Educación ha hecho pública este miércoles la guía que ha elaborado dirigida a los centros escolares con el Protocolo de actuación inmediata en casos de ideación suicida en el ámbito educativo. Según los datos proporcionados por la DGA, el suicidio es un grave problema de salud pública que en más del 90% de los casos se produce en personas que sufren un trastorno mental tratable. De ahí la importancia de establecer una estrategia que aborde su prevención, basada en la detección precoz y en la respuesta asistencial coordinada e integral, y cuyo objetivo fundamental es disminuir las tentativas y la mortalidad por suicidio en Aragón.
En el caso de Educación, la Comisión permanente del Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso escolar se planteó en una reunión celebrada en mayo del año pasado la necesidad de elaborar un protocolo de actuación inmediata ante posibles casos de ideación suicida en el ámbito escolar.
Los principales objetivos que se planteaban eran, por una parte, mejorar la detección precoz del riesgo y el abordaje de la conducta suicida en población adolescente en su entorno académico, familiar y social; y, por otra, facilitar estrategias en educación emocional y psicoeducación en los profesionales de educación y servicios sociales en contacto con población adolescente.
Contenidos del Protocolo
El suicidio en la infancia y adolescencia se ha convertido en un serio problema de salud pública. Una clara muestra de ello es que se ha situado entre las tres causas más frecuentes de muerte entre los jóvenes entre 15 y 25 años, y la quinta en la franja de 5 a 14 años.
En niños y adolescentes la prevalencia del comportamiento suicida aumenta con la edad. Las decisiones relacionadas con el suicidio por debajo de los 15 años son de naturaleza eminentemente impulsiva, mientras que por encima de 15 años son determinantes otros factores como la patología mental o el consumo de tóxicos.
A la vista de los datos, los centros escolares se convierten en un lugar privilegiado para la detección del malestar emocional, lo que los convierte en un espacio donde es importante conocer cómo intervenir cuando una situación de este tipo se produce.
Sin embargo, al tratarse de un problema cuya responsabilidad no se circunscribe al ámbito educativo, el protocolo elaborado, que forma parte de la Estrategia general de prevención del suicidio en Aragón, pretende poner a disposición de los centros educativos una herramienta de información sobre la problemática del riesgo suicida en el alumnado y aportar unas pautas claras y sencillas de actuación que permitan la toma de decisiones de una forma inmediata.
El protocolo elaborado, además de incluir algunos conceptos y mitos relacionados con el suicidio, recoge no solo los factores de riesgo y los factores de protección (personales, familiares, sociales y específicos del entorno escolar), sino que también abunda en las posibles señales de alarma (verbales y no verbales). Para concluir con una serie de pautas concretas de actuación.
Estrategia de prevención del suicidio en Aragón
La Estrategia de prevención del suicidio en Aragón se compone de dos líneas –prevención e intervención– tratando de abarcar los grupos de población más vulnerables y de facilitar la formación y capacidad de actuación de los profesionales.
Primera causa de muerte por factores externos
En Aragón se suicidan de media 113 personas cada año, de todos los grupos de edad, siendo la primera causa de muerte por factores externos en el Estado español. Y las tentativas autolíticas suponen 20 veces esta cifra. Además, según los expertos en Salud Mental las patologías mentales con seguridad se verán agravadas a consecuencia de la pandemia COVID-19 y, con ello, se incrementa el riesgo de suicidio.
La Estrategia de prevención del suicidio en Aragón se alinea con la Estrategia Nacional de Salud Mental. Sus características principales son: claridad en los objetivos; estrategias preventivas multinivel; intervenciones probadas eficaces; apuesta por la formación y la capacitación de diferentes profesionales; campañas públicas; optimizar registros; mejorar la detección del riesgo y la respuesta; cooperación con entidades civiles y comunitarias; estar centrada en grupos de riesgo; monitorización y evaluación.
