Las familias aragonesas ya gastan más dinero al cabo del año en agua del grifo, y del retrete y la ducha, que en otros líquidos de consumo habitual en los hogares, como el vino y el aceite (y la suma de ambos), en una extravagante situación que tiene como causa la aplicación del ICA, el polémico y contestado Impuesto de Contaminación de las Aguas, que ha disparado la factura del abastecimiento y el saneamiento por encima de los 240 euros anuales. Y lo que falta, que no tardará en llegar.
Más de la mitad de esa cifra se debe al conflictivo tributo, por el que el Gobierno de Aragón ha facturado más de 250 millones a las familias y empresas aragonesas desde su aprobación en 2016, aunque a 30 de septiembre solo había ingresado 159,5, y para el que el proyecto de presupuestos para el año que viene incluye otra partida de 66,1 más mientras varios tribunales administrativos y judiciales chequean su legalidad y a la espera de que el nuevo Gobierno de Aragón anuncie la figura impositiva que va a sustituirlo.
Un hogar medio aragonés se gasta al cabo del año entre 97 y 135 euros en aceite (más mantecas, mantequillas y otras grasas), entre 65 y 86 en vino, de 29 a 36 en bebidas destiladas, entre 61 y 76 en cerveza y de 91 a 102 en cafés, tes y cacaos, o al menos eso es lo que ha ido ocurriendo en los últimos cinco años, según indica la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Ninguna de esas partidas, y tampoco la suma de varias de ellas, caso de la del vino o la de la cerveza con la de los destilados, superan los 149,56 euros anuales que la entrada en vigor del ICA ha supuesto desde 2016 para una familia aragonesa media, de cuatro miembros y con un consumo diario de cien litros por cabeza, según las conclusiones a las que ha llegado la Cámara de Cuentas con los datos que le han facilitado los ayuntamientos de los once municipios de más de 10.000 habitantes de Aragón: las tres capitales provinciales, Calatayud, Utebo, Alcañiz, Barbastro, Cuarte de Huerva, Ejea, Fraga, Jaca, Monzón y Tarazona.
Agua mineral, zumos y refrescos
Sí hay una partida de consumo doméstico de líquidos que supera esa cuantía. Se trata del amplío epígrafe que, con un desembolso medio de entre 170 y 189 euros anuales por hogar, incluye el agua mineral, los zumos de frutas y otros vegetales y los refrescos, también los azucarados. A nivel estatal, el agua embotellada se lleva un tercio de gasto en este grupo.
Sin embargo, también el gasto medio en este último tipo de productos se queda claramente por debajo de los 243,04 euros que una familia estándar, y modélica en el consumo, paga al cabo del año por el agua que sale de sus grifos y por la que se va por los desagües de su casa, algo que, con los extremos prácticos del gravamen en los 197,32 de Cuarte y los 280,13 de Calatayud, lleva a constatar una estrambótica realidad aragonesa: a las familias les cuesta más dinero el cabo del año el agua del grifo que la embotellada.
Y les supone un gasto mayor también, atendiendo a los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2018, al que hacen en farmacias (236,63 euros anuales) y parafarmacias (78,52), en trenes (114,10), autobuses (119,29) y aviones (127,12), en libros (104,24), en joyas y bisutería (101,56) e, incluso, en seguros como el del hogar (204,88) o el de salud (196,95).
Un recibo a un paso de duplicarse
El ICA es la solución que el Gobierno y las Cortes de Aragón decidieron dar a un Plan de Depuración de aguas residuales cuya desmesura e insostenibilidad ha sido no solo denunciada por sus opositores, con la RAPA a la cabeza, sino certificada por un organismo de fiscalización como es la Cámara de Cuentas, que a principios de 2017 emitía un demoledor informe en el que constataba que la privatización del saneamiento del agua, iniciada en 2001, ha duplicado los costes del servicio con un sistema que pasó de resultar “imposible de cumplir” con el planteamiento inicial para, tras una serie de revisiones que siguieron encareciéndolo, acabar recibiendo estos tres pronósticos: con “riesgo alto de incumplimiento”, “incumplido” o “altamente improbable que se cumpla”.
Pero, una vez lanzado, y pese a las redimensiones que el Gobierno de Aragón comenzó a aplicarle la pasada legislatura, hay que pagar el tinglado, y esa parte del plan sigue recayendo sobre el ciudadano, en este caso en su vertiente de consumidor y/o usuario y a través del impuesto que en 2016 sustituyó al canon de saneamiento, con lo que los cobros pasaban a ser exigibles por la vía ejecutiva y aplicables en Zaragoza.
El estudio de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de Ecociudad, la empresa municipal que gestiona la potabilización y la depuración del agua de uso doméstico e industrial de la capital aragonesa, incluye algunas aportaciones de interés sobre el precio del agua en la ciudad.
