El Decreto-Ley 14/2021 del 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fruto del acuerdo entre el Gobierno español y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que "ratifica los acuerdos firmados en el 2017 y 2018, no reconoce la situación de abuso de temporalidad ni de fraude de ley, solo habla de las altas tasas de temporalidad". Así lo denuncia, en un comunicado, la Plataforma de Trabajadores y Trabajadoras Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ).
Según PTTAZ, el Decreto "plantea estabilizar plazas y no trabajadoras en fraude de ley y en abuso de temporalidad, sancionando a las y los trabajadores y no a las administraciones que llevan años abusando de los mismos, proponiendo únicamente una ridícula compensación económica a la que finalmente no accederá nadie". "Impulsa en definitiva el mayor ERE de la historia del Estado español", denuncia.
En su valoración, PTTAZ señala también que "incumple con la legislación, sentencias y autos europeos que dejan bien claro que ni los procesos de selección abiertos, que no garantizan a las víctimas de abuso estabilidad en el empleo, ni tan siquiera la falsa indemnización que dicen 'pagarán' sería válida". "Es por tanto ilegal a la vista de la legislación europea e injusto desde el punto de vista de las y los trabajadores víctimas del abuso reiterado durante muchos años", incide la Plataforma.
A juicio de PTTAZ, el Decreto "cierra la puerta a una solución" para "una parte importante de los más de 800.000 empleados públicos temporales en abuso", ya que "no están incluidos en los nuevos procesos de estabilización quienes ya tengan convocadas sus plazas en las ofertas surgidas del acuerdo del 2017 y 2018".
"Nos dejan como estábamos y sin reconocer el abuso ni el fraude de ley y por tanto sin sanción, obligándonos a continuar con la judicialización para defender nuestros derechos y generando un gasto público de grandes dimensiones que supondrá destinar recursos que deberían ir a cubrir necesidades de la ciudadanía. Y esto a pesar de que hay soluciones como la estabilización a través de plazas a extinguir que plantea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o la establecida en la actual legislación estatal, como el concurso de méritos recogido en el artículo 61 de TREBEP, artículo que curiosamente nadie nombra y que ninguno de los sindicatos firmantes de los acuerdos del 2017 y 2018 han defendido nunca como solución", añade el comunicado.
PTTAZ sostiene que "solo irán al 'proceso de falsa estabilización' las plazas de carácter estructural ocupadas de manera temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, es decir no admite la concatenación de contratos como abuso y fraude de ley y, para colmo, sería más de lo mismo, ya que se concreta el proceso en concurso-oposición de libre concurrencia, con un primer examen eliminatorio y a partir de ahí una fase de concurso del 40%, y el que no entra tiene la posibilidad de acceder a una bolsa para paradójicamente continuar siendo temporal otra vez". "Resumimos -continúa el comunicado-, lo que ya hay en este momento y que en ningún caso cumple con la legislación europea ni supone sanción de ningún tipo".
"El Decreto dice que modifica el TREBEP cuando en realidad lo que plantea ya estaba recogido: la obligatoriedad de publicar OEPs y sacar las plazas en un plazo máximo de tres años ya existe. Y eso sí, añade que si se convoca la plaza dentro de este plazo el trabajador temporal permanece en ese puesto hasta la finalización del proceso, lo que supone que pueden pasar más de tres, cuatro, cinco, seis años y al finalizar este tiempo el trabajador no percibirá ninguna indemnización ni se entenderá que está en abuso de temporalidad. Es decir, la reforma legaliza el abuso y sigue sin cumplir con Europa", denuncia PTTAZ.
Así, la Plataforma de Trabajadores y Trabajadoras Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ), que recientemente una de sus integrantes mantuvo una huelga de hambre, manifiesta que "nuestra lucha continúa", ya que "el 'icetazo' no recoge ninguna de nuestras reivindicaciones vulnerando nuestros derechos". En este sentido la PTTAZ participa junto con el despacho “Originlex” en la impugnación ante las instituciones europeas de este Decreto-Ley, e informa que el derecho de petición que presentaron el pasado 11 de mayo "sigue su curso de forma satisfactoria y a muy buen ritmo".
