La DGA puede reclamar los salarios mal pagados a 100 personas en el macrojuicio contra el Grupo Sesé

Nuevo paso judicial en el macrojuicio contra el grupo Sesé por el impago de casi 400.000 euros en salarios

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Foto: Grupo Sesé.

El Juzgado de lo Social número 5, tras suspender el pasado mes de abril el macrojuicio contra el grupo Sesé por aplicar un convenio inferior al que dicta la normativa, ha dictado auto por el cual confirma la legitimación de la DGA para reclamar los salarios mal pagados de más de 100 trabajadores y trabajadoras.

Un auto del Juzgado de lo Social de Zaragoza ha quitado la razón a la empresa Logística Jit Aragón, del grupo Sesé, y ha ratificado que la DGA tiene “legitimación activa” para reclamar los salarios mal abonados de más de cien trabajadores y trabajadoras.

En la última vista, el 26 de abril, la empresa defendió que al tratarse de reclamaciones de cantidad debía ser cada trabajador y trabajadora quien denunciase, y que la DGA no tenía esa potestad. La jueza suspendió el juicio para estudiar la alegación presentada por la empresa y varios meses después ha resuelto a favor de continuar el juicio, al que ya solo le falta que se vuelva a señalar día para su celebración.

A pesar de que en un primer momento el juicio tenía previsto celebrarse el próximo 11 de febrero de 2022, se tiene que volver a suspender debido a la coincidencia de juicios de algunos letrados personados en la causa en defensa de los intereses de la plantilla. Desde el sindicato CGT, con representación en varios de los comités de empresa del grupo Sesé, muestran su su satisfacción y convencimiento “de que aunque sea tarde, al final se hará justicia”, señalan.

Ya van cinco años de espera desde que CGT Aragón-La Rioja interpuso una denuncia en Inspección de Trabajo, cuyo organismo apreció “perjuicios económicos graves para los trabajadores afectados” y terminó desencadenando este procedimiento judicial impulsado por la DGA.

En el primer señalamiento, el 31 de enero de 2020, la empresa presentó alegaciones para que no se tuvieran en cuenta parte de los salarios debidos ya que había pasado más de un año entre los hechos y la denuncia. El juzgado les dio la razón y se rebajó de 152 a 126 la plantilla afectada, así como las cuantías reclamadas. En este sentido, desde CGT lamentan “que la empresa se ha evitado el pago de cientos de miles de euros como consecuencia de la inacción y el beneplácito de otras centrales sindicales, y eso no tiene excusa ninguna”.

En el segundo señalamiento, el 26 de abril de 2021, con la sala abarrotada hasta el aforo máximo permitido, y cuando todo indicaba que era el definitivo, la empresa alegó “falta de legitimación activa” del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de la DGA. Es decir, que la DGA no era quién para pedirle los salarios de los y las trabajadores y trabajadoras. Estas alegaciones no han sido aceptadas y el juicio seguirá adelante. Tal y como ahora ha ratificado el juzgado, la administración está legitimada para interponer la demanda de oficio en virtud de los artículos 148 y 150 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

“Esperamos que la empresa no utilice más artimañas para retrasar nuevamente el juicio, y que el juzgado sentencie algo que nosotras ya sabemos: que además de injusto y contrario a los intereses de la clase trabajadora, el convenio firmado en su día por la empresa y los sindicatos era manifiestamente ilegal”, concluye CGT.

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