Desde la Fundación aragonesa Nueva Cultura del Agua (FNCA) aseguran que “la gestión del agua en el Estado español sigue sin adaptarse a los impactos crecientes del cambio climático” y no aborda “medidas eficaces para recuperar el buen estado de los ecosistemas del agua”.
El informe ‘Retos de la planificación y gestión del agua en el Estado español 2023’, elaborado por el Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) de la FNCA, muestra “la urgencia de una transición hídrica justa para reducir los impactos crecientes de las sequías, de la escasez hídrica y del mal estado de nuestros ecosistemas del agua”.
Y apunta que esa transición hídrica “cada vez más urgente, ha de basarse en la reducción de las demandas, especialmente la agraria, que supone el 80% del agua utilizada en usos consuntivos en el Estado español, así como en un reparto social del agua”.
A los problemas “que vienen de atrás debido a unas demandas crecientes, infraestructuras hidráulicas con gran contestación social como el trasvase Tajo-Segura, el incremento de las sequías por el cambio climático y medidas ineficaces para abordar la escasez hídrica como la modernización de regadíos”, se añaden problemas nuevos “como los efectos del despliegue de las energías renovables sobre el agua y el buen estado de los ríos y ecosistemas asociados, los conflictos sociales en torno a los proyectos de restauración fluvial que incluyen la eliminación de azudes en desuso o la degradación de humedales tan emblemáticos como Doñana o el Mar Menor, debido a un uso insostenible del agua y a la expansión de los regadíos”, aseguran desde la FNCA.
El informe del OPPA del año 2023 describe también algunas propuestas “para mejorar estos problemas a través de diez capítulos” dedicados a la modernización de regadíos, los planes especiales frente a la sequía, el plan de acción de aguas subterráneas, los efectos sobre el agua del despliegue de las energías renovables, el conflicto en torno al trasvase Tajo-Segura, la inclusión de la dimensión social en la eliminación de azudes y otras barreras fluviales, el contrato de río como herramienta para mejorar la situación del río Guadalete, el conflicto social y ambiental en torno a la sobreexplotación hídrica que afecta a Doñana, las percepciones sociales en torno a la degradación del Mar Menor y la participación ciudadana en la defensa de los ecosistemas litorales y la lucha contra la erosión en el litoral.
El informe de la FNCA se cierra con el ‘Manifiesto por la Justicia del Agua’, suscrito por más de 500 organizaciones de todo el mundo y presentado en la Conferencia del Agua de Naciones Unidas “que es de especial relevancia en el preocupante contexto internacional que vivimos y que ha motivado que el lema del Día Mundial del Agua de este año sea Agua para la Paz”, concluyen desde la FNCA.
