Dos semanas después de que la República de Irlanda diera el Sí para eliminar la Octava Enmienda que prohibía el aborto en cualquier caso, la Corte Suprema en Londres ha trasladado su respuesta a la Comisión de Derechos Humanos del norte de Irlanda sobre si la ley del aborto de esta zona del Ulster contravenía el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según ha comunicado la institución judicial, no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la legalidad de la prohibición casi total del aborto en esta zona puesto que no había una víctima real o potencial de un acto ilegal involucrada en el caso. Sin embargo, la mayoría de sus juezas y jueces añadieron que esta ley era “incompatible” con el derecho al respeto de la vida privada y familiar de la Convención Europea Derechos Humanos.
Cuatro de los y las siete magistradas, Lady Hale, Lord Mance, Lord Kerr y Lord Wilson, aseguran que la norma europea es incompatible con prohibir el aborto en casos de violación e incesto y anormalidades fetales fatales. Por su parte, Lady Black, aseguró que era incompatible solo en casos de anomalías fetales fatales.
El caso está desestimado debido a un tecnicismo pero esta resolución aumenta la presión para el cambio de la norma de esta zona del norte de Irlanda. Y es que, a diferencia de Inglaterra, Escocia o Gales donde el aborto es legal desde 1967, en estos condados del Ulster es ilegal excepto en caso de que peligre la vida de la madre o haya riesgos de daños graves para su salud mental o física. En cualquier otro supuesto, las mujeres pueden ser condenadas a cadena perpetua.
Según ha asegurado la primera ministra del Gobierno de Londres, Theresa May, cuya mayoría parlamentaria depende del partido unionista ultraconservador y contrario al aborto del DUP, el cambio de esta ley depende de las instituciones norirlandesas.
Sin embargo, éstas se encuentran paralizadas desde principios de 2017 por la falta de acuerdo entre los partidos unionistas y los republicanos para formar el gobierno. La Alta Corte de Belfast había estimado en diciembre de 2015 que la legislación actual viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero su decisión fue anulada en apelación. La Comisión de Derechos Humanos recurrió este segundo veredicto ante la Corte, que ya ha dado carpetazo al asunto.
