El TJUE sentencia como “abuso de la contratación temporal” la situación de las plantillas interinas en las Administraciones Públicas

En sentencia publicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se reconoce “el abuso de la contratación temporal” con las plantillas interinas o temporales en las Administraciones Públicas en el Estado español y en Aragón

TJUE sala
Foto: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El pasado jueves, 19 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó la sentencia -ver sentencia integra- que respondía a las cuestiones prejudiciales sobre el abuso en la contratación temporal de las administraciones públicas en el Estado español y en Aragón. La sentencia reconoce “el abuso de la contratación temporal” para ocupar plazas estructurales u ordinarias, y que la concatenación de sucesivos nombramientos de ‘funcionario o funcionaria interina’ para ocupar una vacante, o la prolongación de un único nombramiento que no tiene fecha de conclusión, es también “un abuso en la contratación y es contrario al Derecho de la Unión Europea”.

Por ello, el sindicato STEPA valora “muy positivamente la sentencia, y recuerda que en Aragón más del 40% de los trabajadores públicos son temporales, la mayoría en fraude de ley”. Para este sindicato la resolución judicial refrenda sus tesis “frente a la postura del Gobierno de Aragón y de los sindicatos mayoritarios: ni los mal llamados procesos de estabilización, ni los procesos selectivos, son una medida adecuada para solventar la situación de abuso, por lo que es necesaria la paralización inmediata de todas las convocatorias de oposiciones en las que temporales en fraude de ley vean amenazados sus puestos de trabajo”.

Desde el STEPA critican “especialmente la decisión del Gobierno de Aragón de convocar oposiciones de estabilización. Medida adoptada el pasado 18 de marzo, a falta de un solo día para conocer la sentencia del TJUE y en un momento de crisis sanitaria sin precedentes, donde muchos de los trabajadores que están dándolo todo para salir de esto cuanto antes son temporales. Entre otros, el colectivo de psicólogos, siendo además que todos los plazos administrativos han sido suspendidos por la declaración de estado de alarma. La Administración autonómica podría incluso estar incurriendo en un delito de prevaricación, susceptible de ser recurrido ante los tribunales”.

TJUE sentencia interinos

De la sentencia, STEPA destaca las siguientes conclusiones:

  1. Que verdaderamente existe abuso en la contratación de temporales, porque durante años han ocupado de manera temporal plazas que no lo eran, ni sus funciones son provisionales ni excepcionales ni puntuales, sino ordinarias, estables y permanentes, y ocupan plazas estructurales y de plantilla.
  2. La concatenación de sucesivos nombramientos de funcionario interino para ocupar una vacante, o la prolongación de un único nombramiento que no tiene fecha de conclusión, es un abuso en la contratación y es contrario al Derecho de la UE.
  3. Que ni los mal llamados “procesos de estabilización” ni los procesos selectivos, son una medida adecuada para solventar la situación de abuso, ni son una medida disuasoria ni una sanción que castigue el fraude cometido durante años por la Administración, ya que al tratarse de procesos abiertos a todos los ciudadanos, siendo su resultado incierto, y no tratándose de procesos restringidos, no sólo no resarce el daño cometido sino que en muchos casos lo agrava. Por lo tanto, es necesaria la paralización inmediata de todas las convocatorias en las que temporales en fraude de ley vean amenazados sus puestos de trabajo.
  4. Descarta la posibilidad de reconocer a los laborales temporales como indefinidos no fijos, al entender que en ese caso podrían verse abocados a dos situaciones, una que su plaza pudiera ser amortizada y otra a que fueran cesados si su plaza fuera ocupada por un funcionario de carrera, y es evidente que no puede sancionarse el abuso en la temporalidad, con más abuso y más temporalidad.
  5. En cuanto a la posible concesión de una indemnización, el tribunal advierte que ésta, debe tener específicamente por objeto compensar los efectos de la utilización abusiva de las relaciones laborales temporales y que la indemnización no sólo debe ser proporcionada, sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de la Directiva. En el Derecho español, hasta la fecha, ya han dicho los tribunales que no existe indemnización alguna cuyo objeto sea sancionar el abuso.

“Es de destacar que el TJUE pide a los órganos jurisdiccionales nacionales que, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la Directiva y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta”, añaden desde el sindicato.

Desde el STEPA esperan que “la clase política esté a la altura de todos los empleados públicos que están al servicio de la ciudadanía para salir cuanto antes de esta crisis sanitaria, y tomen las medidas para luchar contra la temporalidad en las Administraciones públicas no dejando en la cuneta a los trabajadores temporales que precisamente ahora están al pie del cañón. Hay que tener en cuenta y poner en valor al personal sanitario, pero también de Servicios Sociales y asistenciales, Justicia, y al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A la vez al personal del sector administrativo que está cumpliendo servicios mínimos para poder seguir prestando colaboración y auxilio en el estado de alarma”.

Tras la sentencia del TJUE, el STEPA plantea que “la primera medida de urgencia sería paralizar los mal llamados procesos de estabilización”

Desde STEPA afirman no entender “como los sindicatos firmantes del ‘acuerdazo’ -CSIF, CCOO y UGT- siguen insistiendo en la aceleración de los procesos selectivos mal llamados de estabilización después de la contundencia de la sentencia a este respecto, siendo que estos no son acordes con la Directiva europea y lo único que pretendían era fomentar el despido libre y gratuito”, y enfatizan al “manifestar nuestra indignación ante la falta de palabra del Director General del Gobierno de Aragón por convocar las oposiciones de estabilización a falta de un solo día para conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso en la contratación temporal de las Administraciones públicas y las medidas que se deben tomar contra el fraude de ley, y en un momento de crisis sanitaria sin precedentes, donde muchos de los trabajadores que están dándolo todo para salir de esto cuanto antes son temporales, entre otros el colectivo de psicólogos, siendo además que todos los plazos administrativos han sido suspendidos por la declaración de estado de alarma”.

“En estos momentos de incertidumbre y de temor, en el que tenemos todos que hacer un ejercicio de superación ante el contagio y mantener la calma, ¿era necesario sacar las oposiciones? Es evidente que nadie duda de la profesionalidad, del mérito y la capacidad de los empleados públicos, ya sean funcionarios de carrera, funcionarios interinos, y laborales fijos o temporales. Durante todos estos días se ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar el estado del bienestar, no sólo en el ámbito sanitario y prestacional sino también en el social y de todo tipo de prestación de servicios. Ya es hora de dejar de privatizar el sector público y valorar la necesidad de unas administraciones que puedan afrontar situaciones como las que actualmente estamos tratando de afrontar”, reclaman desde este sindicato.

Como conclusión de todo lo anterior, desde el STEPA entienden que “la Administración debe anular el ‘acuerdazo’ y establecer un nuevo acuerdo que respete la Directiva Europea con todos los sindicatos independientemente de los criterios de representatividad, pues estamos ante un desafío global y todos los agentes sociales deben implicarse en ello (no solo a CCOO, CSIF y UGT ). De seguir en su empeño por parte de Función Pública por mantener los procesos de estabilización (incluyendo las plazas ocupadas por interinos en fraude de ley), aun a sabiendas de que la Unión Europea en Sentencia de 19 de marzo de 2020 ha declarado que no son la medida adecuada, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación y fraude de ley, que podría ser susceptible de ser recurrido ante los tribunales”.

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