Hacia un Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores

Los sindicatos CGT y UGT se han unido para trabajar en la creación del Convenio Aragonés para los trabajadores y trabajadoras de Protección y Reforma de Menores tutelados de Aragón.

Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores
Foto: CGT

El pasado 22 de noviembre UGT y CGT convocaron a las cinco empresas más representativas del sector de Protección y Reforma de menores para negociar un Convenio Colectivo de ámbito aragonés que mejore las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector en Aragón.

Con ello, pretenden mejorar las condiciones laborales y dignificar un sector que tiene bajos salarios pese a la alta cualificación y formación que tienen sus profesionales.

Desde CGT y UGT explican que a la convocatoria realizada por ambas organizaciones sindicales, únicamente asistieron los gerentes de la Fundación para la Atención integral del menor -FAIM- e YMCA. El resto de las empresas convocadas no se presentaron. Así, detallan que, por un lado, Ozanam y Kairós se limitaron a contestar un escueto “consideramos que no se dan las condiciones necesarias para poder abordar esta cuestión”. Por su parte FEPAS, que fue la quinta invitada por su nivel de representación en el sector “ni contestó ni asistió”.

En declaraciones a AraInfo, el gerente de Kairós asegura que “en los pliegos del contrato de servicio con la DGA se estipula el convenio estatal como referencia, y por tanto, es este el que debemos cumplir”, pero no se cierra al nuevo convenio aragonés “siempre que el Gobierno de Aragón asuma las nuevas condiciones”.

No es esta la primera vez que la creación de un Convenio Aragonés de Protección y Reforma se pone sobre la mesa. Las conversaciones se iniciaron en julio del 2019, cuando la mayoría de los gerentes de las empresas mencionadas “compartían la necesidad de crear el convenio aragonés, pero siempre se dudaba de si el momento era el adecuado. El gerente de Ozanam, ha sido el único que en ningún momento ha visto oportuno reunirse con los representantes de los trabajadores para abordar este asunto, enfatizan UGT y CGT.

También explican que desde la administración, responsable final de los servicios concertados con las entidades privadas, en varias reuniones mantenidas tanto con el anterior gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales -IASS- Joaquín Santos como con la actual Noelia Carbó, el mensaje siempre ha sido el mismo: “una administración pública nunca se va a interponer en las relaciones entre trabajadores y empresas”.

Contactada por AraInfo respecto a su receptividad ante la propuesta de CGT y UGT para la creación de un Convenio Aragonés, desde la DGA reiteran que "por parte del Gobierno de Aragón, no se entra a valorar" esta cuestión.

“Sin embargo, los gerentes de las entidades que asistieron a la reunión del 22 de noviembre esgrimen como argumento para no constituir formalmente la mesa de negociación que no tienen garantías de que la administración vaya a aumentar los conciertos/contratos que con ella tienen. Este argumento hace que se posponga siempre la constitución de dicha mesa negociadora para una mejor ocasión, la cual no parece llegar nunca para ellos”, aseguran los sindicatos promotores del convenio.

Desde UGT y CGT, enfatizan que “Protección y Reforma de Menores es un sector laboral esencial para nuestra sociedad que no puede esperar más para mejorar las condiciones laborales”.

Los salarios en este sector son tan precarios que en la actual situación económica muchos profesionales lo están abandonando y prefieren trabajar en otros ámbitos laborales, además de que los turnos de trabajo hacen complicada la conciliación de la vida laboral y familiar.

La situación se agrava aún más en periodos vacacionales o cuando se necesita personal para sustituir a la plantilla de cada centro, resultando muy difícil encontrar personal titulado en Educación Social que quiera trabajar ante la precariedad de las condiciones laborales.

El sector ya se ha movilizado en varias ocasiones anteriores “cuando las empresas o la administración han priorizado la gestión económica con recortes de personal, lo que repercute en la calidad del servicio hacia los menores”.

Sin embargo, hasta ahora no se había planteado una reivindicación salarial “pero la situación en estos momentos es especialmente grave ante unos salarios mileuristas”, explican.

“Las profesiones que el sector contempla y más en particular la de Educación Social merecen un salario digno ya. Y con ella la del resto de profesionales que atienden a los menores y hacen que los centros sigan abiertos”, reiteran.

Recuerdan que “durante la pandemia se calificó a los trabajadores como personal esencial, trabajaron todos los días del confinamiento, con unas medidas de seguridad sanitaria que merecen un capítulo aparte, y ahí estuvieron todos los trabajadores cuidando de los menores tutelados por el Gobierno de Aragón”, y por todo ello, ahora exigen “a las empresas la negociación inmediata de un Convenio del Sector y al Gobierno de Aragón que no mire para otro lado y dote económicamente las licitaciones con cuantía económica suficiente para poder dignificar los salarios”.

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