Izquierda Unida trasladará al Pleno de las Cortes de Aragón su preocupación por el bloqueo del proyecto de Orden por la que se establecen los modelos de actuación para la atención educativa inclusiva de todo el alumnado, las funciones del profesorado especialista y la dotación de recursos personales necesarios en los centros docentes públicos.
“El procedimiento de elaboración se inició en abril de 2019 y se ha quedado bloqueado en la presentación de alegaciones, cuyo plazo acabó en septiembre de 2019”, señala el Coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, quien este miércoles preguntará al consejero de Educación, Felipe Faci, por los plazos que se plantea para su aprobación antes de que termine esta legislatura.
“El Gobierno de Lambán ha tenido toda una legislatura para abordar esta cuestión fundamental porque la inclusión es un objetivo ineludible en el ámbito educativo”, denuncia el diputado. Cabe recordar que en Aragón se habló de cuatro Órdenes para generar el marco que posibilite su implantación efectiva y ya se han aprobado tres, pero la 4ª Orden de inclusión, la que especifica la dotación de recursos, sigue paralizada.
Según el líder de IU en Aragón, implantar la inclusión sin recursos para ello es una “sobrecarga” para los centros, dificulta realmente su implantación y la atención al alumnado. Además, la inclusión sin los orientadores necesarios para detectarla de forma precoz y sin explicitar recursos para abordarla con garantías desde los centros educativos indica que “no es una de las prioridades” de este Gobierno.
Asimismo, resulta “significativo” que el Decreto paralizado sea el que dota de recursos, es decir, “el que pone de manifiesto el compromiso real de la Administración con esta cuestión”, asevera Sanz que cree que es fundamental que “la 4ª Orden se desarrolle y se sincronice con los presupuestos de forma que el apoyo a esta labor indispensable sea real”.
En el compromiso de IU Aragón con los centros en desventaja, centros que acumulan alumnado con necesidades, Sanz apunta como imprescindible “especificar” de qué recursos adicionales se les dota como premisa básica para mejorar la calidad educativa.
Por último y en coherencia con lo vivido, desde la formación política y social reclaman al Ejecutivo aragonés que revise el borrador presentado en 2019, incorpore lo aprendido en pandemia y reabra un periodo de alegaciones que lo enriquezca en unos plazos de tiempo razonables que posibilite su implantación progresiva en este curso escolar.
