Cuando a mitad de marzo se visibilizó la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19) miles de familias en el Estado español ya sufrían otra crisis, la de los desahucios que fundamentalmente por impago o finalización de contratos de alquiler se producen diariamente.
Desde Stop Desahucios Zaragoza recuerdan que en 2019 hubo 54.006 en todo el Estado español en 2019 de los que un 68% lo fueron por impago de alquiler. Para estas familias, como explican desde esta plataforma, la crisis del coronavirus y sus consecuencias, suponen “una vuelta de tuerca más a la insoportable situación que venían viviendo”.
Hablan de familias que sobreviven en la economía sumergida, de trabajos muy precarios y prestaciones sociales para las que esta nueva crisis supone un duro golpe. “Y también de aquellas que aún teniendo un empleo a tiempo completo no pueden pagar los abusivos alquileres o que ven como termina su contrato y no les renuevan. La crisis habitacional, así como las enormes bolsas de pobreza -engordadas profusamente desde el 2007/2008-: ¡Ya existían!”, apuntan.
Ahora, advierten que con el efecto de las medidas contra el contagio del Covid-19, así como con una economía que ya daba muestras de agotamiento con anterioridad, la situación puede convertirse en insostenible en los próximos meses. “El despido de miles de trabajadores, la aplicación de ERTEs masivos, y el cierre de empresas está provocando que los ingresos de las familias se estén reduciendo considerablemente. A nadie se le escapa, que se ampliará de manera muy importante el número de familias que no podrán hacer frente a las rentas de alquiler o recibos de la hipoteca”, advierten desde Stop Desahucios.
El contenido del Real Decreto sobre desahucios
Las medidas tomadas por el Gobierno recogidas en Real Decreto-ley 11/2020 -de 31 de marzo-, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, no contemplan una solución para los sectores más vulnerables, a los que ahora se sumaran miles de familias que no encontrarán soluciones definitivas. Como ya explicó la PAH, la moratoria de pago de hipoteca aprobada por el Gobierno consiste en una suspensión temporal con criterios muy restrictivos. Las medidas frente al alquiler, así mismo, suponen “un endeudamiento de las familias y de nuevo con criterios restrictivos que dejan atrás y sin respuesta a la nueva situación a las familias que ya se encuentran en riesgo de exclusión o directamente excluidas del sistema antes de esta crisis. Cuando la crisis pase se encontrarán en la misma situación, con una nueva deuda que afrontar y con los mismos precios abusivos de alquiler”, aclaran.
Una moratoria real y una renta básica
El subsidio de 440€ anunciado por el Gobierno para personas despedidas con contratos temporales sin derecho a prestación, “de ninguna manera garantiza la cobertura de las necesidades básicas”, advierten desde Stop Desahucios que añaden que, “en situación aún más precaria quedarán todas las familias sin ingresos así como aquellas cuya economía proviene de la economía sumergida -como en el caso de muchas empleadas de hogar-”. Asimismo, entienden que la solución urgente pasa por la aplicación de una Renta Básica que garantice a las familias ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades esenciales, porque “si no cobramos o cobramos miserias no podemos pagar”.
Si bien desde que comenzó el estado de alarma no se ha realizado ningún lanzamiento, esto ha sido, para la plataforma, “fruto de la paralización de la actividad judicial, no de la existencia de una moratoria efectiva”. De hecho una vez concluido el efecto del estado de alarma muchos de los procedimientos pendientes que no podrán acogerse a los criterios restrictivos de "causas sobrevenidas" se volverán a activar.
La medida aprobada por el Gobierno el martes 31 de marzo suspende los desahucios sin solución habitacional durante 6 meses, pero no "paraliza" los desahucios, los pospone. La medida, dirigida exclusivamente a las situaciones "sobrevenidas" derivadas de la crisis del coronavirus, deja fuera los desahucios que ya estaban señalados antes de esta (y que se activarán cuando se levante el estado de alarma). Desde Stop Desahucios consideran que la nueva situación que vamos a enfrentar “hace más necesario que nunca la toma de las medidas que venimos demandando durante todos estos años: como el control de los precios del alquiler y la paralización de los todos los desahucios sin alternativa habitacional, más allá de los producidos como consecuencia del estado de alarma”.
Por ello, piden rigurosidad al Gobierno en sus anuncios y le exigen una moratoria efectiva de los desahucios dando tiempo a articularse soluciones (normativas y materiales) para cumplir con el derecho a la vivienda y terminar con los desalojos forzosos (judiciales) por motivos económicos comprobados.
Expropiar los pisos en manos del sector financiero
Hoy más que nunca se ve la necesidad de un parque público de vivienda social que garantice una salida habitacional a las familias y racionalice el mercado del alquiler. Cuando se anuncia que no habrá desahucios sin "alternativa habitacional", desde Stop Desahucios se preguntan: “¿De dónde salen los pisos para garantizarlo?”
Existen distintas formas para hacerlo, desde la promoción de vivienda a programas de captación. Pero a corto plazo la forma más efectiva es expropiar los pisos en manos del sector financiero (entidades financieras y fondos buitre) que tienen como único fin la especulación con los mismos, para poner a disposición de la población aquellos que se encuentran vacíos, por ejemplo las viviendas que están en manos de la SAREB. Desde esta plataforma exigen que sean transferidas a las administraciones públicas.
El pago sólo de los intereses de la deuda pública, que se triplicó tras transferir decenas de miles de millones de euros de dinero estatal hacia la banca en la crisis del 2007/2008 (y que no se ha devuelto) suponen 31.400 millones al año, 86 millones de euros al día. Si les sumamos los 100.000 millones de euros comprometidos en avales por el estado para hacer frente a la crisis desatada por el Covid-19, “bien valdrían una corresponsabilidad de las entidades financieras en la resolución de la crisis”, apuntan desde Stop Desahucios.
El Banco de Santander anunció en 2019 unos beneficios netos de 6.500 millones de euros, 3.512 millones de euros el BBVA y 1.705 Caixabank. “¿De nuevo saldrán beneficiadas las entidades financieras de la crisis y la deuda será trasladada a las familias a través del estado? Creemos que ha llegado el momento de actuar en consecuencia con la situación de emergencia y con el sacrificio realizado por la población española desde la anterior crisis”, señalan desde la plataforma.
La situación económica y la acumulación de desigualdad social de la última década, sumada a los efectos del Covid-19 y una más que posible recesión, nos dirige hacia una crisis que puede resultar “más sangrante para la mayoría social que la del 2008”, anuncian desde Stop Desahucios que concluyen su comunicado haciendo un llamamiento a la población a la organización y a una futura movilización para defender los derechos más elementales.
