Desde que fue extraída de su casa en la madrugada del 13 de abril por 20 soldados israelíes, Juana Ruiz Sánchez ha estado encerrada en una cárcel sin saber por qué. La fiscalía militar israelí presentó ayer finalmente sus cargos contra la cooperante española, trabajadora de la Unión de Comités de Acción de Salud (UHWC en sus siglas en inglés), a la que acusa de estar involucrada en la financiación del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) con la desviación de fondos de cooperación europeos.
Antes de su detención, las autoridades israelíes apresaron a Taisir Abu Sharbak, contable de la ONG donde trabaja Juana, Saeed Abdat, excontable de la organización, y Amro Hamuda, exgerente. Los servicios de inteligencia israelíes afirman haber descubierto, junto con el Ejército y la policía israelí, una “red de financiamiento de la red terrorista FPLP” que, dicen, “usa fondos de instituciones públicas europeas que financian las actividades terroristas militares del FPLP en Cisjordania”.
Sin embargo, estas afirmaciones, son “increíbles” para la familia de Juana.
“Su pertenencia a una organización que sirve para desviar fondos al FPLP, desde el punto de vista de quien conoce cómo funcionan las ONG palestinas que colaboran con instituciones europeas, es inverosímil”, afirma Teresa Aranguren, portavoz de la familia de Juana.
“Si algo tienen las organizaciones europeas, incluidas las españolas, es que son obsesivas en la justificación de cada proyecto, de cada céntimo”, continúa la portavoz.
La noticia de semejante acusación ha hecho que más de 80 organizaciones de cooperación y apoyo a Palestina hayan emitido un comunicado con el que denuncian “un ataque brutal de Israel a la solidaridad”. Son organizaciones que han trabajado casi 30 años con la UHWC y que niegan tajantemente que el dinero de la cooperación española se desvíe para otra fin que no sea realizar proyectos sanitarios y humanitarios en Palestina.
Explican que, además, “cada modificación de un presupuesto debe ser inmediatamente comunicado y aprobado por la institución y todas las facturas que se presentan son originales”. De otro modo, afirman, “se puede perder la ayuda y tener que devolver el dinero, algo que nunca ha ocurrido en ninguno de los proyectos gestionados por la UHWC gracias a que contamos con Juana Ruiz Sánchez, la persona que ha hecho posible que podamos llevar nuestra solidaridad y el apoyo de nuestro pueblo a Palestina con el máximo de rigor y profesionalidad”.
La defensa de Juana comparecerá este lunes
En este punto, Aranguren hace hincapié en que exista la evidencia de que las autoridades israelíes quieren “criminalizar la cooperación internacional con Palestina”, a quienes les interesa la táctica de “socavar los vínculos palestinos con Europa, el tejido social y cultura palestino que les fortalece en su resistencia frente a una ocupación”.
De los compañeros de Juana detenidos no se sabe nada por el momento. La portavoz de la familia señala que llevan más tiempo detenidos y que su situación es peor. Tanto Juana como ellos viven, eso sí, en la misma incertidumbre. La familia de la española ha hecho público que, de lo poco que conocen sobre la situación de Juana, los carceleros tardaron en darle comida durante el primer y, quizás, el segundo día de detención y que la presión psicológica a la que está expuesta es alta.
El marido de Juana, un palestino de Belén, ha acudido a la corte militar israelí en cada vista, pero en ninguna se le ha permitido verla. Tampoco pudieron hacerle llegar sus enseres personales hasta pasada una semana. Todos estos malos tratos, que violan acuerdos internacionales, fueron trasladados a las autoridades españolas y europeas. La familia y las organizaciones que apoyan la campaña por la liberación de Juana apuntan al peligro que puede suponer que Israel esté amenazando indirectamente a la cooperación internacional.
“Pedimos a la Unión Europea que intervenga con contundencia, que no se quede solo en comunicados de lamentos,- dice Aranguren.- Hemos solicitado una entrevista a la ministra española de Asuntos Exteriores para conocer las medidas que piensa poner en marcha para exigir la inmediata liberación de nuestra compañera Juana Ruiz Sánchez y de sus compañeros de la UHWC detenidos”.
