El Estado de Conmoción Interior decretado por el gobierno de Gustavo Petro para la región del Catatumbo y la zona metropolitana de Cúcuta evidencia el fracaso de la política de “paz total” impulsada por esa misma administración. Esta decisión, además de ser percibida como un giro hacia estrategias de militarización tradicionales, pone en tela de juicio la viabilidad de su ambicioso proyecto de paz.
La Retórica Oficial y la Disonancia con las Realidades del Territorio
Mientras realizaba un discurso en Ocaña, norte de Santander, el 27 de enero, el presidente aseguró que las acciones militares iniciadas el 16 de enero, el día que estalló la crisis humanitaria en el Catatumbo, son un acto de agresión que comprometen la soberanía nacional. Sin embargo, líderes comunitarios, organizaciones sociales y analistas han interpretado esta medida como un intento por consolidar el control militar en una región históricamente abandonada por el Estado, pero codiciada por sus recursos naturales.
El decreto también identifica al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como una amenaza prioritaria, perpetuando el discurso securitista que ha caracterizado a las políticas de intervención estatal en el Catatumbo. Esta perspectiva, según el abogado y defensor de derechos humanos Leonardo Jaimes “Esta declaratoria de Estado de Conmoción Interior es contradictoria en su esencia. No olvidemos que durante el siglo XX los gobiernos de Colombia acudieron al Estado de Sitio para resolver conflictos sociales. Lo paradójico es que un gobierno progresista acuda a una herramienta jurídica represiva e incluso supere el relato de los gobiernos de derecha, al plantear que se declara el Estado de Conmoción Interior por un tema de soberanía y al mismo tiempo cambie su discurso de “paz total” a la guerra abierta contra el ELN. Lo que deja al descubierto es que se confirma las voces que denunciaban la perversa política del Gobierno Petro y su alto comisionado, que no era otro que pretender fragmentar a la contraparte e impulsar grupo aparentemente rebeldes pero que el fondo son fuerzas paramilitares”.
Los intereses geopolíticos y extractivistas en el Catatumbo
El Catatumbo, un territorio binacional entre Colombia y Venezuela, es abundante en bienes naturales como petróleo, carbón y minerales estratégicos, así como en tierras fértiles para monocultivos como la coca y la palma de aceite. Por este motivo, desde comienzos del siglo XX la región ha sido escenario de interés para empresas multinacionales, lo deja en visto la visita a Tibú del multimillonario estadounidense Howard Buffett expresando su interés depredador disfrazado con el discurso del filantropismo.
La militarización de la zona facilita la implementación de proyectos de infraestructura que benefician al extractivismo, incluyendo la construcción de corredores logísticos que conectarán el Pacífico colombiano con el Lago de Maracaibo en Venezuela. La lógica desarrollista responde a dinámicas del capitalismo mundial que contrastan drásticamente con las necesidades y aspiraciones de las comunidades campesinas, quienes han resistido durante décadas a la extracción intensiva en sus territorios. Las iniciativas estatales para promover estas infraestructuras suelen ignorar la consulta previa con las comunidades y el pueblo Barí, generando tensiones sociales y afectaciones ambientales significativas. En el contexto, las comunidades del Catatumbo han expresado su rechazo a las políticas extractivistas y la militarización de sus territorios. Durante la movilización en noviembre, María, una líder local, afirmó: "Estamos acá para decirle al gobierno nacional que rechazamos sus políticas extractivistas en el territorio, rechazamos la política de Catatumbo Sostenible, y las Zonas Futuro".
El impacto inmediato de la militarización
La región del Catatumbo es una de las regiones más militarizadas de Colombia con al menos 17.000 efectivos de la fuerza pública. Ante la actual coyuntura, el gobierno anunció el ingreso de al menos 9.000 efectivos del ejército a la región. También hacen presencia tropas y asesores estadounidenses y se aplican avanzados programas de vigilancia digital comprados a Israel.
Con la declaratoria del estado de conmoción interior aumentará el número de tropas y los controles militares, generando zozobra en las comunidades y un incremento de la persecución y criminalización contra las organizaciones sociales. “Las experiencias vividas han dejado estigmatización, criminalización de la población civil, falsos positivos y vulneración de los derechos humanos por parte de las FFMM”, asegura la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la región (Asojuntas).
Petro recurre a estrategias que ya han demostrado su fracaso en el pasado. El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) evidenció que en 2018, cuando el expresidente Iván Duque desplegó la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) 3 del Ejército Nacional para controlar el conflicto en la región, las violaciones a los derechos humanos aumentaron en un 60%.
