La Junta Electoral prohibe la concentración en defensa de la Sanidad Pública en Uesca

Aunque la convocatoria se celebró en más de 30 ciudades del Estado español, solo Uesca fue prohibida la concentración. Por su parte, más de 350 personas denunciaron en Zaragoza que las listas de espera solo son "la punta del iceberg", sin ninguna intervención de la Junta Electoral.

Defensa sanitario
Manifestación por la Sanidad Pública en 2019. Foto: Pablo Ibáñez.

Las listas de espera matan, este es el lema que sacudió las calles del Estado español el 25 de abril. En Aragón a las cifras de pacientes que no todavía no han recibido la atención médica necesaria, se le suman los hospitales que todavía no han sido construidos o reformados y el cada vez más escaso personal médico. La ligerísima mejora en las cifras de las listas de espera, de 19.818 en 2017 a 19.391 personas en 2018, se debe a que cerca del 4% y el 5% de las intervenciones, respectivamente, se han derivado a la sanidad privada. Aunque la convocatoria se celebró en más de 30 ciudades del Estado español, solo Uesca fue prohibida la concentración por la Junta Electoral Provincial.

Según ha trasladado CNT Huesca, el argumento expresado ha sido que "dicho acto podía ser perjudicial para algunas formaciones políticas, dada la proximidad de las elecciones". CNT y CGT Huesca, organizadoras de la concentración, junto con otros colectivos como la asamblea del 8M de la localidad han denunciado la actuación de la junta.

Más de 10.000 personas salieron a las calles Teruel el pasado febrero para denunciar la marginación sanitaria que sufre el sur de Aragón, una marcha histórica llegó cuando las carencias sanitarias en el hospital obligaron a cerrar dos consultas de especialistas.

En el último informe tampoco están incluidas en los datos todas esas personas que están pendientes de ser incorporadas a las listas de espera oficiales, y añaden desde CNT y CGT Uesca, “tampoco se especifica que en algunas especialidades quirúrgicas y consultas como obesidad mórbida, traumatología, urología, consultas de cardiología, revisiones de endocrinología, oftalmología la espera llegar a ser de años”.

Por su parte, en Zaragoza la movilización transcurrió con normalidad y sin injerencias de la Junta Electoral, más de 350 personas marcharon para denunciar que las listas de espera matan pero que eso solo es "la punta del iceberg", detrás de ellas se encuentra el deterioro estructural de la sanidad pública y el trasvase de fondos “a manos privadas”.

Sanidad Pública

Asímismo, algunas organizaciones convocantes denuncian que “se llevan a cabo medidas perversas para presionar a los pacientes y favorecer las derivaciones. se han detectado algunos casos de pacientes que, mediante el centro de llamadas, al negarse a ser operado en la privada se les ha sacado de la lista por renuncia voluntaria”. En otras palabras, el número de pacientes que no están siendo asumidos por el SALUD aumenta.

En los hospitales, lo recortes sufridos durante estos años son patentes, en el H. Clínico la suspensión de actividad vespertina supuso retrasar 100 intervenciones semanales, recuerdan desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón. “En lugar de fomentar las plazas fijas y las platillas estables, reina la temporalidad laboral y los contratos eventuales. Faltan recursos materiales, faltan profesionales y sobra sufrimiento físico y psicológico. La media de enfermeros/as por cada 1.000 habitantes es 5,3 y abundan las denuncias por falta de especialistas”, sobre todo en las zonas rurales y en hospitales como los de Teruel, Alcanyiz, Chaca o Balbastro.

En atención primaria, la espera llega a ser de una semana y la saturación de jornadas de trabajo no permite ofrecer una atención de calidad al paciente. Esta situación se agrava en las zonas rurales, en las cuales pasan momentos de penuria extrema con escasez de medios y personal.

Junto a todos estos recortes, no hay que olvidarse de sigue vigente el copago que penaliza la pobreza y que afecta en mayor medida a las personas con enfermedades crónicas, las pluripatológicas, las pensionistas o las que se encuentran en situación administrativa irregular. “Se ha demostrado que la mayor parte de estos pacientes renuncian a los tratamientos prescritos por no poder asumir su coste”, denuncian desde la plataforma.

Por no hablar de los determinantes de la salud ya sea económicas, laborales, sociales y medioambientales, “las más de 40 muertes de trabajadores a causa del amianto en Aragón o las 93.000 muertes anuales por contaminación en el Estado español son un claro ejemplo”, señalan.

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