La acción "Por una nueva normalidad sin desahucios", que se ha realizado este jueves, a las 12.00 horas, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, dentro de una jornada estatal, "no pretendía ser masiva", afirmaba Plan de Choque Social de Aragón, pero "sí una llamada de atención ante la epidemia que está apunto de reactivarse: la de los desahucios". Vestidas de negro y portando mascarilla, decenas de personas han secundado la protesta en la que han recordado que solo en 2019 se registraron 1.234 desahucios en Aragón y 54.000 en el Estado español.
La avalancha de desahucios tras el #COVIDー19 se perfila como la próxima #pandemia. Sólo en 2019 hubo más de 1.234 desahucios en #Aragón, casi 900 en la ciudad de #Zaragoza ⚠️ #desahuciosNuncaMas 📣 @periodicoaragon @heraldoes @arainfonoticias pic.twitter.com/VOXmx5LeYf
— @PlandeChoqueAragon (@PlandeChoqueSo1) June 4, 2020
Stop Desahucios, Sindicato de Inquilinas, Movimiento Nadie Sin Hogar y la PAH, son algunos de los colectivos que han participado en la acción de Zaragoza. Desde la PAH y Stop Desahucios critican, precisamente, que muchas de las familias vulnerables, así como "la inmensa mayoría" de las organizadas en sus plataformas, "han sido excluidas de la protección de las normas decretadas por el gobierno durante el estado de alarma". Por eso, creen que "las consecuencias de la activación de los juzgados sin una moratoria real y efectiva de desahucios puede reactivar la peligrosa epidemia de los desahucios".
Asismismo, la PAH denuncia que su compañera Rosa es una de las afectadas por la reactivación de los desahucios y tiene orden de lanzamiento el 24 de julio con IberCaja y el fondo buitre Intrum. Por ello, reclaman de forma urgente la paralización de todos los procedimientos de desalojo, "tanto el de Rosa como el de todas las familias vulnerables en su misma situación". "Necesitamos una moratoria real y efectiva para frenar la curva de los desahucios", subrayan.
En un comunicado conjunto, las organizaciones aragonesas recuerdan que a mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma en el Estado español para enfrentar la grave crisis sanitaria del COVID-19, el Gobierno español, bajo el mensaje "frenar la curva de los contagios", declaró que se pararían los desahucios de familias vulnerables para poder "quedarnos en casa". Las organizaciones sociales denunciaron entonces que las medidas de vivienda eran claramente insuficientes, que "no se habían parado realmente todos los desahucios y que los realojos indignos nos obligaban a preguntarle a los poderes públicos ¿En qué casa me quedo?".
Acción para denunciar el inicio de la actividad judicial sin moratoria de desahucios https://t.co/C8a0fsRPoJ#Desahucios #StopDesahucios #PAH #ViviendaPorDerecho #PlanDeChoque #StopCurvaDesahucios #Zaragoza #ZGZ #Aragón #España
— StopDesahuciosZGZ (@DesahuciadxsZGZ) June 4, 2020
Ahora, denuncian que "lo que el Gobierno español vendió como una 'moratoria de los desahucios' de 6 meses", sólo afecta a algunos desahucios de alquiler en los cuáles se acredite en los juzgados vulnerabilidad producida por el COVID-19, según la reducida definición del Real Decreto Ley 11/2020. El resto de desahucios, "que no estaban parados por una supuesta moratoria sino por la suspensión de los plazos procesales, pueden reanudarse a partir de este jueves, 4 de junio, gracias a una modificación legal aprobada por el Consejo de Ministros a finales de mayo, contenida en el artículo 8 del RDL 537/2020 de prórroga del estado de alarma", advierten.
Esto significa que "todos los desahucios de alquiler que no entren en la reducida definición de vulnerabilidad del Real Decreto, junto a los hipotecarios o de personas que ocupan viviendas, pueden volver a nuestros barrios, pueblos y ciudades desde este jueves". Además, continúa el comunicado, "se ha habilitado parcialmente como mes hábil del 11 al 31 de agosto, cuando antes era sólo para actuaciones urgentes y el único mes del año que no salían de los juzgados comitivas judiciales y policía con el objetivo de desahuciar a familias". Esto, a juicio de las organizaciones convocantes de la acción del jueves, supone "una vulneración de los derechos fundamentales que ha sido denunciada durante los últimos 11 años por los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda ante todo el mundo".
Cuando se declaró la pandemia, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre vivienda adecuada, Leilani Farha, declaró que "la vivienda, es la primera línea de defensa frente al brote de COVID-19". En este sentido, consideran "un acierto" las palabras de Farha y "un escándalo" que "para contentar los intereses de los de siempre (bancos, fondos buitres y especuladores), con 27.127 personas fallecidas y en plena pandemia mundial, se permita ahora la reanudación de los desahucios". Así, advierten que "el coronavirus no será superado hasta que exista una vacuna, y por tanto hay riesgo de rebrotes o necesidad de posibles nuevos confinamientos", por lo que "se está poniendo claramente en riesgo, no sólo el derecho a la vivienda de las familias, sino el derecho a la salud de toda la población".
"Por una Justicia que garantice el derecho a una vivienda digna"
Las organizaciones sociales llevan muchos años luchando contra los desahucios, con el apoyo y la solidaridad del 99% de la población. La crisis sanitaria ha demostrado que, como vienen gritando desde el primer día, "si se quiere se pueden suspender los desahucios". Por lo que ahora "no vamos a permitir de ninguna de las maneras que vuelva 'la curva de la vergüenza', la de los desahucios", afirman. Por este motivo, se ha convocado este jueves a la ciudadanía en los juzgados de las capitales de todos los territorios del Estado, "para dejar bien claro que no queremos más desahucios, que no permitiremos que vuelva esta barbarie y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra manos para pararlos".
Para ello, además de convocar en los juzgados, han publicado varios documentos "útiles jurídicos" para que las personas con amenaza de desahucio puedan recurrir "este flagrante atropello de los derechos humanos". El primero, para solicitar la moratoria de 6 meses en desahucios de alquiler y vulnerabilidad por el COVID-19, y el segundo, para parar "cualquier tipo de desahucio sin alternativa habitacional".
Por otra parte, diferentes movimientos sociales y plataformas del Plan de Choque han presentado aportaciones a los partidos políticos para que, en el trámite parlamentario como Proyecto de Ley del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se modifiquen los artículos que implican endeudamiento para las familias, se extienda la protección de las medidas a las familias vulnerables y sin hogar y se amplíe su protección con la paralización de los desahucios. En estas circunstancias, "más que nunca", la sociedad civil exige avanzar en el derecho a la vivienda.
Finamente, las diferentes organizaciones y movimientos sociales continúan movilizados y reclamando cambios "sin excusas" en los Reales Decretos. Asimismo, anuncian que están preparando una campaña de lucha por el derecho a la vivienda que amplíe la protección de la ciudadanía, especialmente a las familias vulnerables, exija la desaparición de los desahucios sin alternativa habitacional, recoja a las personas sin techo, y avance, "con garantías", en la defensa del derecho a la vivienda para todas: hipotecadas, en alquileres y en precario.
