El pasado 24 de abril un panel de tres jueces de la Corte Suprema de Israel rechazó una petición presentada por la familia Baker, padres de cuatro niños, que murieron en un ataque con misiles de la fuerza aérea israelí mientras jugaban en la playa en el oeste de Gaza el 16 de julio de 2014. Los niños fueron asesinados hace ocho años durante la ofensiva militar israelí en Gaza denominada "Operación Margen Protector".
La petición fue presentada en 2020 por tres organizaciones de derechos humanos, Adalah - El Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) por el Director General de Adalah, el abogado Hassan Jabareen y la abogada Muna Haddad.
Exigían que la Corte revoque la decisión de la Procuraduría General de la República (AG), la fiscalía israelí, de rechazar un recurso de apelación contra el archivo de la investigación y ordenar la apertura de una investigación penal que conduzca al enjuiciamiento de los responsables del homicidio.
El 9 de septiembre de 2019 este órgano judicial anunció que había adoptado en su totalidad la decisión del Abogado General Militar (MAG) de cerrar la investigación.
Las entidades denunciantes argumentaron que los materiales de investigación muestran que la fuerza aérea israelí intencionalmente abrió fuego mortal contra los niños en grave violación de las leyes de la guerra y el derecho penal, ya que apuntaron directamente a los niños sin identificación y sin tomar las precauciones necesarias.
Asimismo, presentaron pruebas que mostraban fallos e irregularidades en la investigación realizada por las autoridades israelíes y muchas contradicciones en los testimonios. Sin embargo, el Tribunal dictaminó que no ve razón alguna para intervenir en la decisión de la fiscalía y no abordó ni siquiera los argumentos de las asociaciones.
La sentencia de 11 páginas escrita por la Presidenta del Tribunal Supremo Esther Hayut también fue aceptada por unanimidad por los jueces Alex Stein e Isaac Amit.
La decisión de la Corte establece que la decisión de cerrar el caso se tomó después de que "el incidente fuese investigado exhaustivamente", teniendo en cuenta la información de inteligencia supuestamente en poder del ejército israelí antes y durante el ataque.
Un proceso opaco
El fallo se basa, entre otras cuestiones, en una información que solo ha podido ver la Corte Suprema sin la presencia del abogado y la abogada de la familia y las asociaciones denunciante. En este documento opaco se corrobora supuestamente que el perímetro había sido utilizado por las fuerzas de Hamas.
El fallo reiteró la determinación de la fiscalía de que los ataques con misiles se llevaron a cabo en cumplimiento de los principios de distinción y proporcionalidad y de conformidad con los procedimientos militares. Señaló además que “este tribunal ha enfatizado reiteradamente la singularidad de la operación de combate, que se caracteriza por su alta intensidad, lo que requiere que las fuerzas militares tomen decisiones rápidas en el terreno y asuman riesgos en condiciones de incertidumbre”.
La Corte también rechazó los argumentos de los demandantes sobre el conflicto de intereses inherente a la doble función del MAG pese a que esta institución brinda asesoría legal al ejército antes y durante las operaciones militares, y al final de los combates también decide si debe o no abrir una investigación criminal y cómo llevarla a cabo.
En su determinación, la Corte se basó en el Informe de la Comisión Turkel (2013) sobre la compatibilidad de los “mecanismos de Israel para examinar e investigar denuncias y denuncias de violaciones de las leyes de los conflictos armados” con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional. Específicamente, se refirió a la posición de la Comisión Turkel de que el sistema es independiente y cumple con el derecho internacional.
Licencia para matar civiles
Las entidades demandantes sostienen que, en este fallo, la Corte Suprema esencialmente otorga plena licencia al ejército israelí para matar a civiles con la mayor impunidad. En lugar de evaluar las decisiones de los militares durante el combate, la Corte hizo declaraciones generales sobre el amplio margen de discrecionalidad del MAG y el AG.
Este caso atrajo la atención del público y de los medios internacionales, especialmente debido a que ocurrió cerca de un hotel donde se alojaban periodistas extranjeras y extranjeros. Sin embargo, al realizar su investigación, el ejército israelí no recopiló testimonios de periodistas ni población palestina que había sido testigo del ataque y que se encontraban en el lugar en el momento del asesinato.
La ONU criticó la investigación
La Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza de 2014, en su informe de junio de 2015, se mostró profundamente perturbada por el cierre de este caso, afirmando que había "sólidos indicios de que las acciones de las FDI no estaban en conformidad con derecho internacional humanitario y que la investigación no parece haberse llevado a cabo de manera exhaustiva” (párr. 663).
Tras este nuevo fallo judicial del pasado 24 de abril Adalah, Al Mezan y PCHR comentaron que “es una prueba más de que Israel no puede y no quiere investigar y enjuiciar a soldados y comandantes por crímenes de guerra contra civiles palestinos. Este hecho destaca la necesidad apremiante de investigaciones independientes y efectivas para hacer que todos los perpetradores rindan cuentas”.
Y añadieron que “este caso ilustra claramente los ataques letales e indiscriminados del ejército israelí contra civiles palestinos durante la guerra de Gaza de 2014, en la que murieron más de 550 niños, y la movilización del sistema legal israelí para defender la agresión israelí, otorgando total impunidad y discreción al ejército israelí. Este caso es una prueba más de la necesidad de que los actores internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, hagan responsables a los líderes israelíes”.
Blanqueo del crimen de guerra
Issam Younis, Director de Al Mezan agregó que “este es otro ejemplo más de injusticia descarada en la historia de Gaza, otro ejemplo de lo prescindible de las vidas de los niños palestinos. Primero, el ataque ilegal a niños civiles que jugaban al fútbol en la playa, y luego el blanqueo deliberado por parte de Israel del aparente crimen de guerra a través de su sistema legal artificial”.
“No hay duda en cuanto a la culpabilidad de los perpetradores en el ejército, en los tribunales y en el gobierno involucrado en este flagrante encubrimiento. Continuaremos desafiando el blindaje intencional de los perpetradores por parte del estado y buscaremos justicia en nombre de los niños Bakr y sus familias a nivel internacional”, lamentaba Younis.
Ucrania y Rusia no es Palestina e Israel
Por su parte, Raji Sourani, Director General del Centro Palestino de Derechos Humanos comentó además que “el sistema legal israelí, como lo ilustra este caso, proporciona cobertura legal completa para los crímenes de guerra sistemáticos y organizados cometidos por el ejército de ocupación israelí”.
Y aseguraba que las víctimas palestinas que representan y sus familias “merecen justicia y dignidad, y lucharemos para que se haga justicia a través de la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional”.
Sourani terminaba su declaración con un paralelismo entre Ucrania y Palestina: “Recientemente, muchos estados, incluidos Estados Unidos y algunos europeos, tomaron medidas inmediatas contra los ataques de las fuerzas rusas contra civiles ucranianos, expresando su condena e imponiendo sanciones; sin embargo, cuando las fuerzas israelíes matan a palestinos, esos países continúan respaldando a Israel. Tenemos la obligación de asegurarnos de que los niños Baker y todos los niños, mujeres, ancianos y civiles, atacados y asesinados por las fuerzas israelíes, no sean olvidados”.
