La masacre del Estado sionista sobre Gaza destaca entre los crímenes de occidente sobre el Sur global. La continua violación de los DDHH en Gaza nos indigna por muchos motivos. Sólo las palabras genocidio y limpieza étnica dan respuesta a una escala de destrucción y asesinatos concentrada en una superficie de escasos 360 km2 y sólo comparable a los episodios más sangrientos de la II Guerra Mundial. Nos indigna por la transparencia, la accesibilidad y la cotidianidad con la que se asume y normaliza la masacre. Nos indigna por la hipocresía y el doble rasero con que las democracias liberales apartan su mirada. Nos indigna porque apuntala y exporta al mundo la consolidación del imperialismo y el colonialismo sin contención alguna.
La masacre en Gaza acecha a todos los pueblos desechados por el imperialismo y el colonialismo. Lo que vemos en Gaza es un ensayo del porvenir. Gaza nos habla de una realidad global.
Si el respeto de los derechos humanos es un principio universal, el Derecho Internacional debe ser efectivamente aplicado en el caso de todos los pueblos oprimidos, precarizados y condenados. Por hermosas que sean sus declaraciones, los derechos sólo existen si se materializan.
La causa palestina es una cuestión universal que funde ética y derecho, pues el Derecho Internacional dice responder a principios éticos de solidaridad entre naciones y nunca a un compromiso caritativo que viola la dignidad humana, como expuso Ghassan Abu Sitta, rector de la Universidad de Glasgow, en su conferencia en la Universidad de Valencia el 4/06/2024.
La causa palestina exige ejercer una solidaridad completa, no fingir solidaridades selectivas o flexibles. En palabras de nuestro compañero Rodrigo Karmy, “la resistencia palestina abre una ética en el sentido de poner en juego una experiencia común en la que algo así como un mundo vuelve a ser posible y cuyo nombre pasa por el término SOLIDARIDAD”.
Los estados terceros sí tienen obligaciones ante la violación del derecho internacional por Israel. No pueden legalmente eludir estas obligaciones
La opinión consultiva de la CIJ de 19/07/2024 volvió a confirmar que la política ilegal israelí de ocupación de los territorios palestinos viola el derecho fundamental a la autodeterminación y la prohibición de la segregación racial, el apartheid y la anexión de territorios por la fuerza.
Ese pronunciamiento de la CIJ afirma también que todos los estados están obligados a no reconocer la situación ilegal, no contribuir directa o indirectamente a su mantenimiento y cooperar con la ONU y el derecho internacional para ponerle fin.
Los estados deben cumplir y hacer cumplir esta opinión consultiva y las resoluciones previas de la ONU sobre la política israelí en dichos territorios. Acabar con la ocupación ilegal es una obligación debida por todos los estados a Palestina y a la comunidad internacional en su conjunto (erga omnes - hacia todos), dado el carácter básico del derecho violado por Israel. El derecho de autodeterminación palestino es, pues, un derecho de toda la comunidad internacional, que nos implica ética y (tras la opinión consultiva) jurídicamente. Su violación lesiona a todos y todas.
Para cumplir esa orden de la CIJ, los estados deben revisar sus vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Israel, incluyendo las relaciones de negocios, fianzas, fondos de pensiones, ONGs y relaciones académicas. También deben difundir las conclusiones de la CIJ para que en todos los niveles de la administración se comprenda plenamente que la presencia y las acciones de Israel en los territorios palestinos son ilegales, cuestión que debe ser reflejada en documentos públicos y en los sistemas educativos.
Por lo tanto, las universidades españolas tienen obligaciones legales ante la violación del derecho internacional por Israel. No pueden ser cómplices y deben romper relaciones
Queda claro que el boicot institucional a todas las universidades israelíes no es sólo una opción legítima sino una medida obligatoria para todos los estados, como afirmó la CIJ en julio de 2024.
Las obligaciones de terceros países derivadas de esa opinión consultiva de la CIJ (entre otros posicionamientos de los tribunales internacionales) implican a las administraciones estatales y por ende a las universidades. Como entidad con autonomía en un estado que suscribe el derecho internacional, toda universidad debe alinearse explícitamente con éste.
Las universidades, que son centros de transmisión de conocimiento y valores universales, deben formar personas que se orienten éticamente en la dignidad del otro. Están obligadas a formar ciudadanos y no sólo técnicos, en formar en principios éticos que fundamentan la dignidad de las personas, no basados en principios museísticos, sino dialógicos. También deben enmarcar sus actividades y relaciones en la obligación primera de no cooperar con las violaciones del derecho internacional e impedirlas activamente.
El derecho internacional no se cumple solo; sólo se cumple cuando sus normas se traducen en hechos. La pasividad o inacción ante una violación del derecho internacional puede convertir a la universidad en cómplice.
Por eso la universidad debe rechazar explícitamente la violación del derecho internacional por Israel e impedir su normalización. También está obligada a cumplirlo y hacer que sus socios lo cumplan como condición para establecer o mantener sus relaciones. Es ineludible interrumpir toda colaboración con universidades, entidades y empresas que faciliten, toleren o se beneficien de violaciones del derecho internacional.
Las universidades están obligadas a introducir la llamada “cláusula esencial” relativa a asegurar el cumplimiento de todos los aspectos del derecho internacional, tanto en su código ético de investigación como en todas las relaciones académicas y económicas con universidades, entidades y empresas.
Esa cláusula esencial, que obliga tanto a individuos como a instituciones, implica rechazar la premisa falsa de que la financiación de la educación y la investigación no tiene relación alguna con las obligaciones éticas y jurídicas de la universidad. También comporta que la universidad ponga en práctica lo que proclama e integre en todas sus actividades y relaciones el pensamiento crítico, analítico y solidario que dice promover.
Como señala la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel [PACBI] nacida en 2004, “la academia israelí ha participado en el establishment político-militar hegemónico en Israel y, sin menospreciar los esfuerzos de un puñado de académicos con principios, está profundamente implicada en sustentar y perpetuar la negación sistemática de los derechos de los palestinos”. La Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, ha desarrollado decenas de sistemas de armamento, así como la “doctrina Dahiya” o de fuerza desproporcionada, empleada por el Ejército israelí para cometer crímenes de guerra contra la población civil palestina y libanesa. Esta complicidad está ampliamente documentada.
La colaboración continúa durante el genocidio: desde octubre de 2023, las universidades públicas israelíes han salido en bloque (noviembre de 2023 y mayo de 2024) a defender la actuación de su ejército y su estado en al menos dos ocasiones, con evidente intención de justificar el genocidio ante la opinión pública internacional, criticando veladamente a las voces disidentes y sin atisbo de condena de las masacres. Su segunda misiva, directamente dirigida a la CRUE española, fue publicada cuando las pruebas del genocidio eran ya flagrantes.
En sus directrices sobre este boicot como forma de presión a Israel, PACBI propone la ruptura de relaciones académicas de institución a institución y no contra investigadores a título individual, inspirándose en el aislamiento internacional a que fue sometida la academia sudafricana durante el apartheid.
Más información del genocidio en Palestina en este especial.
