El derribo del antiguo Centro de Clasificación Postal de Correos del Portillo en Zaragoza ha quedado paralizado por orden de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, que estudiará ahora su posible protección patrimonial. La decisión llega tras varios días de movilización vecinal y después de que colectivos patrimonialistas solicitaran formalmente su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC).
Las labores de demolición habían comenzado el 9 de febrero, generando una inmediata reacción ciudadana en el barrio de El Carmen. La Asociación Vecinal Joaquín Costa, junto a Apudepa (Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés), activaron una campaña pública y una recogida de firmas para frenar el derribo del edificio, obra del arquitecto José Luis González Cruz (1970–1972) y considerado un referente de la arquitectura brutalista y del Movimiento Moderno en Zaragoza.
La paralización se produce en un contexto de creciente presión social. Un frente integrado por Apudepa, la Asociación Vecinal Joaquín Costa (El Carmen), CGT de Correos, la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Delicias, la Urbanización Parque Roma, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y Zaragoza No Se Vende ha suscrito un manifiesto conjunto en el que exige la catalogación del inmueble como BIC en la categoría de Monumento.
En ese documento, los colectivos sostienen que el inicio del derribo podría vulnerar la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés al encontrarse en tramitación la solicitud de protección, lo que implicaría la aplicación de medidas cautelares. Apudepa presentó el 11 de febrero una solicitud urgente ante la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura para suspender el derribo y abrir formalmente el expediente de incoación como BIC. La petición quedó registrada electrónicamente en la Administración General del Estado en la madrugada del 12 de febrero.
En sus escritos, la asociación patrimonialista advierte de que la demolición podría constituir un “expolio contra el patrimonio histórico artístico” y recuerda que el edificio está catalogado por Docomomo Ibérico como ejemplo singular de arquitectura contemporánea. También señala que el inmueble forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y que su rehabilitación sería coherente con los principios de sostenibilidad recogidos en la Ley de Calidad de la Arquitectura y en la Agenda Urbana.
Más allá de la protección patrimonial, el conflicto se enmarca en el debate sobre el modelo urbanístico del denominado “Gran Parque del Portillo”. Los colectivos firmantes cuestionan la ampliación de viales prevista en la avenida Anselmo Clavé, la prioridad otorgada al tráfico rodado y la previsión de nuevas promociones residenciales en el entorno, defendiendo en su lugar un espacio verde real acompañado de equipamientos públicos y rehabilitación del patrimonio existente.
La decisión de Patrimonio abre ahora un nuevo escenario. Mientras se analiza la incoación del expediente de protección, el futuro del edificio queda en suspenso y el debate sobre el Portillo vuelve al centro de la agenda política y ciudadana en Zaragoza.
