Una jueza militar israelí condena a Juana Ruiz a trece meses de cárcel y a pagar una multa

La trabajadora humanitaria fue detenida el pasado mes de abril en el territorio ocupado de Palestina, desde entonces ha permanecido encarcelada. El acuerdo de la Fiscalía ha permitido reducir los cargos de cinco a dos.

persecución Juana
Imagen de la campaña por la libertad de Juana Ruiz Sánchez (Juani Rishmawi).

El tribunal militar israelí ha condenado a la cooperante española Juana Ruiz a 13 meses de prisión y a una multa de 50.000 shékels (14.000 euros). Así lo ha decidido en virtud del acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía.

En la vista ha estado presente Ruiz que fue detenida el pasado mes de abril en el territorio ocupado de Palestina. Junto con los sietes meses que ya lleva en la cárcel la trabajadora humanitaria tendrá que cumplir otros seis meses y pagar la mitad de la multa para poder salir de prisión.

Juana Ruiz, de 63 años, reside en los territorios palestinos ocupados desde los años 80 y el Gobierno israelí le ha aplicado la ley militar como ocurre con la población palestina afincada en Cisjordania.

Según ha avanzado Naiz, el acuerdo redujo los cargos en su contra de cinco a dos. “Prestar servicios a una organización ilegal” y “recibir dinero e introducirlo ilegalmente” en Cisjordania, por su trabajo como recaudadora de fondos en la ONG palestina para la que trabajaba, que el Gobierno israelí considera ilegal.

Su hija María ha valorado este acuerdo como una “fecha final para una pesadilla” y ha adelantado que va a pedir la reducción de la pena para que pueda salir lo antes posible de prisión.

La jueza militar ha aclarado durante la vista, tal y como pedía la defensa, que este caso no está vinculado a las cinco ONG que el Gobierno israelí considera terroristas ni tenía conocimiento de que se “desviaran” los fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) como sostenía el ejecutivo en la presentación del acuerdo.

“Cómo es posible que se mienta en público de algo que ha salido de la Corte, que no era así, y difamar la reputación de alguien y además intentar justificar la criminalización de derechos humanos”, lamentaba María.

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