Ni vuelta atrás ni perdón posible. Según publica el Observatorio de derechos humanos Euro-Med, la potencia destructiva arrojada sobre Gaza durante los últimos nueves meses multiplica por mucho la que sufrió Hiroshima. Israel ha lanzado unas 80.000 toneladas de explosivos fabricados por el Mundo libre[1] sobre una zona tres veces menor que la ciudad japonesa.
Miles de cadáveres siguen enterrados bajo los escombros.
Desde octubre de 2023, el Estado español ha comprado armamento a Israel por valor de mil millones de euros.
En nueve meses ha dado tiempo a consumar todas las fases y cruzar todas las líneas rojas que Israel, sus socios, sus cómplices, sus protectores y sus rehenes geopolíticos llevaban décadas cruzando. The Lancet acaba de publicar una estimación “a la baja” de 186.000 cadáveres (el 8% de la población) en Gaza aplicando a estos nueves meses una proyección de la muerte generada por otras “guerras” –todas ellas con niveles de ensañamiento y crueldad mucho menores.
Nuestras autoridades siguen repitiendo que (primero) “esto es una tragedia, un drama, porque está muriendo mucha gente” (¿cayó un caprichoso meteorito llegado de una galaxia ignota?), que (segundo) “hay que pensar en cómo ayudar cuando todo esto pase” (¿y el cráter del meteorito se enfríe?) y que (tercero) “está muy bien que en la universidad haya pensamiento crítico” (pero que los meteoritos son así y no nos pongamos estupendos con lo de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio).
Las tres citas son extractos literales de un sinnúmero de interlocutores. Traducimos: (primero) prohibido usar las palabras adecuadas para nombrar los hechos y a sus responsables; (segundo) podéis esperar una cierta dosis de gesticulación humanitarista y declaraciones vacías, pero olvidad la idea de respetar las obligaciones derivadas de la legalidad internacional y los principios y cláusulas de respeto a los derechos humanos establecidas por nuestras propias instituciones; y (tercero) qué majas y majos sois, a nosotros también nos dan penita los bebés muertos, aunque sean sólo los cachorros de esos violentos semi-humanos prescindibles que amenazan nuestros valores.
Llevamos meses presenciando este ejercicio de violencia simbólica brutal, escuchando estas mismas palabras de boca de tantos y tantos representantes institucionales de distinto nivel, soportando su falta de respeto a la legalidad y conviviendo con sus flatulencias intelectuales. Y nueve meses es más que demasiado para seguir haciéndose los ofendiditos. La institución que no quiera ser señalada como cómplice de la ocupación, el apartheid, la limpieza étnica y el genocidio, que respete con sus actos el derecho internacional y siga haciendo todo lo posible para no serlo.
Este requisito tan obvio venía siendo válido desde décadas antes del 7 de octubre. Ahora es simplemente irreversible. Tocará asumir las consecuencias, porque habrá consecuencias de todo orden. El karma de la descolonización es así. Como señalábamos hace unas semanas, las palabras de Aimé Césaire nos avisan: […] una nación que justifica la colonización (y por tanto la fuerza) es ya una civilización enferma, una civilización moralmente minada que, irremisiblemente, […] clama por su Hitler, o sea, por su condena.
Sí hay, sin embargo, muchísimo que hacer
Tras nueves meses de genocidio y seis décadas de ocupación, la Universidad de Zaragoza y/o sus instituciones adscritas mantienen tres proyectos de investigación en los que participan instituciones israelís: INSIDE-HEART, de cuyo consorcio forman parte la Universidad de Zaragoza y el Israel Institute of Technology (Technion); JUST STREETS, en el que participa la Fundación CIRCE[2] (junto al Ayuntamiento de Zaragoza) con Technion y el Ayuntamiento de Haifa; y BeeGuards, con la Universidad de Zaragoza y The Agricultural Research Organisation of Israel (ARO) del Ministerio de Agricultura israelí.
