En 2016 el movimiento feminista se levantó para apoyar a una joven que denunciaba haber sido violada por cinco hombres durante una noche de San Fermines. Seis años más tarde, el consentimiento será recogido en el Código Penal. El Congreso español ha aprobado definitivamente la llamada ley del solo sí es sí, con 205 votos a favor y los 141 votos en contra del PP y Vox, así como las tres abstenciones (dos de la CUP y una de PRC).
En cuanto el Boletín Oficial del Estado la publique entrará en vigor, algo que ocurrirá en las próximas semanas. A partir de entonces, el consentimiento, al menos en lo que judicialmente respecta, será el eje en las relaciones sexuales.
La diputada de la CUP, Mireia Vehí, explicaba en el parlamento las dos razones de la abstención. Para la formación, el primer problema de esta nueva norma es que esta ley solo modifica el Código Penal. La ley, que no sale del paradigma actual, transfiere a las mujeres toda la responsabilidad de hacer frente a la violencia sexual sin garantizarles que en ese proceso vayan a encontrarse con un proceso justo. En este sentido, Vehí aseguraba que “podemos denunciar hasta los piropos, pero los jueces españoles no se caracterizan por ser feministas”.
La segunda razón entra dentro del debate del trabajo sexual. La diputada explicaba la problematización de que la publicidad sobre prostitución se convierta en ilícita: “Hay mujeres que ejercen la prostitución y por tanto el feminismo debe luchar por sus derechos. Si se persigue la publicidad se las lleva a buscar vías alternativas donde son más vulnerables”.
La clave de esta ley se encuentra en que a partir de ahora, la norma jurídica se acercará más a la realidad de los delitos de violación y es que, para que se perpetre esta agresión sexual no tiene por qué existir violencia o intimidación.
“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, dice el texto de la norma.
Incorpora no solo una serie de medidas en distintos ámbitos para garantizar el derecho de las mujeres “a su libertad sexual”, sino también “la reparación de las víctimas” y el reconocimiento, por primera vez, de las víctimas de violencia sexual, de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual como víctimas de violencia machista.
También se legisla sobre la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados que a partir de ahora entran en ese concepto de violencia. Ha incluido agravantes como la sumisión química en una agresión sexual, que hasta ahora se considera abuso; y los asesinatos por violencia sexual serán contabilizados como violencia machista, para lo que se está terminando de perfilar una estadística específica que previsiblemente será publicada oficialmente durante el mes de septiembre; e incluye también la violencia digital.
Este sí a la ley llega 14 meses después de trámites legislativos y con la oposición del Consejo General del Poder Judicial que, aunque más tarde levantaría, se posición en contra de la definición que se aportaba del consentimiento.
El 26 de mayo llegó al Congreso pro primera vez que tras ser aprobada pasó al Senado el 19 de julio. Pese a que se pensaba que saldría aprobada, la maniobra parlamentaria del PP y Junts per Catalunya la retrasó. Estas dos formaciones presentaron una enmienda, cuyo texto ya se incluía en la norma. La norma salió adelante pero obligó a enviar el proyecto de nuevo al Congreso para que diera su aprobación final.
6,5% de las mujeres han sufrido violencia sexual
En 2020, el Ministerio de Igualdad publicaba los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el informa más ambicioso acerca de este tema del Estado español. En él, 1 de cada 2 mujeres aseguró haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, un 57,3%, lo que suponen 11.688.411 mujeres de 16 o más años.
Del total de mujeres de 16 o más años, el 6,5% (1.322.052 mujeres) aseguraban haber sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relación de pareja.
Por su parte, este 2022 el Instituto Aragonés de la Juventud publicaba el resumen del trabajo realizado en 2021 de la Asesoría de Violencia Sexual. En él apuntaban haber atendido a 249 mujeres que habían sufrido violencia sexual. El perfil de las personas que precisaba este servicio es el de una chica menor de edad, de Zaragoza, y que había sufrido abusos sexuales.
