Afirman que han realizado una serie de aportaciones al proceso participativo abierto a toda la ciudadanía por parte de la Consejería que preside Olona, pero no han tenido respuesta. Sus aportaciones versaban sobre reivindicaciones históricas del colectivo, como la consecución de la categoría de Bombero Forestal y los coeficientes reductores en la edad de jubilación que llevan acarreados.
Por su parte, CGT no renuncia a la negociación por los derechos de la plantilla a la que representa, a pesar que las negociaciones con la cúpula de SARGA “estén rotas, como demuestra la aprobación en septiembre de 2020 del Plan de Igualdad, de manera unilateral y sin contar con la aprobación de la parte social o que tras numerosas peticiones de reunión con la Dirección General De Gestión Forestal”, de la cual no han obtenido tampoco respuesta. Todo ello, “a pesar de las promesas de tender puentes entre la política y las personas que sufren las consecuencias de los brazos ejecutores de los despachos de San Pedro Nolasco”.
Denuncian que viven una sitación de precariedad, incertidumbre y falta de profesionalización del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestale (dependientes del Gobierno de Aragón), que se agrava año tras año.
Entre sus acusaciones, señalan que, por ejemplo, las cuadrillas terrestres realizan turnos de seis días de guardia de 24 horas, realizando el trabajo de prevención en horas de máximo calor, con puestos fijos de vigilancia en centros de trabajo que vulneran la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con unos tiempos mínimos de contratación, “con el servicio de Autobombas Forestales con unos porcentajes de cotización a la seguridad social lejos del 100% de contratación”.
Este es “el Operativo Low Cost que quiere el Gobierno de Aragón para sus pueblos, su patrimonio natural y rural y para proteger sus gentes y sus bienes”, concluyen.
