El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio del proceso que permitirá la regularización administrativa extraordinaria de miles de personas migrantes en el Estado español. La decisión llega un día después de hacerse público el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos y supone la puesta en marcha de una vía reglamentaria largamente demandada por el movimiento antirracista y por cientos de miles de personas afectadas.
Según el Movimiento Regularización Ya, se trata de “un paso decisivo hacia el reconocimiento de los derechos de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular en el Estado español”. La plataforma celebra el acuerdo como una estrategia posible ante el bloqueo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso y recuerda que esta demanda fue respaldada por más de 700.000 firmas en los diferentes territorios del Estado. “Es de justicia”, han celebrado.
Las estimaciones apuntan a que alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse de esta regularización extraordinaria, aunque el propio movimiento ha llegado a cifrar en hasta 700.000 las personas potencialmente afectadas. El proceso se extendería desde principios de abril hasta el próximo 30 de junio de 2026.
Vía reglamentaria para desbloquear la regularización
Tal y como recoge El Salto, la medida se articulará mediante un Real Decreto que no requiere convalidación parlamentaria, al tratarse de una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería. De este modo, se evita el riesgo de que la regularización “muera en un cajón” durante lo que resta de legislatura.
No obstante, lo aprobado este martes no es todavía la regularización en sí, sino el inicio de la tramitación urgente del Real Decreto a partir de una propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El texto será provisional y podrá modificarse durante el proceso. El Salto recalca que primer paso será la reforma del Reglamento de Extranjería para incorporar las disposiciones necesarias que hagan posible la regularización.
“Garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad existente”
En un documento oficial, el Gobierno español defiende que la medida busca “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad existente”. “La regularización reconoce y dignifica a quienes ya viven entre nosotros”, señala el Ejecutivo PSOE - Sumar, que subraya que esta decisión sigue el camino marcado por la iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplia mayoría del Congreso, con 310 votos a favor y 33 en contra en su toma en consideración.
El Gobierno español argumenta que la vía reglamentaria es actualmente “la más rápida, más eficaz y garantista” para “dar una respuesta inmediata, ordenada y conforme al marco legal español y europeo”. En este sentido, insiste en que no se trata de una alternativa al Parlamento, sino de una actuación dentro del marco constitucional, compatible con el debate legislativo.
Requisitos y plazos
El proyecto establece requisitos concretos para acceder a la regularización. El principal es haber permanecido de forma continuada en el Estado español durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. En el caso de personas solicitantes de protección internacional, deberán acreditar que su solicitud fue presentada antes de esa fecha. Otro requisito es carecer de antecedentes penales.
Está previsto que las solicitudes puedan comenzar a presentarse a principios de abril, una vez culminen los trámites del Real Decreto. El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Compatibilidad con el nuevo Reglamento de Extranjería
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez defienden que esta regularización extraordinaria “es plenamente compatible con la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada en 2025, la primera en más de 13 años”. El nuevo marco busca “facilitar el acceso al empleo, la integración familiar y el ejercicio de derechos a medio y largo plazo”.
La regularización extraordinaria, sostienen, permite “poner el contador a cero” y evitar la reproducción de situaciones de exclusión, mediante autorizaciones claras de residencia y trabajo con seguridad jurídica en todo el territorio. El Gobierno español asegura que los primeros datos avalan el modelo: en poco más de seis meses, los expedientes resueltos han aumentado un 11,6%, con 90.000 más que en 2024.
El Gobierno también ha salido al paso de los discursos alarmistas agitados por las derechas y la ultraderecha. Así, deja claro que “no existe efecto llamada” cuando se fija un marco temporal claro, con fecha de corte y un plazo cerrado de solicitudes. “Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas. Regularizar es cortar ese negocio”, señala el documento oficial, que recuerda también los efectos positivos de regularizaciones anteriores, como la de 2005.
Mientras tanto, la derecha tumba el escudo social
La decisión del Consejo de Ministros contrasta con lo ocurrido en el Congreso este mismo martes, donde PP, Vox y Junts han tumbado la moratoria de desahucios incluida en el denominado “megadecreto”. La votación deja en el aire la protección de unas 60.000 familias vulnerables, además de medidas como la prohibición de cortes de suministros o la revalorización de las pensiones.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado esta decisión y ha convocado movilizaciones en Madrid y Barcelona para este miércoles, alertando de que la derecha parlamentaria vuelve a bloquear medidas básicas de protección social mientras miles de personas siguen en riesgo de perder su vivienda.