Como hicieron patente el pasado mayo en su carta conjunta, TODAS las universidades israelís se han alineado con las acciones de su gobierno y negado a condenar el genocidio. Para evitar los despistes más contumaces, nuestras compañeras de la Universidad Complutense han elaborado este apabullante dossier. Algunas instituciones tienen un papel especialmente activo y destacable en ese ecosistema criminal, como por ejemplo Technion, Instituto de Investigación que lleva tiempo siendo denunciado por colaborar activamente con el ejército israelí. Académicos italianos señalaron hace ya casi diez años a Technion como uno de los principales proveedores de tecnología a la industria militar por su participación en el desarrollo de armamento y en la formación de mandos de inteligencia, ejército e industria militar. Technion lideró el desarrollo del sistema de control remoto del Buldozer Caterpillar D9 utilizado por el ejército israelí para demoler las casas de la población palestina y empleado de nuevo desde octubre para arrasar Gaza. En 2003, el entonces portavoz de Technion declaró en la presentación de este sistema de control remoto: “esta innovación hará que el bulldozer pueda ser controlado a distancia y aunque esté bajo ataque, permitiendo que el piloto permanezca fuera de su alcance. En la actualidad, los conductores de bulldozers se enfrentan a grandes riesgos cuando derriban edificios donde se esconden terroristas o cuando intentan abrir carreteras”.
Otro ejemplo de la participación de Technion en el genocidio es su estrecha colaboración con Elbit Systems, principal compañía armamentística israelí y fabricante de los drones utilizados por las fuerzas de ocupación para bombardear Gaza.
Los tres proyectos citados tienen un coste total de más de 18 millones de euros procedentes de alguna de las convocatorias mediante las cuales la Comisión Europea financia proyectos de investigación desarrollados por instituciones europeas. Aunque la Universidad de Zaragoza no dirige ninguno de esos tres proyectos ni es el socio que más fondos recibe, la suma de los tres asciende a 1.240.342 euros. Por su parte, los partners israelís reciben en conjunto 554.055,00 euros. Pese a no pertenecer a la UE, Israel es socio habitual de las instituciones que participan en las convocatorias de la Comisión Europea, séptimo país que más fondos recibe y primero de los no pertenecientes a la Unión. Sólo del Programa Horizonte Europa (2021-2027), el mayor programa de financiación en vigor, Israel ha recibido más de 600 millones de euros.
Gestos, mentiras y cláusulas: “lo de respetar los derechos humanos”
El artículo 16 del Acuerdo 2021/695 del Parlamento y el Consejo de Europa, de 28.04.2021, que regula las convocatorias de financiación de la Comisión exige que los terceros países que participen en sus convocatorias respeten los derechos humanos. Ojo al chiste: que para cooperar con Europa hay que ser un país civilizado y democrático, comoquiera que se entienda eso. Y para disipar toda duda, el artículo 19 del mismo acuerdo recoge explícitamente que las instituciones participantes deben cumplir la legislación internacional y respetar la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y menciona explícitamente que “se prestará especial atención al principio de proporcionalidad, al derecho a la intimidad, al derecho a la protección de los datos de carácter personal, al derecho a la integridad física y psíquica de la persona, al derecho a la no discriminación y a la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente y unos niveles elevados de protección de la salud humana”. Después de años y años de violación de esa condicionalidad, ¿tampoco podemos tomarla en serio ahora que se consuma un genocidio anunciado, retransmitido y normalizado, con aroma a solución final? ¿No podemos o no queremos? ¿Acaso somos personajes de una tragedia en la que la cruel fatalidad nos maniata? ¿O somos un hatajo de miserables colaboradores nacidos y socializados en la muy colonial cultura de la matanza externalizada? Disculpad por resumir el dilema en términos que suenan a cuestión moral.
En realidad nunca se trata de una cuestión moral. Basta ya de invocar valores. Con una causa abierta en la Corte Internacional de Justicia, una orden de detención desde la Corte Penal Internacional contra (entre otros) su primer ministro, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y los informes de todos los expertos competentes en las diferentes oficinas de NNUU, sólo una razón puede justificar que las instituciones israelís sigan participando de ese marco regido por la Comisión Europea: permitir la participación de instituciones que colaboran activamente en el genocidio de un pueblo mientras se agita la bandera de la ética de la investigación y de su implementación en todos los niveles de los proyectos.