Así, el control militar, lejos de aportar seguridad, genera un clima de tensión y desconfianza. Además, las organizaciones sociales advierten que esta militarización también buscaría desarticular procesos organizativos comunitarios que representan alternativas sostenibles y autónomas frente al modelo extractivista impuesto.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como la Fundación Progresar y el Equipo Jurídico Pueblos han denunciado la presencia significativa de paramilitares en las cabeceras urbanas de Cúcuta y Ocaña. Han mostrado su preocupación ante la intensificación del conflicto contra un solo actor armado, en este caso el ELN, en contraste con las prácticas de connivencia entre el Ejército y los grupos paramilitares que ya han denunciado antes las comunidades.
La militarización también tiene implicaciones directas para el equilibrio ambiental del Catatumbo. La región, hogar de una biodiversidad excepcional, enfrenta amenazas crecientes derivadas de la expansión de monocultivos como la palma aceitera y de la intensificación del cultivo de coca, ambos favorecidos por dinámicas militares que reconfiguran las relaciones sociales en el territorio.
Las organizaciones locales han advertido sobre la contaminación de fuentes hídricas y la destrucción de ecosistemas estratégicos.La introducción de infraestructura vial sin un adecuado estudio de impacto ambiental pone en peligro zonas de protección natural y modifica irreversiblemente el paisaje territorial, afectando tanto la flora y fauna como las prácticas agrícolas ancestrales de las comunidades campesinas.
La manipulación de las narrativas y la invisibilización de la lucha popular
El gobierno, en consonancia con actores mediáticos tradicionales, ha empleado estrategias discursivas que criminalizan a una insurgencia y presentan a la región como un territorio inhóspito y violento, justificando así la intervención militar.
Las cifras oficiales sobre desplazamientos han sido objeto de manipulación. De hecho, las mismas organizaciones de derechos humanos regionales aseguran que las cifras que han recolectado no concuerdan con las de la institucionalidad. Mientras que la Gobernación de Norte de Santander ha reportado al menos 40.000 personas desplazadas, las organizaciones locales hablan de la mitad o incluso menos.
La narrativa oficial no solo desvía la atención del avance paramilitar en la región, sino que silencia las voces de las comunidades que claman por un enfoque de paz que respete su autonomía y aborde los problemas estructurales. Las plataformas digitales y medios alternativos han emergido como herramientas esenciales para contrarrestar este cerco informativo, permitiendo a las organizaciones sociales visibilizar las violaciones de derechos humanos y articular redes de solidaridad.
Lecciones Históricas y la Construcción de Alternativas desde las Comunidades
La historia de Colombia está marcada por el uso recurrente del Estado de Conmoción Interior, figura que, bajo su antigua denominación de Estado de Sitio, fue empleada durante más de 38 años desde la promulgación de la Constitución de 1886. Tras la Constitución de 1991, su aplicación ha estado asociada a contextos de grave conflictividad social, dejando un saldo de violaciones a derechos fundamentales, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Las comunidades del Catatumbo han demostrado, sin embargo, una capacidad de lucha para construir alternativas desde abajo. En vez del decreto, solicitan al gobierno la suscripción del Pacto Territorial para la Transformación del Catatumbo, un espacio de diálogo iniciado en 2022 entre las comunidades y el gobierno, que contempla avances en siete áreas vinculadas a la alimentación, salud, participación, educación y paz. Otras propuestas como la creación de zonas de paz, la promoción de proyectos agroecológicos y el fortalecimiento de formas de economía solidaria son expresiones concretas de su resistencia y visión de futuro. y que esto se haga de la mano de las comunidades y no desde los gobiernos locales, ya que es evidente la corrupción de los políticos de la región con intereses particulares.
Estas iniciativas requieren no solo del respeto estatal, sino también de un compromiso genuino con el desmonte del paramilitarismo y la construcción de condiciones propicias para el diálogo social. Las experiencias de movilización y organización territorial demuestran que la paz debe ser un proceso incluyente, fundamentado en la justicia social y el respeto a los derechos colectivos y de los pueblos.
El Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo es un reflejo del fracaso de la política de paz del gobierno Petro, que parece haber sucumbido a las presiones de sectores militaristas y económicos. No obstante, las comunidades continúan resistiendo, articulando sus demandas y reivindicando un modelo de paz que trascienda el discurso institucional.
La historia del Catatumbo, marcada por la lucha y la dignidad, constituye una lección de resistencia que desafía las lógicas de control y sometimiento. Frente a las políticas de militarización y extractivismo, la esperanza persiste en las prácticas comunitarias y en la construcción de un país donde la vida, la justicia y la autonomía popular prevalezcan sobre la guerra y la violencia. La paz, en este sentido, no puede ser una imposición desde arriba, sino una conquista colectiva forjada en la cotidianidad de los territorios.
“La paz no se construye con más violencia, sino con diálogos sinceros y con el compromiso de todos los actores involucrados. La violencia no es la solución, el cese inmediato de hostilidades y enfrentamientos debe ser prioritaria, y por tanto rechazamos la militarización como salida a la crisis.” Organizaciones sociales del Catatumbo.
