En una nota, la PTTAZ señala que “existe abuso ya que la renovación sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada no trata de atender necesidades provisionales”, también encuentran abuso “ya que las disposiciones estatales, las que permiten el uso de contratación temporal, en verdad se están utilizando para cubrir necesidades permanentes y estables del empleador público”.
Estos dos supuestos se recogen en la Directiva 1999/70 CE, que proscribe el abuso de temporalidad en su cláusula 5ª. Además, se dictó sentencia tomando esa Directiva como base, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en los asuntos acumulados C‐103/18 y C‐429/18. La trama criminal que describe la plataforma se remonta a las resoluciones que consideran prevaricadoras dictadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, desde la fecha de 19 de marzo de 2020.
A juicio de la PTTAZ, el Ayuntamiento de Zaragoza debe acreditar que los sucesivos contratos no responden a necesidades puntuales y provisionales, sino permanentes, también el número de contratos o nombramientos y el número de años de temporalidad, si realizan o no las mismas funciones que los trabajadores y trabajadoras fijos para saber si existe defecto estructural.
Asimismo, recuerdan que también se exige justificación del elevado porcentaje de empleados y empleadas públicos temporales, “quienes constituyen, por esta razón, un elemento esencial del funcionamiento de dicho sector”.
Por último, desde la PTTAZ entienden que las sentencias también obligan a “justificar la inexistencia de límites máximos al número de relaciones de servicio de duración determinada sucesivas y en el incumplimiento de la obligación legal de proveer los puestos temporalmente cubiertos por dicho personal mediante el nombramiento de empleados públicos con una relación de servicio de duración indefinida”.
Soluciones al abuso
“La sentencia es clara y contundente en cuanto a la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas de manera provisional por empleados y empleadas públicos”, aseguran desde la PTTAZ. La disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Publico señala que, dentro de los plazos exigidos de procesos selectivos, tal medida sí sería adecuada. “Así se evitaría que se perpetúe la situación de precariedad de dichas plantillas. En la actualidad, no se cumplen los plazos establecidos por lo que no es una medida”, detallan.
Precisa la sentencia que si se procede a la organización de procesos selectivos, abiertos a candidaturas que no han sido víctimas de tal abuso, no exime a los Estados miembros de establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva estos contratos temporales. También deben ofrecer a estos empleados y empleadas públicos temporales, que fueron objeto de abuso, la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad en el empleo.
Basándose en estas premisas, en mayo de 2021, PTTAZ presentó Derecho de petición constitucional. Su objetivo era que el Ayuntamiento de Zaragoza diese cumplimiento a la norma europea y a las sentencias del TJUE. Esta petición fue desestimada por el informe del jefe de la oficina de Recursos Humanos del propio ayuntamiento, “negando la aplicación de la sentencia en Zaragoza, con una clara infracción del Derecho Europeo”, por lo que la PTTAZ lo denunció en agosto, ante la Comisión Europea, y anuncia que “se quiere llegar hasta el Tribunal General de la unión Europea”.
Todas estas acciones se han visto de afectadas por la reciente publicación del decreto RD. 14/2021, más conocido como el “decretazo Iceta”.
Considera la Plataforma que “la nueva acción municipal reitera la prevaricación que ya estaría cometiendo desde cómo mínimo 19 de marzo de 2020”. Y hablan de una “auténtica tortura a los trabajadores públicos en abuso -delito contra los derechos de los trabajadores-”.
También denuncian el cohecho “por la más que sabida unión entre miembros del consistorio y organizaciones dedicadas a la preparación de oposiciones, y favores varios entre distintas personas involucradas en los procesos selectivos y la malversación de caudales públicos”.
“Toda esta amalgama de tipos delictivos, finalmente se concreta en una auténtica organización criminal encabezada por el alcalde, Jorge Azcón, y la Vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, como ideólogos del plan delictivo, con los ejecutores materiales de los delitos, responsables del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza y finalmente los más altos funcionarios que han y siguen permitiendo a la trama de la que forman parte, de los incumplimientos normativos tendentes a la eliminación y extinción del colectivo de trabajadores en abuso del Ayuntamiento de Zaragoza”, concluye la organización afectada.
