La expansión acelerada de los centros de datos en Aragón sigue sumando contestación política frente al modelo impulsado por el Gobierno de Jorge Azcón (PP-Vox). Izquierda Unida y Chunta Aragonesista han presentado esta semana dos iniciativas diferentes pero con un diagnóstico compartido: faltan límites, planificación, transparencia y un debate público sobre el impacto real de una industria que reclama enormes cantidades de energía, agua y territorio.
IU llevará al próximo Pleno de las Cortes una propuesta para crear una Comisión de Estudio sobre la implantación de estas infraestructuras. CHA, por su parte, ha registrado 25 alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal que regulará los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos.
Las iniciativas llegan en pleno debate sobre el modelo elegido para Aragón, donde el Ejecutivo PP-Vox ha situado los centros de datos entre sus principales apuestas económicas y ha utilizado reiteradamente la figura de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) para facilitar su implantación.
IU alerta de una “nueva burbuja”
La portavoz de IU Aragón y coordinadora general de la organización, Marta Abengochea, considera “imprescindible” recuperar una Comisión de Estudio que permita conocer las consecuencias económicas, laborales, energéticas, hídricas y territoriales del despliegue.
“Si, como sostiene el presidente Azcón, sobre los centros de datos va a pivotar el futuro de Aragón, lo mínimo es que la ciudadanía pueda saber exactamente de qué estamos hablando”, sostiene Abengochea.
IU reclama superar la “opacidad” y los “titulares inflados o de fantasía” y someter las promesas asociadas a estas inversiones al contraste con sus resultados reales.
Abengochea pone como ejemplo los centros de Amazon anunciados durante el Gobierno de Javier Lambán para Uesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Galligo. Según los datos aportados por IU, frente a los 1.500 empleos anunciados inicialmente, los tres centros apenas alcanzarían actualmente unos 200 puestos de trabajo.
La cuestión laboral cobra especial relevancia después de que, como ha publicado AraInfo, la Fundación Basilio Paraiso, impulsada por la Cámara de Comercio de Zaragoza, haya reducido de 3.150 a 1.996 su estimación más prudente de empleos directos durante la fase operativa de los centros de datos, pese a que la inversión contemplada haya pasado de 47.000 a 70.000 millones de euros.
IU cifra actualmente en 34 los proyectos en desarrollo o en distintas fases de tramitación y advierte del riesgo de repetir dinámicas conocidas con el despliegue masivo de renovables.
“Tenemos experiencia suficiente con el desarrollo masivo de las renovables como para preguntarnos si nos encontramos ante una nueva burbuja. Sabemos quiénes suelen beneficiarse de estas burbujas y también que constituyen un terreno abonado para la especulación y la corrupción”, afirma Abengochea.
Los PIGA, de excepción a norma
IU cuestiona especialmente el uso de los PIGA para facilitar proyectos promovidos por grandes compañías privadas. Para Abengochea, deberían ser mecanismos “extraordinarios y muy justificados”, pero se están utilizando para “privilegiar proyectos que el mercado ya impulsa por sí mismo”.
La formación señala también las restricciones o moratorias adoptadas en diferentes territorios de Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Gran Bretaña o Singapur y enumera entre los impactos a estudiar el consumo energético e hídrico, la ocupación de suelo, las islas de calor y la escasa generación de empleo respecto al volumen de inversión y recursos empleados.
Como comparación, IU sostiene que la planta de Mercedes en Gasteiz consume trece veces menos electricidad que un centro de datos y genera alrededor de 6.000 empleos directos.
La Comisión de Estudio no sería una experiencia nueva. En abril de 2025, las Cortes aprobaron por unanimidad la creación de una Comisión Especial de Estudio sobre la implantación de centros de procesamiento de datos y su impacto en Aragón. Su objeto era elaborar un dictamen con medidas destinadas a maximizar sus beneficios y reducir sus efectos negativos, y debía finalizar sus trabajos seis meses después de constituirse.
Ahora IU pretende recuperar aquel instrumento. “No queremos convertirnos en la próxima Virginia de Europa. No se puede hurtar a la ciudadanía un debate tan importante y estratégico como el de los centros de datos”, concluye Abengochea.
CHA pide señalar las zonas donde no puedan instalarse
Mientras IU dirige su iniciativa hacia las Cortes de Aragón, CHA ha puesto el foco en la regulación estatal. La formación aragonesista ha presentado, con la firma de su presidente, Jorge Pueyo, 25 alegaciones al proyecto de Real Decreto elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
CHA valora que el Estado pretenda “establecer requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital”, pero considera el texto “poco ambicioso e inconcreto” ante los impactos que puede provocar la expansión de estas infraestructuras.
Una de sus principales propuestas es elaborar un mapa territorial de concentración de centros de datos, tanto construidos como proyectados, que permita identificar las zonas sometidas a mayor presión.
Ese mapa debería incorporar la disponibilidad de suelo, energía y agua y servir para establecer, mediante criterios ambientales y científicos, zonas donde no se permita instalar nuevos centros de datos cuando los recursos disponibles no puedan soportarlos.
CHA pretende evitar así que Aragón termine convertido en “territorio de sacrificio”, también por las necesidades eléctricas de estas instalaciones. La formación advierte de que su expansión puede provocar una nueva oleada de macroparques eólicos y solares y aumentar nuevamente la ocupación del territorio.
Agua, ruido, calor y distancia de las viviendas
Las alegaciones van más allá del consumo eléctrico. CHA propone regular específicamente la calificación urbanística de los terrenos destinados a centros de datos y establecer distancias mínimas respecto a núcleos urbanos, zonas residenciales y espacios naturales periurbanos.
La formación menciona expresamente los Pinares de Venecia de Zaragoza, donde la oposición al proyecto de Microsoft ha situado el impacto de estas infraestructuras en el centro del debate vecinal.
También reclama evaluar y mitigar el ruido continuo, contemplar el efecto de isla de calor, reutilizar el calor residual y obligar a implantar planes de reciclaje y recuperación de los componentes electrónicos tanto de los centros de datos como de las instalaciones renovables destinadas a alimentarlos.
CHA reclama asimismo que la regulación incorpore indicadores sobre creación de empleo, consumo de agua y reutilización del calor para evaluar los beneficios económicos y sociales que dejan estas inversiones.
Soberanía digital frente a las multinacionales
Otro de los ejes de las alegaciones es la soberanía digital. CHA pide controles efectivos, más medios humanos y materiales para ejercerlos, prioridad para empresas europeas, equipamiento y software diseñado o fabricado en la Unión Europea y garantías frente a la transferencia de datos fuera de territorio comunitario.
Las propuestas de IU y CHA se suman así a las alegaciones presentadas durante las últimas semanas por organizaciones ecologistas y colectivos sociales, que han reclamado reforzar un Real Decreto que consideran insuficiente frente al consumo de agua y electricidad y los impactos acumulativos de estas infraestructuras.
El debate discurre precisamente en dirección contraria a las exigencias del Gobierno de Aragón. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha reclamado una “revisión integral” de la regulación estatal al considerar que algunas de sus exigencias pueden comprometer las inversiones anunciadas en Aragón. Frente a esa presión para rebajar requisitos, las nuevas iniciativas de IU y CHA reclaman más control público, límites territoriales y capacidad política para decidir cuántos centros de datos puede asumir Aragón, dónde pueden instalarse y a cambio de qué beneficios reales para el territorio.
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