En el marco de una audiencia pública en la Universidad del Valle de la ciudad de Cali, 187 caravanitas de 14 nacionalidades, defensores de derechos humanos, comunicadores, y líderes de organizaciones sociales, entregaron un informe sobre la situación humanitaria que se vive en cinco departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Arauca, Chocó, y Cauca. Uno de los principales hallazgos es cómo el paramilitarismo se ha fortalecido en territorios rurales y urbanos y las diversas modalidades que lo definen.
La Caravana estuvo integrada por seis comisiones: Derechos Humanos, Cultura, Salud, Comunicaciones, Género, y Logística. Todas con la misión de acompañar y escuchar a las comunidades victimas de prácticas sociales genocidas, entre ellas, el paramilitarismo y abandono estatal. Durante todo el recorrido, un total de 128 guardias populares cuidaron el recorrido de la misión humanitaria.
En cada región que fue visitadas por los y las caravanistas, la crítica situación humanitaria se encuentra ligada a intereses económicos del gran capital, y la incapacidad del Estado para garantizar la paz en dichos territorios. Esta emergencia, en el marco de las afecciones del conflicto armado, destaca al paramilitarismo como el principal agente de la violencia que pone en riesgo las comunidades y sus liderazgos.
Viene avanzando tanto en las zonas rurales como en las principales ciudades. Para ello ha cambiado completamente sus lógicas a las que uso en décadas anteriores
Panel ‘Paramilitarismo Hoy’
Seguidamente de la entrega del informe ejecutivo de los caravanistas, se realizó un panel con la participación del senador y miembro de la mesa de diálogos con el ELN, Iván Cepeda, junto a Sonia López y Juliana Ramírez, lideresas sociales que expusieron las nuevas dinámicas del paramilitarismo en Colombia.
Estas dinámicas del paramilitarismo actual develan más allá de actores armados, pues allí también participan actores sociales, políticos y económicos legales, que hacen difícil su identificación como victimarios. Entre las características principales está el control de la población civil, traducido en atacar la organización social e impedir la protesta.
El senador Cepeda mencionó que no solamente hay que denunciar las prácticas genocidas de estos entramados paramilitares, sino también visibilizar las acciones de resistencia que hacen las comunidades, e hizo un llamado a que es posible derrotar este fenómeno. Igualmente, a los medios de comunicación que no han investigado, ni informado esta situación asociada al paramilitarismo. Finalizó su intervención, llamando al ELN a continuar los diálogos.
Declaración política
Los y las participantes en la caravana emiten han emitido una declaración en la que explican que han dedicado cuatro semanas a recorrer Colombia. "Empezamos en Bogotá, desde donde nos dirigimos al Oriente antioqueño, después al Sur de Bolívar, Arauca, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, para finalmente llegar a Cali. Hemos viajado en chiva, autobús y botes, recorriendo cientos de kilómetros", rememoran.
"Como internacionalistas, desde hace 24 años realizamos Caravanas y acompañamiento internacional". El arranque de esta iniciativa se remonta al 2001 cuando una caravana recorrió el Sur de Bolívar, "donde las comunidades agromineras permanecían bajo el asedio paramilitar y donde el Estado nos decía que no había población en dichos territorios". Desde entonces hasta hoy las personas involucradas han "podido constatar la continuidad de las agresiones contra las comunidades, sus proyectos de vida y sus territorios por parte de los paramilitares".
La declaración con pesar resalta que "lastimosamente permanecen los asesinatos, masacres, agresiones sexuales, extorsiones, entre otras agresiones, con el objetivo de crear miedo en las comunidades, mientras la impunidad campea frente a lo denunciado".
Algo novedoso en la estrategia de los grupos paramilitares es que, según denuncia la iniciativa, están intentando y en muchos casos consiguiendo el control de procesos organizativos de las comunidades, se han infiltrado en ellas, ocupando cargos en la Juntas de Acción Comunal, en las estructuras de autogobierno. Todo ello con un supuesto contenido social, a través de ONGs de Derechos Humanos y de desarrollo comunitario que les sirven como fachada. Para ello cuentan con el temor que persiste en la población, impuesto desde hace varias décadas, en complicidad con autoridades civiles, políticas, militares y administrativas".
"Hemos constatado un avance fuerte de grupos paramilitares. Predomina el reclutamiento forzoso de menores y jóvenes como carne de cañón, que son también utilizados para realizar atentados contra instalaciones y personas de procesos sociales", prosiguen. "Los grupos paramilitares siguen estando al servicio de los intereses económicos en los territorios que están ocupando para el control de las economías del extractivismo, el narcotráfico, recursos naturales en general como el agua y la madera, y el control de las vías de comunicación y el comercio", añaden.
En paralelo explican que han constatado "tanto el negacionismo de la existencia de esta estrategia paramilitar, como la normalización de la misma, por parte autoridades locales". También denuncian el contraste entre la persistencia de "las judicializaciones de líderes y lideresas sociales, señalamientos, desapariciones forzosas, asesinatos selectivos y violencia sexual", con que "las investigaciones contra victimarios en las regiones que visitamos siguen en absoluta impunidad y no hay reparación ni a las familias ni a sus comunidades".
También han sido testigos de que "la propuesta de política de paz total es desconocida en muchos territorios". Y han sido testigos de la "falta de inversión efectiva del estado en las regiones en las áreas de salud y educación y en otros derechos básicos, con pésimas instalaciones y sin recursos", así como de "la degradación ambiental de las zonas visitadas: ríos contaminados, desaparición de especies, a causa de las fumigaciones y extractivismo descontrolado".
Ocho propuestas
La declaración de la Caravana por la Paz, la Vida y la Permanencia prioriza ocho demandas de las comunidades. Entre ellas la "inversión social efectiva en educación (profesorado, infraestructura, medios tecnológicos…), sanidad, infraestructuras, vías, servicios…" o la implementación de "los planes de reparación colectiva acompañados de planes de vida y de desarrollo. Se ha de completar la reconstrucción del tejido social y comunitario y de la memoria de las comunidades".
Proponen "implementar planes de protección y autoprotección colectiva en las comunidades como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, dotándolas de medios de comunicación y medios de vida para su sostenibilidad". A la par exigen "acabar con los señalamientos, estigmatización, judicializaciones de los líderes y líderesas sociales, y resto de integrantes del colectivo del movimiento social. Parar el genocidio continuado contra los procesos sociales y comunitarios".
Por supuesto defienden el necesario "desmantelamiento del paramilitarismo, según lo acordado en el acuerdo de paz en 2016 y las exigencias de las comunidades antes y ahora".
"Brindar garantías para el impulso de asambleas y espacios comunitarios para la participación de las comunidades" y "reforzar los sistemas educativos de las comunidades, teniendo en cuenta las diferencias étnicas y de género, dando oportunidades de desarrollo profesional a los jóvenes
para prevenir que ingresen en grupos armados", son otras de las propuestas clave recogidas en la declaración.
Por último, exigen la "declaración de crisis y de emergencia humanitaria, para que el gobierno ponga en marcha planes y programas para atender la crisis humanitaria de los territorios, que incluya, entre otras medidas, el desminado comunitario".
La misma termina con un sentido reconocimiento, "todo este ejercicio de la Caravana no hubiese sido posible sin el compromiso, la creatividad y la autogestión de las comunidades y sus procesos organizativos".
