Nuestro compañero Joseph Massad, profesor en Columbia, explica con ironía que “la razón de la actual ‘violencia’ en Israel y Palestina no es causa del colonialismo israelí, en absoluto, es más bien una consecuencia directa de una mala traducción”. Mientras el colonialismo se impone y extiende mediante ocupación, dominación, robo de tierras, saqueo de recursos, segregación, expulsiones, cárcel, tortura y masacres, su relato repite que “colonialismo es paz” y “anticolonialismo es guerra”, como Orwell en 1984. El lenguaje se convierte así en un arma que sostiene, legitima y naturaliza la dominación colonial y su consumación en forma de genocidio.
Por eso el propósito de este documento es doble: por una parte, señalar los hechos más importantes acontecidos en ese lugar del mundo llamado Palestina y sus diferentes territorios ocupados, hechos a menudo omitidos o presentados de manera parcial en el discurso público y mediático. El segundo propósito es examinar los términos y expresiones empleados para hablar de esa realidad histórica, así como sus doctrinas o marcos interpretativos de referencia. Aquí cuestionamos y corregiremos, si es necesario, esos términos de manera argumentada. El objetivo último es mejorar nuestro conocimiento de la realidad histórica y actual de (la ocupación de Israel en) Palestina y de (Palestina bajo ocupación de) Israel, para poder comunicarla con rigor.
Israel no tiene derecho a defenderse. No existe el derecho a la defensa de una potencia ocupante
De hecho, una potencia ocupante no tiene “derechos” sino obligaciones: "a devolver la tierra, los huertos, los olivares y otros bienes raíces confiscados a cualquier persona física o jurídica … a cesar su violación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, poner fin a su ocupación de los territorios palestinos y reconocer el Estado de Palestina. Y proporcionar reparación".
Existen múltiples resoluciones de Naciones Unidas en las que se exige el cese de cualquier acción armada contra los pueblos dependientes (Resolución 1514 de 1960) y se reconoce explícitamente el derecho de los pueblos bajo dominación colonial a utilizar cualquier medio a su alcance, incluida la lucha armada, para resistir la ocupación y alcanzar la independencia (R2649 de 1970). Incluso se habla específicamente de la vulneración de los derechos inalienables del pueblo palestino y de los repetidos actos de agresión de Israel contra los pueblos de la región (R37/43 de 1982).
Estas resoluciones y los principios de la Carta de la ONU en su artículo 1(2) (esa Carta que el embajador israelí trituró en el propio estrado de la asamblea en mayo de 2024) son la base legal de la legítima resistencia contra toda ocupación colonial, especialmente cuando el objetivo es la autodeterminación y la independencia.
Según las resoluciones R3070 de 1973 y R45/130 de 1990 y el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (1977), los Estados reconocen a los pueblos sometidos bajo dominación colonial o extranjera la legitimidad de oponer ‘resistencia’, incluida la lucha armada, a las medidas de fuerza que los priven de su derecho a la libre determinación.
demás, el Derecho internacional define la expansión de los asentamientos (y con ellos de la dominación colonial) como un crimen de guerra, lo que implica que Israel está obligado, como potencia ocupante, a respetar los derechos humanos en los territorios ocupados y a velar por la integridad de todas las personas que están bajo su control efectivo debido a la ocupación.
Conclusión: como cualquier población en esas circunstancias y bajo esa misma agresión, son las y los palestinos quienes tienen sobradamente reconocido el derecho a defenderse ante la violación de sus derechos.
Es un sinsentido decir que una potencia ocupante que lleva 76 años ejecutando una limpieza étnica en Palestina pueda estar “defendiéndose” ante la población agredida. Es falso, pues, que Israel tenga “derecho a defenderse”. Sólo los palestinos tienen derecho a defenderse. Cualquier otra conclusión es una invención sin fundamento legal.
Israel no es una democracia porque, entre otras cosas, practica el “apartheid” y la limpieza étnica de los palestinos
Los medios de comunicación occidentales han construido un relato en el que el Estado sionista israelí aparece como la “única democracia de la región”. Sin embargo, los hechos cuentan otra cosa.