El próximo lunes 10 de mayo, tendrá lugar otra vista con el juez en la que la abogada israelí de Juana, la conocida Gaby Lasky, presentará su defensa. Lasky es, además, activista de derechos humanos y feminista y ha defendido casos de tortura, encarcelamiento ilegal y brutalidad policial en Israel, Gaza y Cisjordania.
¿Están las autoridades israelíes fabricando acusaciones?
El Ejército israelí acusa a Juana de una vinculación con el FPLP, un partido político palestino al que Israel considera, como el resto de facciones a excepción de Fatah, “terrorista”. La Unión Europea también mantiene a la facción palestina en su lista de terroristas. Una lista creada por Estados Unidos que asumió por seguidismo tanto la Unión como varios países. El FPLP forma parte de la Organización para la Liberación de Palestina, un organismo que, desde que se firmaron los Acuerdos de Oslo en 1993, está reconocido internacionalmente como “legítimo representante del pueblo palestino”.
Entre las acusaciones está, según Israel, que los fondos de cooperación “fueron transferidos para pagar a familias de mártires del FPLP, salarios de militantes, captación de nuevos militantes, actividades terroristas o promover actividades del partido en Jerusalén” entre las que se encuentra expandir “propaganda de actividades ideológicas”.
Arainfo ha podido constatar que el FPLP no paga a familias de mártires, esto es, de combatientes de su brazo militar caídos en enfrentamiento con soldados israelíes, tampoco paga por actividades de captación, siendo su presupuesto escaso sino nulo. “Si quieres empobrecerte, milita en el FPLP”, es una frase que resume lo que dicen varios ex militantes del FPLP.
En 1985, dos médicos, que a su vez militaban en el FPLP, fundaron la UHWC. Se creó como una sociedad civil independiente, sin fines de lucro, cuyo objetivo sigue siendo lograr el empoderamiento de la salud y promover un concepto de salud integral a través de programas de atención primaria de salud, atención secundaria y terciaria de salud y la promoción de mujeres y niños. Algunos de los proyectos en los trabaja Juani, con financiación europea, incluye proyectos para el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, apoyo a la salud materno-infantil o talleres para personas con necesidades especiales.
Israel, en sus inicios, quiso destruir la organización porque consideraba un peligro la existencia de una red que diera sostenibilidad a servicios de salud independientes. Uno de los fundadores, Mustafa Alakaui fue asesinado bajo interrogatorio por los servicios de inteligencia israelíes. El otro, Ahmad Almaslamani, fue detenido en varios ocasiones pero sobrevivió a las torturas. Sus nombres están en las placas de muchas clínicas que la UHWC tiene en los territorios palestinos ocupados.
Israel conoce la UHWC desde que dio sus primeros pasos. Lo que sorprende es que sea ahora cuando se han producido estas detenciones, al igual que sorprende que se tarden tres semanas en presentar cargos. Estos son motivos de sospecha para pensar que la detención de Juani y sus colegas forme parte de una estrategia israelí que en años recientes está intentando destruir la reputación de organizaciones u organismos de Naciones Unidas como UNRWA para así cortar el grifo de su financiación y hundir la situación de la población palestina en la desesperación y la miseria.
A esto se une, además, que en estos momentos la Corte Penal Internacional (La Haya) esté llevando a cabo investigaciones por crímenes de guerra israelíes. Ayer, un grupo de más de 180 personas israelíes, entre las que se encuentran periodistas, médicas, científicas, filósofas o premios Nobel publicaron la carta que han hecho llegar a La Haya para manifestar su desconfianza hacia su gobierno. Dicen que desconfían de que vaya a colaborar con la Corte para investigar dichos crímenes y piden a la fiscal general que se apoye en información de ONG de derechos humanos israelíes.
“A pesar de la imagen de Israel como un Estado que mantiene un sistema legal adecuado y profesional, la realidad pinta una imagen diferente: dura, discriminatoria e indignante. La ley impuesta a los Territorios Ocupados y la forma en que la aplican los organismos israelíes de seguridad y aplicación de la ley permiten de manera efectiva actos de injusticia moral en curso y crímenes de guerra prima facie”, dice una parte de la carta.
