La plantilla de la Universidad de Zaragoza denuncia el proceso de negociación de quinquenios y sexenios del profesorado contratado

El sindicato Somos afirma que el equipo rectoral de la Universidad de Zaragoza “no tiene intención” de abonar los quinquenios y sexenios en su totalidad hasta 2026, a pesar de que el contrato-programa mencionado cubre el periodo 2022-2026. El equipo rectoral deniega las peticiones gran parte del profesorado que solicitan el reconocimiento abono de dichos complementos con efecto retroactivo desde enero de 2022.

Edificio de Interfacultades de la Universidad de Zaragoza
Edificio de Interfacultades de la Universidad de Zaragoza | Foto: Unizar

El programa electoral planteado por el actual rector, José Antonio Mayoral, proponía la modificación de los “desfasados convenios colectivos” en aras, entre otras cosas, de la “mejora económica […] del personal afectado por ellos”. También aludía al “imprescindible apoyo del Gobierno de Aragón, mediante un contrato-programa”. Dicho contrato-programa fue adelantado por la prensa y se calificó como un acuerdo histórico y de gran calado para la Universidad de Zaragoza. Al final, dicho acuerdo se materializó en el BOA de 13 de mayo de este año.

En este documento la financiación del Gobierno de Aragón a la Universidad de Zaragoza quedaba supeditada al logro de determinados objetivos. Desde el sindicato Somos inciden en uno de los objetivos que afecta de lleno a la negociación del convenio colectivo, el relativo a la “equiparación de complementos retributivos por méritos docentes e investigadores (quinquenios y sexenios) al personal docente e investigador laboral”.

Aunque no explica nada, se sobreentiende que esta equiparación es a la de quinquenios y sexenios percibidos por los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios. Los quinquenios se retribuyen por méritos docentes y los sexenios por méritos investigadores. Para percibirlos, es preciso que se reconozcan. En la actualidad, ni siquiera se permite a todo al profesorado universitario laboral su reconocimiento. Esta situación no solo causa un evidente perjuicio económico, sino que también causa perjuicios curriculares y agravios comparativos entre el profesorado de distintos territorios.

Este pago que parece que, según dicho contrato-programa llega en 2022 a la Universidad de Zaragoza ya se lleva percibiendo muchos años en otros territorios, como en las universidades catalanas, gallegas, de Castilla-La Mancha, madrileñas, de Euskal Herria, andaluzas, Universidad Estatal a Distancia, de Cantabria, de la Rioja, Universidad Pública de Navarra, o de Castilla y León.

En este contexto, el equipo rectoral denuncia el convenio colectivo actual, encontrándose inmersos en la negociación del nuevo convenio colectivo. En lo que se refiere a las retribuciones, desde el sindicato Somos se encuentran con que la Universidad de Zaragoza no tiene intención de abonar dichos complementos en su totalidad hasta 2026, a pesar de que el contrato-programa mencionado cubre el periodo 2022-2026.

Este hecho produjo una avalancha de solicitudes por parte del profesorado para que se produjera el reconocimiento y el posterior abono de dichos complementos con efecto retroactivo desde enero de 2022. Algunos profesores y profesoras recibieron respuesta, pero la Universidad optó para la mayoría por emitir una nota informativa a través del Tablón Oficial de Anuncios de la Universidad de Zaragoza. Este método de comunicación hace que muchas personas no se enteren de dicha nota y, además, no reciban respuesta particular por parte de la Universidad a una solicitud particular.

En dicha nota se informa de que se deniegan esas peticiones porque no hay acuerdo todavía en la negociación del convenio colectivo. Con esta posición, la Universidad de Zaragoza está “incumpliendo las mejoras salariales prometidas en el programa del actual Rector y, lo que es más grave, está interpretando de manera torticera el contrato-programa del acuerdo económico con el Gobierno de Aragón”, dicen desde Somos.

“Siendo esto grave, podría ser una mera anécdota si no se estuviera hablando de cantidades importantes de dinero que el profesorado va a perder por la actitud de la Universidad”, recuerdan. Desde el sindicato se realizaron unos cálculos de a cuánto ascenderían esas pérdidas. A continuación se reproducen de manera aproximada, puesto que cuando se elaboraron fueron cautelosos en los importes de las subidas anuales de salario.

El pasado día 28 de septiembre la prensa hizo pública la intención del gobierno de subir un 3,5% el salario del funcionariado. Dado que a los profesores y profesoras laborales se les aplica el mismo criterio, se ha rehecho el cálculo conforme a esa subida. De manera que se ha sustituido para 2023 la subida del 2% prevista por el 3,5%. Para 2024 y 2025, se ha mantenido la subida del 2%.

Pues bien, el cálculo de la pérdida salarial mediante el sistema de abono de estos complementos se realiza con un supuesto que puede ser perfectamente real. Un Profesor Contratado Doctor con tres quinquenios de docencia y tres sexenios de investigación deja de percibir 24.908,75 euros por el método de abono pretendido por la Universidad de Zaragoza. Si se pagaran desde enero de 2022, el montante ascendería a 39.895,8 eurps. De esta cantidad, únicamente percibirán al final 14.987,05 euros. Como puede verse, no es una minucia precisamente esta pérdida.

El Gobierno de Aragón, cómplice de la precarización del profesorado laboral

No obstante, desde los trabajadores y trabajadoras denuncian que el Gobierno de Aragón también es “cómplice” de esta precarización del profesorado laboral de la Universidad de Zaragoza. En 2001 se aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), todavía vigente con diversas modificaciones. Por primera vez se planteaba una carrera laboral paralela a la funcionarial. Se vendió como un logro ya que la carrera laboral presentaba muchas ventajas.

Una de las ventajas que ofrece la vía laboral es la negociación de las condiciones de trabajo vía convenio colectivo. Pues bien, esta ventaja afirman desde el sindicato Somos es “falsa” en dos sentidos. En primer lugar, la misma LOU obliga a los territorios a regular el régimen retributivo del profesorado universitario laboral. Así en el BOA de 19 de mayo de 2003 aparece publicado el Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la Universidad de Zaragoza. Allí no solo se regulan los aspectos retributivos sino también alguna de las condiciones laborales del profesorado contratado laboral.

Con esta argucia ya prevista en la LOU, los convenios laborales del personal docente e investigador de las universidades nacen ya viciados, puesto que la propia ley hurta a la negociación colectiva los dos apartados más importantes de todo convenio colectivo: salario y condiciones laborales. Queda poco margen de maniobra para las cuestiones centrales que debe abordar un convenio colectivo. El artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras expone cuál debe ser el contenido de un convenio colectivo: fundamentalmente materias laborales, económicas y sindicales. “La propia ley se encarga de cercenar esos derechos fundamentales de la negociación colectiva ya que esta no puede salirse del respeto a las leyes”, señala el sindicato.

En segundo lugar, los logros positivos que se consiguen en los convenios colectivos para profesorado laboral suelen aplicarse de forma automática también al profesorado funcionario. De nuevo, la supuesta ventaja de ser profesor laboral frente al funcionario se diluye.

En este sentido lo que se denuncia desde el sindicato Somos es que el mismo trato no se produce a la inversa; esto es, los beneficios económicos y de condiciones de trabajo no se aplican recíprocamente al profesorado contratado. Un ejemplo claro es el que da motivo a esta nota de prensa: la negociación de los quinquenios y sexenios del profesorado contratado.

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