“La carga fiscal calculada por el consumo de agua de una familia con residencia en Zaragoza ascendería a 223 euros en 2017, un 8,2% inferior a la media de los principales municipios aragoneses (243 euros) y un 20% inferior al de los municipios que más gravan el consumo de agua (Fraga, Teruel y Calatayud, con 280 euros)”, asegura la Cámara de Cuentas en su “análisis estático” de la cuestión. Uno de carácter dinámico lleva, con esos mismos datos, a conclusiones muy distintas.
Una familia media zaragozana paga 222,84 euros al cabo del año por el agua que consume y por la que usa y vierte, un precio que, de entrada, solo resulta más barato en Monzón (217,24) y en Cuarte (197,32) y que se encuentra algo más de veinte euros por debajo de la media de esas localidades, que es de 243,04.
Sin embargo, el estudio omite un ejercicio que parece imprescindible en un asunto de este tipo: ¿a cuánto subiría el recibo del agua de una familia zaragozana media si no se aplicaran en esa ciudad un descuento del 60% como compensación por disponer de sus propias depuradoras? Pues a 312,58 euros, un 11,5% por encima de los 180,13 de Calatayud y un 28,6% sobre la media de 243,04; 32 más y 69 más, respectivamente.
El peculiar (y caro) recibo de (no solo) los zaragozanos
¿Y dónde está el truco para que se dé esa ilusión tributaria? Es muy fácil de localizar: se encuentra en la propia estructura del recibo tras la aplicación del ICA.
Los 222,84 euros de la factura del agua de la familia media zaragozana se desglosan en los 78,99 del abastecimiento, que resulta poco más de un euro superior a la media, los 84,03 que tarifa Ecociudad por saneamiento y depuración y los 59,82 que resultan de aplicar una rebaja a los 149,56 del ICA.
Es decir, que una vez que se hayan acabado los descuentos el precio se dividirá en los 163,02 de la empresa municipal y los 149,56 del impuesto del ICA, que pasará a suponer el 47,84% de la factura: los zaragozanos habrán pasado a pagar, de manera simultánea, una depuración local ajustada, que será la que siga tratando sus aguas residuales, y otra autonómica desmesurada y ajena a esos residuos.
La propia Cámara de Cuentas había advertido en su informe sobre el plan de depuración de que en 2045 la factura del ICA, cuyos efectos también han sido también notables en el resto del territorio, con encarecimientos del recibo del 300% sobre el precio inicial en municipios como Cuarte (de 47,76 a 197,32) y del 200% en otros como Huesca, Jaca, Tarazona y Utebo, supondría 28,58 millones de euros al año solo en Zaragoza.
“A excepción de Utebo, los hogares promedio del resto de núcleos aragoneses con más de 10.000 habitantes han soportado una carga fiscal similar: 53 euros desde que se cobró el ICA por primera vez (2002, a excepción de Cuarte de Huerva y Monzón, que empezaron a pagarlo en 2004) con aumentos progresivos hasta alcanzar los 150 euros en 2017”, señala el órgano de fiscalización. Varios de esos municipios facturan al margen del recibo del agua, con una ordenanza autónoma, el mantenimiento de la red de alcantarillado.
Cuando depurar cuesta la mitad
El ‘premio’ del pago del ICA para los zaragozanos resulta todavía más difícil de argumentar, si cabe, si se tiene en cuenta los costes que la depuración arroja en la capital, de 19 céntimos por metro cúbico en La Cartuja y de solo siete en las plantas de La Almozara y Alfocea frente a los 46 que cuesta procesar ese mismo volumen de agua en las que gestiona el Instituto Aragonés del Agua (IAA).
Por otro lado, las depuradora de la capital están amortizadas desde 2013, cuando, tras veinte años de financiación, quedó liquidada una inversión de 238,6 millones de euros en La Cartuja (intereses bancarios incluidos) y otras dos que sumaban 12,14 en La Almozara y Alfocea, IVA incluido en ambos casos. A esa factura se le suman otros 187,88 millones de euros en costes de explotación (superan los 12,5 millones hoy), mantenimiento y reposiciones entre 1993 y 2017.
El coste de construcción unitario de las depuradoras de la capital aragonesa, que con la explotación y el mantenimiento sitúan la factura del agua de la ciudad en 438 millones de euros en 24 años (1993-2017), sale a 665 euros por metro cúbico procesado, lo que equivale a algo menos de “la mitad del coste mínimo que se obtiene en los contratos de concesión del IAA (1.347)”, señala la Cámara de Cuentas, que achaca esos resultados a “las economías de escala que se producen en plantas con una capacidad de depuración mayor”.