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La Mesa del Congreso suspende como diputados a Junqueras, Sànchez, Rull y Turull

La Mesa de la Cámara acuerda la suspensión de los presos políticos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, después de que los letrados del Congreso hayan avalado el procedimiento. La decisión no ha sido unánime, los dos diputados de Unidas Podemos han pedido más tiempo y han expresado su desacuerdo. "Absurdo dejar elegir a alguien que no va a poder ejercer como diputado ni un segundo", algunas de las reacciones a la suspensión.
| 24 mayo, 2019 13.05
La Mesa del Congreso suspende como diputados a Junqueras, Sànchez, Rull y Turull
Oriol Junqueras, en el Congreso junto a Rufián, no podrá ser calificado de "preso político" en TV3 por orden de la Junta Electoral.

La Mesa del Congreso ha acordado la suspensión como diputados de los cuatro presos políticos catalanes que obtuvieron escaño en las elecciones del pasado 28 de abril: Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de Junts per Catalunya.

Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara que ha adoptado esta decisión, aplicada con efectos retroactivos desde el 21 de mayo, tras el informe elaborado por los letrados del Congreso a propuesta de la Mesa de la Cámara, favorable a la suspensión por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, la decisión no ha sido unánime. Batet ha explicado que los dos representantes que Unidas Podemos han pedido más tiempo para estudiar con detenimiento el dictamen de los servicios jurídicos y han expresado su «desacuerdo» con la «premura» y «falta de tiempo» para adoptar la decisión. Su petición ha caído en saco roto ante los votos de PSOE, PP y Ciudadanos a favor de la suspensión.

Además, la Mesa tiene que adoptar una serie de acuerdos relativos a su «alcance», como determinar el número de miembros de derecho que tendrá el Congreso mientras dure la suspensión, sobre todo a efectos del umbral de la mayoría absoluta.

En este sentido, Batet ha anunciado que ha solicitado un nuevo informe a los servicios jurídicos para determinar cómo se contabilizan a partir de ahora las mayorías en el Congreso. De esta forma, se convocará una nueva Mesa para adoptar en su momento los acuerdos que sean necesarios.

Batet ha puntualizado que si los cuatro diputados presos no renuncian a su acta «serán diputados suspendidos». La suspensión también implica que no podrán cobrar el sueldo de diputados, ni percibir las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos indispensables para el cumplimiento de la función parlamentaria.

«Absurdo dejar elegir a alguien que no va a poder ejercer como diputado ni un segundo»

Este jueves, antes de conocerse la suspensión de los cuatro diputados catalanes, Miguel Pasquau Liaño, magistrado Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, escribía un hilo en Twitter muy clarificador. En su hilo, este jurista recalcaba que «no estamos hablando de un asunto judicial. Estamos hablando del Parlamento».

Así, Pasquau afirmaba que es «absurdo dejar elegir a alguien que no va a poder ejercer como diputado ni un segundo. Esto ya debería dar que pensar, y sirve como criterio interpretativo» y añadía: «No estaban en causa de inelegibilidad, porque sin sentencia no se puede privar a nadie el derecho a “ser votado».

«¿Qué dicen las leyes? En realidad, nada. No regulan, en ninguna norma el caso de un diputado YA PROCESADO, que es elegido. Tanto el 384 bis LEcrim como el 21 Reglamento Congreso regulan el caso del procesamiento de alguien que ya es diputado», continuaba.

De este modo, manifestaba que «para procesar a un diputado de las Cortes (no de los parlamentos autonómicos), hace falta un suplicatorio. ¿Por qué? Porque las Cortes (el soberano, el pueblo) pueden decirle al Tribunal Supremo: no quiero que lo procese mientras sea diputado, aunque usted aprecie indicios de criminalidad».

Pasquau sostiene que «por eso no sería en absoluto descabellado concluir que cuando la elección como diputado es posterior al suplicatorio, no es posible de ninguna manera la suspensión, pues ésta sólo cabe cuando su causa sea sobrevenida a la elección», para subrayar que «esta sería la interpretación más respetuosa con el sufragio: lo que ha decidido el pueblo sobre quién ha de representarle va a misa, y vale más que una resolución del TS. La suspensión tiene sentido por causas sobrevenidas (no contempladas antes por los electores)».

Por último, remarcaba que «el problema es que esto pone en un brete al Grupo Socialista, quien preferiría, en este asunto, “cumplir órdenes”, a ser él quien incline la balanza», como finalmente ha sido.

Reacciones ante la suspensión

Los diputados de JxCat Laura Borràs y Jaume Alonso Cuevillas han denunciado en rueda de prensa un «golpe al Estado de derecho» por parte de la Mesa y han anunciado que presentarán un escrito para que la Mesa reconsidere la suspensión de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Oriol Junqueras.

Ernest Maragall, de ERC, ha tildado la decisión de «miserable e injusta». En este sentido, ha dicho que se trata de una «agresión antidemocrática que viene de la cámara legislativa, supuesta sede de los derechos que hoy niegan».

Mertxe Aizpurua (EH Bildu) ha denunciado que es «inaceptable quitar el apoyo que los catalanes han otorgado a los presos políticos y silenciar así los votos de un millón de personas». Así, ha llamado a «votar masivamente» este domingo para mostrar las «ansias de libertad de los dos pueblos».

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha cuestionado el informe de los letrados del Congreso, al entender que esta decisión «no va en la buena dirección», puesto que para suspender a los políticos presos solo se ha tenido en cuenta la “única interpretación jurídica» de los letrados.

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha criticado este viernes la decisión de la Mesa del Congreso de suspender a los diputados encarcelados: «Es incomprensible que los presos políticos, votados democráticamente como diputados, sean suspendidos». «Es un nuevo capítulo de la judicialización de un conflicto político», ha aseverado.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha manifestado: «La injerencia del poder judicial sobre el poder político es un hecho de extraordinaria gravedad. Los justicieros como Marchena, Lesmes, Llarena y compañía socavan la democracia con sus acciones, que presentadas como técnicas apenas disfrazan su nacionalismo más ultra».

Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha manifestado su discrepancia con la decisión y cree que esa cuestión la debió resolver el Tribunal Supremo y no el Parlamento. En este sentido, Montero defiende que todos los diputados han sido elegidos por los ciudadanos y deben poder ejercer sus responsabilidades.

Por su parte, José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, ha asegurado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho «el ridículo» al «dilatar» tres días la decisión, lo que achaca a intereses electorales. «Empieza muy mal», ha dicho.

Asimismo, Ana Pastor, del PP, ha afirmado que «se han perdido 48 horas» porque ya desde el miércoles los populares venían abogando por la suspensión automática. Pastor, ha tildado además de «pequeña broma» que la propia presidenta del Congreso transmita la versión de que no ha habido votación, pues sí que la ha habido.

24 mayo, 2019

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