Insistimos: no es comprensible la inacción de instituciones como la Universidad de Zaragoza, que siguen formando parte de proyectos de investigación en los que participan las instituciones de un régimen de ocupación y limpieza étnica que ahora consuma su esencia genocida[3]. Es falso el argumento de que “la universidad no puede hacer nada”, como repugnante es el pretexto de que mover un dedo nos haría “perder mucho dinero” –ambos empleados por diferentes miembros del gobierno de Unizar durante los últimos meses. La propia normativa Europea permite la salida justificada de un miembro del consorcio y la expulsión de algún miembro si así lo solicitan los coordinadores del proyecto. Por ejemplo, la normativa reguladora del Programa Horizonte Europa (2021-2027) recoge en su artículo 32 los protocolos para que un socio salga de un proyecto financiado por la comisión, lo que implica, por supuesto, que dicho socio no recibirá los fondos que la Comisión había acordado darle por aquellas tareas que no va a realizar, pero no se recoge ningún tipo de sanción por la salida. De hecho, los coordinadores del proyecto pueden pedir la salida de un beneficiario en cualquier momento. Sólo deben justificar esa petición, y estar colaborando en un genocidio o viviendo una situación de amenaza que (como declararon los rectores de las universidades israelís) perturbe profundamente el funcionamiento de la institución, “obligue” a sus estudiantes a unirse al frente e impida a trabajar a sus investigadores son razones de peso (sobre todo la primera) para un cambio en los miembros del consorcio que compone cada proyecto.
La estrategia del disimulo que parece seguir la Universidad de Zaragoza no se encuentra entre las opciones válidas, pues el citado artículo 14 de la regulación del programa Horizon aclara que las instituciones participantes deben “comprometerse y garantizar el respeto de los valores básicos de la UE –como el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías”. Ese deber no sólo interpela a las instituciones de un estado que impone una ocupación de asentamiento, perpetra una limpieza étnica o comete genocidio, sino también al resto de instituciones del resto de estados, pues todas ellas están obligadas a cumplir las normas inspiradas por esos valores y ese compromiso. El mismo artículo 14 establece que violar esos principios supondrá que los beneficiarios del programa serán sancionados con una reducción de la dotación económica concedida. Sobre el papel de la norma y tras nueve meses de genocidio, la inacción de la Universidad de Zaragoza en materia de respeto a los derechos humanos es lo que realmente podría exponer a sus investigadoras e investigadores al riesgo de perder la financiación que sostiene sus investigaciones y empleos.
¿Qué tal si probamos a respetar las normas que suscribimos? ¿O mejor nos dejamos de pamplinas y, para no tener que seguir disimulando, retiramos cualquier alusión a los derechos humanos de las cláusulas de los acuerdos euromediterráneos, los programas de cooperación o los estatutos de nuestras universidades?
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Notas:
[1] Ésa es la verdadera definición de libertad que lleva siglos caracterizando “nuestro mundo libre”: la muy soberana libertad de dar muerte para ocupar, saquear y someter.
[2] Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, “privado” y “sin ánimo de lucro”, creado en 1993 por la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y Endesa, con sede en el Campus Río Ebro de Unizar. Junto a los tres miembros fundadores, su patronato cuenta con el Grupo Samca, Taim-Weser, Grupo Cuerva, Grupo Térvalis y Merytronic. Según su web “como centro de investigación, conocemos de primera mano todos los retos a los que se enfrenta la I+D+i a nivel nacional e internacional. Por ello, buscamos constantemente alianzas con otros centros tecnológicos y universidades de todo el mundo para llevar a cabo proyectos que de forma unilateral no sería posible. Gracias a esta estrecha colaboración, en la que cada centro o universidad aporta su experiencia en un determinado campo científico, podemos participar en los principales programas de financiación a la investigación”.
[3] Albanese, Francesca (2024). Anatomy of a Genocide. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. A/HRC/55/73. 26.02-5.04.2024; p.3.
Más información del genocidio en Palestina en este especial.
