Tras el anuncio del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón de un “plan de calles” financiado mediante un préstamos de 11 millones a cargo de la empresa pública Ecociudad, la Red de Agua Pública de Aragón ha enviado a AraInfo una valoración.
El texto de RAPA comienza de forma rotunda, “consideramos totalmente inadecuado que de los 17 M€ presupuestados por Ecociudad para inversiones en 2022, 10 de ellos estén destinados a la renovación de calles”. Los otros 7 millones para hacer frente “a las necesarias y urgentes” obras en depuración “son una dotación absolutamente insuficiente para las necesidades de la ciudad”.
Recuerdan que el 27 de septiembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la gestión directa del saneamiento y depuración mediante la sociedad mercantil Ecociudad Zaragoza S.A.U. Esta sociedad nacía como “un artificio financiero que permitía al Ayto. sortear la ley que imponía un límite a su endeudamiento”.
RAPA ya se pronuncíó en contra de ese acuerdo municipal y argumentó que rompía la gestión unificada del abastecimiento y saneamiento realizada por el Ayuntamiento y que se produciría duplicidad de funciones, nuevos gastos y un aumento en el recibo de saneamiento.
Esto se confirmó leyendo el informe (22/11/2019) que hizo la Cámara de Cuentas sobre los ejercicios 2012-2017 de Ecociudad Zaragoza. En él se puede leer que: "No consta ninguna memoria explicativa que justifique en base a los principios de eficacia, eficiencia y economía, la mejor prestación del servicio a través de un ente instrumental frente a la ejecución directa por parte del Ayto o de un organismo autónomo".
"Tampoco se justifica desde la óptica de la economía. Lo que debe dar EZ al ayuntamiento por el alquiler de las infraestructuras (386,80 M€ en el plazo de 61 años) es muy significativo y no existía con anterioridad a 2013. La repercusión del coste de uso de estos activos cedidos se mantendrá hasta el año 2073", añadía el documento.
Y hay algo en dicho informe que quieren remarcar especialmente: “Los ingresos que recibe el Ayuntamiento por la cesión de la infraestructura (3,7 M€ en 2013 hasta 8,7 M€ en 2073) financian el presupuesto general de forma incondicionada", o sea, van a la bolsa común.
Respecto a ello, la Cámara de Cuentas recomienda en el apartado 2.4. de su informe la creación de un fondo de reserva para acometer las inversiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración del municipio de Zaragoza en función de la vida útil y a la vista de su obsolescencia. "Este fondo podría dotarse conjuntamente, entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Ecociudad, mediante la aportación de los ingresos patrimoniales que recibe el Ayuntamiento como contrapartida de la cesión de las instalaciones a Ecociudad y los beneficios (superávit) que genera esta sociedad". De esa forma se cumpliría que el dinero que proviene del agua se invirtiera en el agua.
Ecociudad mantiene entre sus objetivos (quizá porque proviene de la antigua Ecociudad Valdespartera) "gestionar y ejecutar cualesquiera actuaciones o servicios de infraestructura urbanística de Zaragoza" (recordemos la compra del edificio de REMAR).
“Creíamos que esta función, que nada tiene que ver con el agua, había sido ya eliminada en la práctica. La propuesta del Sr. Azcón parece decir lo contrario. Ecociudad va a endeudarse para realizar obras que sólo en parte tienen que ver con la depuración y además con un orden de prioridad marcado por la renovación de viales, no con las urgencias de este servicio”, señalan desde RAPA.
Además de las continuas inversiones para mantener al día las depuradoras de la Cartuja y La Almozara y la necesaria renovación de tuberías, en Zaragoza son necesarias obras como el colector de la carretera de Castellón, el proyecto de mejora de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Parque de San Pablo, el tanque de tormentas para alivios en cuencas de paseo María Agustín, Almozara y Plaza Europa o la depuradora del barrio de Peñaflor.
“Es necesario priorizar las actuaciones y, si no queremos llegar a un estado de franco deterioro de las infraestructuras, se vislumbra un futuro aumento de la presión fiscal. En nada ayuda tener que pagar unos intereses ajenos a las necesidades descritas ni el pago del ICA llámese como se llame”, añaden desde la Red de Agua Pública de Aragón.
La propuesta de RAPA sigue siendo conseguir la gestión unificada y pública del ciclo integral del agua. Las actuaciones de EZ deberían, en su opinión, “tender a conseguirlo en un futuro próximo. Creemos que en nada ayuda a este fin cargar con créditos para pagar obras ajenas al servicio del agua”.