Para empezar, el Estado se declara confesional: un Estado para “los judíos”. Una curiosa “democracia” en la que “uno debe ser judío para tener derechos civiles plenos” (HaimBresheeth-Zabner). Es el único Estado sin fronteras legalmente establecidas en una constitución o texto equivalente. Promulga leyes discriminatorias y supremacistas que consideran a los judíos una raza superior. Practica el apartheid discriminando a la población no judía según su etnia o su religión. La discriminación se extiende también a los cristianos, incluso a los judíos que se opongan al apartheid y al sionismo.
Israel ha promulgado varias leyes para asegurar y proteger a los colonos que usurpan las tierras palestinas y asegurar el dominio de los ciudadanos judíos. Mientras niega el derecho inalienable de los palestinos expulsados de sus tierras en 1948 (Res 194 ONU), ha promulgado una “ley de retorno” que otorga automáticamente la ciudadanía israelí a cualquier judío del mundo que lo solicite, dondequiera que viva o haya nacido.
Desde su creación, Israel ha practicado la expansión territorial alentando el asentamiento de colonos judíos, creando cinturones de judaización para separar pueblos y ciudades palestinas, secando fuentes de agua, demoliendo casas palestinas, aplicando el castigo colectivo, bombardeando pueblos, encarcelando sin juicio y torturando.
Numerosos informes de relatores de la ONU y organismos de derechos humanos, incluidas organizaciones israelíes, documentan más de 200 métodos de tortura empleados contra los palestinos.
Israel vive y funciona en la más absoluta e impune ilegalidad desde su fundación
Desde el origen de su existencia (15/05/1948), Israel ha incumplido 78 resoluciones de la ONU, lo que equivale a decir que suma más resoluciones incumplidas que los otros 192 países del planeta juntos.
Sumemos los 46 vetos de EEUU a las resoluciones condenatorias del Consejo de Seguridad, más el silencio y la complicidad de la Unión Europea. Ni uno solo de los 30 Derechos Humanos se ha cumplido en Palestina desde la proclamación de la Declaración Universal el 10/12/1948. Según esta carta, el pueblo palestino tiene derecho a ejercer su libre autodeterminación, al desarrollo económico, social y cultural. Un derecho a vivir libre que nunca ha existido, por mucho que la Resolución 242 (1967) de la ONU exija la retirada de la ocupación israelí.
La violencia ejercida por las fuerzas de ocupación se manifiesta en la destrucción sistemática de instituciones públicas: centros educativos en todos los niveles y matanzas del personal cualificado en todas las áreas — cuerpos sanitarios, profesores, personal de investigación...
Confiscando tierras y construyendo asentamientos ilegales, las Fuerzas de Ocupación Israelíes [FOI] y los grupos de colonos armados han restringido gravemente la movilidad, el acceso al agua y otros recursos del pueblo palestino en su propia tierra. Además de la destrucción de la franja de Gaza y el desplazamiento forzoso de los gazatíes, la ocupación israelí impide el acceso al agua a más de 660.000 palestinos sin acceso a agua corriente o con suministro inadecuado en Cisjordania.
Los expulsados de sus tierras en 1948 y sus descendientes tienen reconocido el derecho inalienable a volver a sus hogares si lo desean (Resolución 194, 1948), pero no se les permite ni movimiento ni volver al lugar de origen, lo que resulta en otra violación del artículo 13(2) de la DUDDHH: “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a su país”.
La ocupación de los territorios palestinos por las fuerzas militares de Israel es ilegal, destruye las condiciones de vida de la población, la somete a asedio, le impide construir viviendas e infraestructuras, la priva de educación y atención sanitaria, y la mantiene en niveles de pobreza extrema.
En 2007, el relator especial de la ONU para los territorios palestinos calificó la situación como “holocausto palestino”.
Su sucesora Francesca Albanese habla de genocidio y pide que se investigue a los países que apoyan al estado de Israel por complicidad con éste.
Más información del genocidio en Palestina en este especial.
