En diciembre de 2022, el hijo de 9 años de la funcionaria recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1, lo que desencadenó la búsqueda de información sobre permisos laborales para hacer frente a esta situación. A pesar de que otras personas en Teruel en situaciones similares tenían reconocido este derecho, el Departamento de Educación negó la existencia de cualquier permiso para este tipo de casos.
Después de confirmar la existencia del permiso en su normativa y asegurarse de cumplir con todos los requisitos, la maestra procedió a solicitarlo, pero su petición fue denegada bajo el argumento de que su hijo asistía al mismo colegio donde ella trabajaba. Hay que decir que el cuidado de su hijo es totalmente incompatible con su trabajo como tutora que atiende un aula de infantil con niñas y niños con los que inicia la escolarización a los 3 años y a los que acompaña hasta el fin del ciclo a los 5 años.
Ante la negativa del Departamento de Educación, la funcionaria se vio obligada a recurrir a la vía judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel corroboró la concurrencia de los requisitos y reconoció el derecho al permiso con una reducción de jornada del 50%, aunque la familia consideraba necesario el 99%, dadas las actuales necesidades de su hijo, que se detallan en el informe médico del pediatra especialista que atiende al niño.
El Departamento de Educación ha recurrido la sentencia con el objetivo de negar cualquier permiso a la funcionaria, alegando que los permisos retribuidos de este tipo no están contemplados en la orden que regula los permisos de los docentes. Sin embargo, la familia argumenta que su situación está claramente recogida en la normativa vigente, y es por ello que el Juzgado ha reconocido su derecho.
Esta situación se agrava al descubrir que otra empleada del Servicio Provincial de Teruel en situación similar obtuvo el permiso sin dificultades unos meses antes. El actual Director Provincial justificó este trato diferencial por motivos económicos, basados en la naturaleza laboral de las madres, pues en aquel caso se trata de una personal laboral, por lo que la mutua se está haciendo cargo de sus retribuciones, mientras que el abono de la maestra funcionaria correspondería a Educación.
Ante este escenario, la Junta de Personal Docente No Universitario de Teruel ha solicitado una investigación para esclarecer los motivos detrás de la denegación del permiso y las posibles responsabilidades involucradas.
La familia ha decidido hacer pública su situación para dejar constancia de la vulneración de los derechos fundamentales de su hijo y prevenir futuros casos similares.
Mientras tanto, la madre trabajadora, tras más de un año de atender a su hijo en condiciones precarias, podrá mejorar el cuidado del mismo mediante el permiso restituido judicialmente, aunque sea de forma provisional.
La diabetes infantil es una enfermedad grave que va más allá de la restricción de dulces. Requiere un cuidado complejo las 24 horas del día y puede derivar en complicaciones cardiovasculares, renales, neurológicas, entre otras. Las niñas y niños afectados pasan a ser insulinodependientes, y experimentan limitaciones en su vida diaria, desde la alimentación hasta las actividades sociales, y enfrentan riesgos constantes por hipoglucemia. Esta situación también les afecta emocionalmente, al igual que a sus cuidadoras, quienes necesitan un apoyo adecuado por parte de la Administración. Sin embargo, la actuación del Departamento de Educación en este caso ha añadido nuevas dificultades para el niño enfermo y su familia.
En conversaciones con Begoña, mamá del pequeño, nos contó que sienten una profunda impotencia al enfrentarse a la negativa de la administración durante un año, a pesar de cumplir meticulosamente con todos los requisitos, para otorgarles un permiso vital. Este permiso, diseñado para atender las necesidades médicas de su hijo, un niño afectado por una enfermedad grave, ha sido reconocido por la justicia, pero la administración, que ha estado prolongado al máximo el proceso judicial, continúa apelando al Tribunal Superior, agotándolos física, psicológica y económicamente.
Experimentan indignación al observar cómo personas con cargos de responsabilidad en la administración pueden vulnerar los derechos de una trabajadora que necesita atender a su hijo enfermo, sin ni siquiera justificarse, y sin enfrentar ninguna responsabilidad personal por esta grave omisión.
Les embargan la rabia y la decepción al constatar que precisamente esta administración encargada de la Educación, debería proteger los derechos de las niñas y niños y velar por su bienestar físico y emocional, pero en cambio les niega un derecho fundamental que afecta su salud.
Les parece injusto que el estado establezca decretos que obliga a cumplir a las mutuas, empresas y autónomos, mientras que la DGA, incumple la normativa, y además hace uso de fondos públicos, es decir, dinero de todas, para enfrentar el proceso judicial al que los ha llevado.
Experimentan frustración al no poder atender adecuadamente a su hijo por la negativa del permiso específico para su situación, que les debería haber sido concedido como a las otras familias en su misma situación, porque el reconocimiento de un derecho cuyos requisitos se cumplen no puede depender del antojo de un responsable.
Se sienten indefensos y enfadados al ver cómo Educación tergiversa la verdad al afirmar que ha proporcionado facilidades, cuando lleva un año ignorando por completo tanto a la maestra como al niño enfermo, obligándoles a pelear judicialmente por un derecho que les correspondía.
Al mismo tiempo, están agradecidos a sus compañeras, cuya ayuda ha sido lo único que ha permitido que atendieran a su hijo, a pesar de lo cual no se han podido evitar perjuicios al niño, a los alumnos del aula, a sus compañeras y al resto de las clases.
Tienen la expectativa de que se les conceda el permiso que el Departamento de Educación de la DGA argumenta ahora que no está contemplado en la normativa que regula los permisos docentes, pese a que existe otra docente a quien, en las mismas circunstancias, le fue concedido sin problema alguno por el Servicio Provincial de Uesca, en los términos solicitados por la maestra de Teruel.
Esperan que se inicie la investigación solicitada por la Junta de Personal Docente al Servicio Provincial de Educación de Teruel para esclarecer los motivos de la negación del permiso y determinar responsabilidades, con el objetivo de evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir, privando a una madre trabajadora de sus derechos y dejando a un niño con una enfermedad grave desprotegido y desatendido.
