Las trabajadoras y trabajadores públicos temporales de Aragón “en fraude de ley” retoman las movilizaciones contra el denominado ‘Icetazo’, y participarán mañana sábado, 25 de septiembre, “en una gran manifestación convocada en Madrid bajo el lema ‘No somos de usar y tirar’, para reclamar que el proyecto de Ley que va a fijar los criterios para la reducción de temporalidad en las administraciones públicas, en fase de tramitación, asuma definitivamente la obligación de transponer la Directiva europea”.
Una situación en la que se ven afectadas más de 20.000 personas en Aragón -y unas 800.000 empleadas públicas en el Estado español-, que reclamarán que “se estabilice a los trabajadores en fraude de ley que llevan más de tres años de servicio como temporales, y entre tanto paralice los procesos selectivos en marcha”.
Las organizaciones sindicales convocantes con el apoyo de una cincuentena de asociaciones, sindicatos y plataformas de interinos e interinas, entre ellas AytOsca del ayuntamiento de Uesca, PTTAZ del Ayuntamiento de Zaragoza, Intersindical ISTA, de la que forma parte STEPA, CATA, SOA-STA, e Intersindical de Aragón- COBAs, . reclaman cambios en el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que actualmente está en fase de presentación de enmiendas en el Congreso, “para alcanzar la estabilización de las plantillas conforme a la legislación europea, de manera que se consolide al personal en situación de abuso de la temporalidad, facilitando alcanzar el objetivo de reducir la temporalidad al 8 %, a coste cero y manteniendo al personal con amplia experiencia en el servicio público”.
El pasado julio, el Consejo español de Ministros aprobó estas medidas urgentes como Real Decreto-ley 14/2021. Sin embargo, el texto presentado por el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, suscitó “un rechazo total, ya que sigue sin cumplir con la Directiva europea que obliga a resarcir a los empleados que llevan años e incluso décadas trabajando para las distintas administraciones con contratos temporales, una práctica totalmente inspeccionada y sancionada en la empresa privada”, recuerdan desde STEPA.
El Real Decreto fue convalidado por el Pleno del Congreso, con el apoyo in extremis de Podemos y ERC, con la condición de introducir en la ley algunas reivindicaciones de los interinos e interinas, aunque las anunciadas son “totalmente insuficientes y contradictorias”.
“En el inicio de este trámite, los sindicatos convocantes reclaman a los partidos políticos que traten el tema con rigor y responsabilidad, ya que tienen en sus manos resolver un problema social que afecta a miles de familias en la actualidad y poner las medidas necesarias para que las administraciones no vuelvan a abusar de la contratación temporal para cubrir puestos estructurales”, recuerdan, y añaden que “la propuesta del gobierno socialista de Pedro Sánchez para reducir los inasumibles porcentajes de temporalidad en las administraciones pasa por cesar sin indemnización alguna a los abusados y convocar nuevos procesos selectivos vulnerando las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en las que se determina no solo que las administraciones públicas españolas llevan más de veinte años incumpliendo la Directiva 99/70/CE, que obliga a que las plazas para atender necesidades permanentes sean cubiertas con personal fijo, sino que además sacar estas plazas a oposición no basta, porque ni compensa a las víctimas del fraude de temporalidad ni castiga a los responsables del abuso y que una indemnización al cese no parece, por sí sola, adecuada como sanción”, relatan.
STEPA y el resto de organizaciones demandan “la estabilidad laboral de las personas en fraude de ley mediante fijeza directa, o conversión en personal fijo a extinguir, o por concurso de méritos restringido de los trabajadores con más de tres años en situación de abuso, por ser soluciones sin coste y que aprovechan un personal que ha demostrado su competencia en el servicio a los ciudadanos”. También destacan “que no acatar la normativa europea va a suponer un inmenso perjuicio económico para el Estado español, en forma de sanciones de la UE, veto a los fondos europeos de recuperación e indemnizaciones a los temporales despedidos que acudan a la Justicia”.
La manifestación se convoca para exigir también “paralizar los procesos selectivos en vigor y no iniciar ninguno nuevo, mientras no se promulgue la ley que se está tramitando”. Las organizaciones convocantes critican “el empecinamiento de muchas administraciones, como es el caso del Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza, de seguir impulsando estos procedimientos antes de las reformas al Real Decreto que aprueben en el parlamento, ya que se va a generar una gran conflictividad jurídica, tanto por los empleados en abuso que pierdan una plaza que luego vean reconocida, como por opositores que generen un derecho expectante a una convocatoria que luego se suspenda”.
El Sindicato STEPA recuerda al Presidente de Aragón, Javier Lambán, “su compromiso de llevar a cabo un análisis del personal en situación de abuso de la temporalidad en el Gobierno de Aragón, paso imprescindible para determinar el personal afectado y poder dar una solución. Seguir adelante con los procesos selectivos, podría derivar en el cese del personal en abuso, lo que generaría una gran conflictividad laboral y un gran número de demandas”.
La manifestación convocada, respetando las medidas de seguridad vigentes, partirá a las 12.00 horas del paseo del Prado de Madrid, “con paradas ante las sedes de CCOO, el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Con este itinerario, se quiere señalar la responsabilidad de los sindicatos que apoyaron el ‘Icetazo’, de los diputados que ahora tienen que aprobar una ley que no abandone a ningún trabajador, y del gobierno como garante del cumplimiento de la Ley”, señalan las entidades convocantes.
La manifestación que recorrerá las calles de la capital castellana está organizada por una docena de formaciones, entre ellas la aragonesa Intersindical ISTA, de la que forma parte STEPA -Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón-. Estas organizaciones estiman que en Aragón son más de 20.000 los interinos e interinas “en abuso al llevar más de tres años con contrato temporal, el límite establecido legalmente”, 17.000 solo en la DGA, muchos mayores de 50 años, y cerca de un 70% mujeres.
Tanto STEPA como el resto de organizaciones convocantes recalcan “que las movilizaciones no pararán hasta lograr una solución justa y legal a la situación de los trabajadores públicos temporales, con medidas” tanto estatales, como nacionales, o en el ámbito local.
