gastó 70 millones en la Residencia de Exeya, ha suprimido 21 puestos de trabajo, y mientras tanto, más de 700 personas están en lista de espera para optar a una residencia en Uesca.

Atención
Lambán y Repollés durante una rueda de prensa. Foto: DGA

Si Aragón es vuestro Ohio es por que Lambán es nuestra Ayuso: este sería el titular de un nuevo ensayo sobre la opacidad en la gestión pública de las residencias para personas mayores durante la pandemia por COVID.

Las similitudes entre los gobiernos de Lambán y Ayuso no se quedan solo en sus políticas económicas de colaboración público-privada, esto es, traspaso de dinero público a manos privadas, ni en su desprecio por las políticas de protección de la naturaleza, ni en su estrategia de desmantelamiento de la sanidad y educación públicas, las similitudes también se encuentran, desgraciadamente, en la gestión de las residencias para personas mayores durante la pandemia por COVID, o al menos, en su intención de ocultar los datos y manipular la información.

El Gobierno de Aragón se niega a facilitar a Manuel Rico, periodista de infoLibre especializado en este asunto, los datos sobre el número de muertes desglosado por centros porque “considera que la información disponible no es exacta” y, por tanto, “no es útil”, resolviendo así una solicitud de acceso a información pública del 4 de mayo de 2020, con un retraso inaudito de dos años y medio.

El gobierno de Lambán: entre la incompetencia y la desobediencia

Señala el periodista Manuel Rico que “más allá de la decisión sobre el fondo del asunto, todo el procedimiento administrativo en Aragón ha sido una suma de incompetencia, retrasos y desobediencia por parte de la Administración aragonesa”.

El Gobierno de Lambán dictó primero una resolución sin la correspondiente obligación legal de motivarla, alegó después ante el Consejo de Transparencia una causa de inadmisión que había ocultado en su resolución inicial, para posteriormente incumplir su obligación de dar un trámite de audiencia a las empresas titulares de las residencias antes de dictar su resolución.

Tras estos ejemplos de incompetencia, “el Gobierno de Lambán mantuvo una actitud de rebeldía abierta y reiterada para no cumplir con sus obligaciones legales”, tal y como destaca Rico.

Así las cosas, el pasado 10 de agosto, infoLibre registró en la DGA una reclamación. Y solo ante la perspectiva de un contencioso judicial, el Gobierno de Lambán decidió por fin cumplir con lo ordenado por el Consejo de Transparencia. El 8 de septiembre puso en marcha el trámite de audiencia a los titulares de las residencias. En la orden de la consejera Sira Repollés se explica que “se han recibido 81 escritos de centros residenciales en los que se proporciona algún tipo de información, y 86 escritos de oposición”. Cabe destacar, que de las 19 Administraciones a las que infoLibre solicitó los datos a principios de mayo de 2020, han facilitado la información 17. Las únicas excepciones son Asturies y Aragón.

Pese a todo lo anterior, Lambán continúa negándose a publicar datos clave sobre fallecimientos en las residencias para personas mayores en nuestro país durante la primera ola de la pandemia. En la orden firmada por la consejera de Sanidad, Sira Repollés, la DGA rechaza la solicitud de acceso a información pública realizada por infoLibre, que entre otros datos pedía conocer el número de muertes desglosado por centros.

El gobierno liderado por Lambán pretende sacudirse de encima este grave asunto escudándose en su propia incompetencia al señalar que “la mala de calidad de los datos conlleva que la información no sea útil”, y asegurando que la información de la que se disponía durante la primera ola de la pandemia “desde un punto de vista epidemiológico no era completa y exhaustiva, sino aproximada y sólo válida para poder tener una idea de la magnitud de la afectación y su evolución”. Obviando que es la propia DGA la responsable de la elaboración de estos datos, una información vital para conocer los errores y aciertos de gestión, y no repetir los primeros.

Insiste, por tanto, el Gobierno de Aragón en que basta con ofrecer datos globales, pero no desglosados por residencias: “No se consideró que los datos a nivel desagregado dieran información útil, ni a nivel interno ni de cara a la petición de información”, y que basta con aproximaciones globales sin detallar, realizando afirmaciones tan peregrinas como que “los datos individuales de cada residencia no tienen valor a nivel individual”.

La DGA incumple sus obligaciones legales y éticas con las personas mayores

El caos en la gestión de las Residencias para personas mayores no se limita al periodo de la pandemia por COVID. El gobierno de Lambán ha intensificado su apuesta por las residencias privadas o concertadas, pagadas con dinero público para beneficio empresarial privado. Y ha jalonado su gestión de auténticos despropósitos, sirvan tres ejemplos entre muchos posibles.

La DGA suprime 21 puestos de trabajo en las residencias de mayores. CCOO denuncia la amortización de 21 puestos de trabajo en las residencias de mayores gestionadas por el IASS que depende de la DGA. El sindicato cree que esta decisión es contraproducente para mantener una óptima calidad del servicio y una buena atención a las personas dependientes de grado II y III, que son las que residen en estos centros.

La oscura historia de la Residencia Villa de Ejea. La DGA “no sabe” si gastó 70 millones en esta Residencia. En 1991, el alcalde de Exeya firmó un convenio (que no se hizo público hasta 30 años después) con el Gobierno de Aragón para construir en el municipio una residencia pública de la tercera edad. Antes de erigirse, perdió las elecciones, pero el centro se construyó: finalmente fue privado (aunque nadie sabe si recibió dinero público) y el exalcalde se convirtió en su director. Así empieza este turbio relato.

Más de 700 personas están en lista de espera para optar a una residencia en Uesca. Un total de 773 personas dependientes están en lista de espera de un recurso residencial, una cifra “muy elevada” que es un síntoma del verdadero “limbo” de la Dependencia, personas que están esperando recibir la prestación que le ha sido asignada.

El Consejo de Transparencia de Aragón colapsado

La historia de lo ocurrido con la solicitud de información de Manuel Rico es un ejemplo paradigmático de una Administración que incumple sus obligaciones legales y que tiene colapsado por falta de medios el órgano de Transparencia que debe vigilar su actuación.

La ley que regula el Consejo de Transparencia de Aragón no deja lugar a dudas cuando establece en su artículo 37 que dicho órgano “actuará con independencia orgánica y funcional”, pero atribuye a la DGA la obligación de poner “a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”. El Consejo se constituyó en mayo de 2016 y casi seis años después continúa sin una estructura de personal propia.

Tal y como indica Rico en infoLibre, la situación empeora además día a día porque se está incrementado de forma significativa el número de reclamaciones presentadas por la ciudadanía. Los datos publicados por el propio Consejo de Transparencia de Aragón son elocuentes: en 2020 recibió 62 reclamaciones, en 2021 fueron 77 y en 2022 sumó otras 240. De acuerdo con la información publicada en su web, en este momento tiene 333 reclamaciones pendientes de resolver.

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