El antiguo edificio de Correos del Portillo será finalmente derribado después de que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón haya rechazado incoar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado. La decisión, comunicada este viernes, se basa en un informe técnico externo que concluye que el inmueble “no reúne valores suficientes” para su protección patrimonial.
Según la resolución, el edificio no cumple los criterios de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad, y no puede considerarse un ejemplo representativo de la arquitectura brutalista. El informe sostiene que se trata de una construcción funcional “sin elementos innovadores ni carácter excepcional”, con soluciones habituales en su época y sin una singularidad destacable en el contexto arquitectónico.
El Gobierno de Aragón argumenta además que el inmueble ha perdido su funcionalidad original tras el traslado de Correos en 2025, y que su adaptación a nuevos usos implicaría “transformaciones sustanciales incompatibles con su eventual protección”. También subraya la ausencia de reconocimiento patrimonial previo a nivel municipal y cuestiona su inclusión en el registro de Docomomo Ibérico como indicador suficiente de valor arquitectónico.
La decisión llega apenas semanas después de que el propio Ejecutivo ordenara paralizar cautelarmente el derribo para estudiar las solicitudes de protección impulsadas por Apudepa y otros colectivos. Aquella suspensión abría la puerta a su posible catalogación, que ahora queda definitivamente descartada.
Movilización vecinal y defensa del edificio
La negativa del Gobierno de Aragón se produce tras meses de movilización social en defensa del inmueble. Apudepa, la Asociación Vecinal Joaquín Costa y más de medio centenar de entidades impulsaron un manifiesto conjunto para reclamar su protección como BIC, defendiendo su valor como ejemplo de arquitectura contemporánea y su papel en la memoria urbana de Zaragoza.
Entre las demandas planteadas, los colectivos reclamaban la no demolición del edificio, su rehabilitación con usos públicos, la creación de equipamientos para el barrio y un replanteamiento del modelo urbanístico del Portillo, cuestionando la ampliación de viales y la construcción de nuevas promociones residenciales en el entorno.
Las entidades también llegaron a solicitar medidas cautelares ante el Ministerio de Cultura, denunciando que el inicio del derribo podía suponer un posible “expolio” del patrimonio. La campaña incluyó recogidas de firmas, actos públicos y movilizaciones como el reciente abrazo ciudadano al edificio, en el que participaron decenas de personas.
La decisión de Patrimonio cierra la vía de protección administrativa para el edificio, pero no el debate social y político que ha generado en Zaragoza. Colectivos vecinales y patrimonialistas han insistido en que la demolición del inmueble es un ejemplo de cómo se gestionan el patrimonio contemporáneo y los espacios urbanos en la ciudad.
Frente a la postura del Gobierno de Aragón, que descarta su valor arquitectónico, las entidades defensoras del edificio han reivindicado su conservación como parte de un modelo urbano basado en la rehabilitación, la sostenibilidad y el uso social de los espacios públicos.
