El calentamiento global exige una rápida transición energética. Como bien sabemos por la ciencia del clima, disponemos de muy pocos años para frenar dicho calentamiento, mediante el abandono progresivo de los combustibles fósiles, que generan en su combustión los denominados gases de efecto invernadero (GEIs). Todos los sectores productivos de nuestra sociedad: industria, construcción, movilidad, transporte, servicios, agricultura, etc, utilizan dichos combustibles y deberán igualmente reducir progresivamente el uso de los mismos en su parte proporcional, para evitar que dicho calentamiento supere los 1,5 ºC.
En el caso de la producción agropecuaria, los países de la UE donde disponemos de las ayudas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), dichas ayudas podrían constituir el motor más adecuado para financiar dicha transición. Pero será necesario definir adecuadamente ese paso de la producción convencional actual a una producción ecológica (o agroecología).
La Coalición por otra PAC, ha señalado en un documento de este mismo año 2025 las Propuestas para obtener una PAC más ambiciosa tanto a nivel económico y social, como a nivel medioambiental. Son especialmente determinantes, las que se refieren a la Condicionalidad y Pagos Medioambientales, las referentes a la Reducción de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, y las de Protección de las personas consumidoras y la Participación ciudadana.
El libro de Carlos Tundidor “La estructura agrícola en España” estudia en su tercera parte, el tema de las Ayudas de la PAC, exponiendo que la PAC destina 387.000 millones de euros para ayudas y subvenciones a la agricultura de 27 países par el sexenio 2021-2027. En el año 2022 fueron 57.000 millones de euros, de los que el Estado español recibió 6.890 millones para 648.000 receptores (agricultores y ganaderos), según el Censo Agrario del INE, de 2020, existían un total de 914.871 explotaciones totales, de las cuales, centradas en la ganadería 216.255. El número de personas ocupadas en el sector agro-ganadero (según la encuesta de población activa, EPA) era de 750.000. La superficie agrícola utilizada (SAU), del orden de 24.000.000 has.
Tundidor presenta en dos cuadros, los mayores perceptores de estas ayudas en el año 2022. En un primer cuadro los 20 primeros perceptores (que reciben desde 8,85 a 4,07 millones de euros), y en una segunda relación, desde el nº 21 hasta el nº 400 (que reciben desde 3,99 a 0,49 millones), señalando que esos primeros 400 mayores perceptores son personas jurídicas: empresas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, unipersonales, cooperativas, y sociedades agrarias de transformación y señala que “el campo, como sector, está volviendo a procesos de enormes concentraciones de tierras a manos de terratenientes, de nuevo a costa de pequeñas explotaciones en desuso o, en ocasiones heredadas. Pero ahora, el terrateniente no es una persona física, sino que es una empresa, una gran empresa, que en el mejor de los casos, es alimentaria. Un fenómeno, que los sindicatos agrarios califican de uberización del campo”. Expone así mismo la perplejidad que supone ver en esa relación de los mayores receptores de ayudas a grandes cadenas de supermercados, grandes bodegas, empresas alimentarias, incluso a Telefónica, que por su volumen y envergadura, no deberían necesitar de ayudas para su negocio.
La verdadera Transición Agro-alimentaria en Europa, y por tanto en Aragón, debería estar definida lo más tardar, en el 2027, para iniciarse en 2028, y en nuestra modesta opinión habría que establecer además, a partir de 2027 algunas cuestiones prioritarias.
La introducción en los objetivos de la PAC, de un sexto objetivo, que sería la consecución de una producción agropecuaria sostenible, antes del 2050. Si ya en 2030, un 25% debería cultivarse como cultivo ecológico, en nuestro Estado en ese año deberíamos alcanzar los 6 millones de has (en 2022 había 1.870.000). Para llegar antes del 2050 —pongamos por seguridad, en 2045— habría que ganar algo más de un 4 % de superficie en cultivo ecológico, cada año.
Dentro de una producción agropecuaria global, debería establecerse un equilibrio entre ganadería y agricultura, es decir, entre la capacidad fertilizante (N-P2O5-K2O) de todos los estiércoles producidos y las necesidades de los cultivos de su área circundante (con costes razonables de esa aplicación, en función de las distancias). Allí entraría el tema de la producción ganadera industrial, que de encontrarse en una producción excedentaria de nutrientes, debería obligatoriamente reducir su capacidad productiva (censo de ganado) de un modo progresivo —antes del 2045—hasta llegar al equilibrio indicado.
La nueva etapa de la PAC, a partir de 2028, debería establecerse para un modelo de producción agropecuaria basado en la eliminación de pesticidas y fertilizantes sintéticos, reorganización de los pastizales, la eliminación de importaciones de proteína vegetal (utilizada en la alimentación de la ganadería industrial), y la transformación de nuestra dieta (hacia un modelo sostenible y saludable), tal como se plantea por la Coalición por otra PAC y en el estudio de Poux, X. y Aubert, P.M (2018) “An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating”.
La transición agro-alimentaria, debería acompañarse desde este mismo momento, de un fuerte apoyo de los Organismos Públicos de Investigación y Transferencia en agro-alimentación, y así se exponía en el proyecto de investigación AGROALNEXT, pero ensayando además paralelamente ese proceso de transición, con ensayos y estudios técnico- económicos, en explotaciones de agricultores colaboradores, que permitieran cuantificar y definir simultáneamente las modificaciones más adecuadas para productores de alimentos (agricultores y ganaderos), y consecuentemente, de las industrias de transformación, y los consumidores.
Entre tanto, terminó la COP30, en Brasil con un sentimiento de decepción, que comparto personalmente, pues no aborda la programación de una reducción progresiva del consumo de los combustibles fósiles en los países desarrollados, que es la única forma de alejar la amenaza de llegar a un punto de no retorno, que no permita ya ninguna solución para frenar el calentamiento global. Tampoco ha logrado definir y concretar las ayudas que los países desarrollados (que somos los mayores productores de los GEIs) concreten y aseguren las ayudas a los países con menos posibilidades de afrontar la crisis climática.
Finalmente indicaría, que esta transición agro-alimentaria —al igual que la transición energética en el resto de los sectores productivos— debería ser obligatoria, y consecuentemente, justa, para que no solamente sea, en el caso de la producción agropecuaria, a costa de los agricultores y ganaderos, sino con el soporte de las ayudas de la PAC, y de los propios consumidores en su transición paralela del consumo alimentario. Nuestros gobiernos tienen la palabra.
