Este miércoles se conocía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de conceder al Ayuntamiento de Zaragoza un año para la presentación de los pliegos de la licitación del servicio de autobús urbano municipal. El tribunal respondía así al recurso del Consistorio en el que solicitaba 16 meses más para la redacción de los pliegos, frente al plazo anterior de seis meses dictado por el propio TSJA. Este plazo sería definitivo, ya que no podrá interponerse recurso alguno contra la decisión.
Esta decisión judicial, que obliga a una nueva licitación del contrato, es producto del recurso que la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores del bus de Zaragoza (SCUT) interpuso para impedir la prórroga irregular que el Ayuntamiento de Zaragoza acordó en julio del año pasado.
El de este servicio y su licitación es un periplo cuando menos llamativo por sus continuas dilaciones. Han pasado más de diez años desde que produjera un proceso de licitación irregular con el objetivo de despejar la adjudicación a la concesionaria privada, dejando fuera del proceso de adjudicación a la sociedad cooperativa constituida por trabajadores y trabajadoras del bus urbano.
El hartazgo en las filas de la cooperativa es visible, además de entendible. Hartazgo que declaran por "tantas demoras, triquiñuelas, plazos y retrasos en la ejecución de una sentencia de 2016".
"Como trabajadores y ciudadanos, sujetos a leyes, normativas, algunos derechos y muchas obligaciones, no entendemos que tengamos que endeudarnos y perder y hacer perder el tiempo, para que se cumpla la ley, una ley que alguien se saltó en 2013 y que permitió que TUZSA ganará un concurso sin libre concurrencia", lamentan desde la SCUT.
Con cierta sorna explican en su comunicado que "el TSJA ha vuelto a hablar, y aunque parece que no sirve para nada, visto que la primera vez lo hizo en 2016 y aquí seguimos, ha vuelto a zanjar que no puede haber prórroga, porque hubiese supuesto oponerse a la ejecución de otro auto, otra sentencia de 2021, y que, vale, que 6 meses no, pero que en 1 año, desde marzo pasado, el Ayuntamiento tiene que tener lista una nueva licitación".
"¿Qué más tenemos que hacer y cuanto dinero más tenemos que poner los trabajadores para que se cumpla la ley?", se preguntan desde la SCUT al tiempo que señalan que es "importante es acabar con ese compadreo entre Avanza y el gobierno municipal que posibilita que, aún habiendo sido un concurso tramposo, la trampa continúe. ¿Qué interés hay en que una multinacional mejicana siga haciendo negocio con lo nuestro?"
Los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa advierten que "la SCUT va a ir hasta el final, que no es otro que se cumpla la ley y que la ciudad cuente con un servicio publico de calidad gestionado desde lo público o, al menos, que se permita a los zaragozanos decidir sobre ello".
"La prórroga era sólo una excusa para favorecer a Avanza"
Elena Tomás ha declarado, al calor de esta última resolución del TSJA, que "la justicia ha desmontado el argumento de que era necesaria la ampliación para no perder los fondos europeos, lo mismo que desde Zaragoza en Común hemos dicho en comisiones y plenos". La portavoz de Zaragoza en Común ha incidido en que "ahora, se licitará en unos plazos inferiores a los que en su momentos aprobó el Ayuntamiento y, aún así, no se perderán los fondos europeos, por lo que se demostrará que la prórroga era una excusa para mantener a Avanza al frente del contrato sin licitación". Tomás es contundente: "La prórroga era sólo una excusa para favorecer a Avanza"
