El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, continúa obstinado con llevar a cabo el proyecto de construcción de una estación de esquí en el valle pirenaico de Castanesa. Para ello cuenta con el apoyo de los partidos de derecha en el Hemiciclo y, por supuesto, de Aramón (empresa público-privada de la que forma parte al 50% la DGA y al 50% Ibercaja).
Al parecer de nada sirven las numerosas voces que llegan desde partidos políticos y organizaciones que claman contra esta aberración medioambiental y que diferentes colectivos ecologistas han criticado hasta la saciedad por ser, entre otras cuestiones, insostenible. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo aragonés sigue erre que erre con realizar "pese a quien le pese" dicho proyecto.
Entre las diferentes organizaciones que difieren a este respecto se encuentra la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA). Y para ello, como ya han hecho en otras ocasiones, han lanzado una nueva campaña -entre personalidades del ámbito científico, deportivo y ambiental relacionadas con la montaña- de adhesiones a un escrito científico solicitando una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Castanesa. El lanzamiento de dicha campaña se realiza ya con algunas primeras personas firmantes entre las que figuran personalidades del máximo nivel en el ámbito estatal y aragonés.
El texto repasa la DIA de Castanesa con todas sus carencias en el momento de su aprobación (2010), fundamentalmente en aspectos como cambio climático, innivación y biodiversidad y las compara con los conocimientos actuales: OPPC, Plan estatal Adaptación Cambio Climático, NIVOPYR, IPCC, ONU, etcétera.
"Todos estos informes avalan la progresión imparable del cambio climático en el Pirineo aragonés, la reducción paulatina de la pluviometría y el ascenso constante de la cota de nieve". Estos cambios incuestionables hacen imprescindible, en opinión de las y los firmantes, la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para obras de estas características.
Por ello se dirigen al Gobierno de Aragón para solicitar que, "desestimando la antigua, realice una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación de Cerler por Castanesa basada en una nueva evaluación de impacto ambiental conforme a los parámetros climáticos científicos actuales y las previsiones de futuro y de pérdida de biodiversidad”, afirman.
La campaña va a seguir recogiendo adhesiones al texto entre personalidades del mundo científico, deportivo y ambiental relacionadas con la montaña para ser presentada públicamente con todos los apoyos en el marco del 11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas, fecha en la que caduca la actual DIA de Castanesa, solicitando al Gobierno de Aragón que la desestime y realice una nueva conforme a los conocimientos actuales.
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Denuncias contra el proyecto
Cabe recordar que el pasado día 27 de agosto, Ecologistas en Acción en representación de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, acudía al Registro General de Zaragoza para presentar una denuncia por estas obras.
Antes de llegar a la situación actual en la que las máquinas ya están destruyendo la zona, la denuncia recuerda que ya en octubre de 2019, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda reconoció el derecho a la información, a personarse en el procedimiento administrativo y el derecho a consulta previa en cada etapa de las obras de ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa.
Sin embargo, y así consta en la denuncia presentada por la organización ecologista, el pasado martes 18 de agosto de 2020 la empresa Aramón (Gobierno de Aragón e Ibercaja) introdujo maquinaria pesada en el Collado de Basibé hacia la vertiente del Valle de Castanesa retomando las obras de la ampliación de la estación de esquí de Cerler hacia el citado valle.
Las citadas obras se realizan de forma unilateral por parte de Aramón, sin dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) por el que se ha de regir la autorización y el desarrollo de las mismas.
También resulta significativo la información revelada por la PDMA, el pasado 31 de agosto, en la que se asegura que la abuela paterna de la actual alcaldesa de Montanuy, Consuelo Saura Puyol, conviviente en la misma casa, vendió en 2008 fincas familiares a Castanesa Nieve SL (filial 100% de Aramón) y por las que percibió por esta venta 1.437.541,5 euros. Esta cifra se deduce porque Aramón pagó, por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 133.251,45 euros.
Además de este pago, el contrato, según la información aportada por la plataforma, establecía una cláusula penal indemnizatoria por la que la parte compradora se compromete a entregar a la parte vendedora 700.000 euros si no le eran entregados en el plazo de cinco años, con prórroga de otros cinco, terrenos calificados como urbanos, "exentos de gastos de planeamiento de desarrollo, cesiones y gastos de urbanización" y lo más cerca posible de Casa Quintana, que sigue siendo el domicilio de la alcaldesa. Esta cláusula vencía el 24 de julio de 2018 y esos 700.000 euros han sido abonados hace algo más de dos años.
