Este jueves, 25 de abril, la aspiración de un servicio de autobús urbano bajo gestión pública en la capital aragonesa volvió a la actualidad estando muy presente en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto en la propia celebración del mismo como en la Plaza del Pilar.
Dentro, una moción de Zaragoza en Común (ZeC), defendida por su portavoz Elena Tomás, exigía estudios técnicos sobre la viabilidad de la municipalización del servicio y sería precedida de la intervención de Julio Murillo en representación de SCUT, sociedad cooperativa creada por trabajadores y trabajadoras del bus urbano para aspirar a la gestión del servicio en respuesta al mantenimiento del control privado del mismo. Fuera, convocadas por la propia SCUT, y apoyadas por la Coordinadora de Sindicatos del Transporte (CST), varias decenas de personas reclamaban un "bus urbano público", el final de las prórrogas del contrato con Avanza Zaragoza de la multinacional Grupo ADO y un referéndum sobre la municipalización del servicio.
"Concesión tramposa"
Murillo arrancó con crudeza: "Una vez más, nos han obligado a recordarles que son servidores públicos y que están obligados a gestionar los recursos de todos de la mejor manera posible, para todos. No para un grupo político, ni siquiera para una cooperativa, ni tampoco para los intereses de una multinacional mexicana, para todos los ciudadanos a los que representan y que les pagan el suelo. En el caso que nos ocupa, con la movilidad urbana colectiva de Zaragoza, en bus. ¡Y no lo están haciendo! Están trabajando para que Tuzsa o Avanza o los mexicanos del Grupo ADO alarguen una concesión tramposa".
"No es este momento para recordar toda la retahíla de acontecidos jurídicos que desde 2013 nos han traído hasta aquí. Solo decir que hace 6 meses estuvimos aquí mismo, otra vez y en otro pleno, para decirle a usted, señora alcaldesa y anterior concejala de la materia, que la prórroga era una chapuza más, que no era lo que el TSJA dijo en el auto de ejecución de sentencia y que, además, se basaba en algo que ustedes mismos le ‘prometieron’ al TSJA, que habría pliegos al acabar la concesión en 2023", prosiguió el portavoz.
"Como ya le dijimos hace 6 meses aquí mismo, revoque la prórroga, como en Bilbao están a punto de hacer con la caótica gestión de la empresa privada que tienen, y que el Ayuntamiento asuma la gestión, como hacen en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Valladolid donde continuamente demuestran que la gestión pública es posible, eficaz y rentable. Y, si no se atreve, pregunte a los zaragozanos si quieren una gestión privada donde lo que prima es el negocio, o una pública donde lo que prima es el servicio", concluyó Murillo.
Elena Tomás señala una "gestión negligente"
Zaragoza en Común siempre ha sostenido que el 2023 representaba la "oportunidad idónea" para convertir el autobús urbano en una servicio público bajo gestión pública. La finalización del contrato el año pasado permitía afrontar dicho proceso evitando "las indemnizaciones a la empresa privada" que serían "una carga demasiado importante". Así lo expresaban la formación en su exposición de motivos y así lo defendió Tomás después de agradecer al representante de la SCUT su intervención.
"El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de la ciudad a realizar un estudio por parte de los técnicos municipales para realizar una valoración económica que dictamine si la gestión directa del servicio cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos", era el primer punto de la parte propositiva de la moción defendida por la portavoz de Zaragoza en Común. Además la iniciativa incluía en su segundo punto la propuesta de "internalizar el servicio de transporte público urbano, si los informes municipales son favorables".
El tercer punto de la moción defendida por Tomás pedía la reprobación de Natalia Chueca, a la que considera "responsable máxima de la situación actual y cuya gestión del servicio público de transporte en su etapa como consejera de Servicios Públicos y posteriormente como alcaldesa, ha sido totalmente negligente".
La moción sería rechazada con los votos de PP y Vox como era previsible. El PSOE, después de introducir una transaccional que dejaba abierto el punto segundo de la moción a una gestión "pública o concesional", votaría a favor de la misma.
