Equilibrio poblacional en el Estado español: dos caras de una moneda

El equilibrio poblacional en el Estado español responde al símil de las dos caras de una misma moneda: la parte hacinada y la parte "casi" vacía. Y, como si fuera moneda, están condenadas a entenderse y a comprender que los problemas de la una afectan, positiva o negativamente, a la otra. Si, por el contrario, creemos que son dos departamentos estancos nunca se resolverá el necesario y urgente reequilibrio poblacional de este Estado.

Asentamientos de riesgo alto o extremo en despoblación
Asentamientos de riesgo alto o extremo en despoblación

Desde hace muchos años, algunas gentes (entre las que me cuento) creemos dos cosas respecto al problema poblacional en el Estado español. Primero, que es, y será, el conflicto estructural más grave para la convivencia de los habitantes de este territorio, sea federal o centralista, que se llama Estado español. Segundo, que estos dos nuevas Estados, al decir de Machado, además de partir el corazón un poco más, son las dos caras de una misma moneda.

Y, como en una moneda, están condenadas a entenderse y a comprender que los problemas de la una afectan, positiva o negativamente, a la otra. Caso contrario, tendremos una moneda trucada que nunca será buena para nadie.

Demasiadas veces, periodistas, tertulianos o urbanitas diversos, creen que semejante problema, el desequilibrio demográfico, es algo que solo afecta a las provincias, a las comarcas o a las zonas rurales despobladas. Obtusamente, creen que el camino hacia las grandes urbes, a las grandes concentraciones de personal en poco territorio, es imparable e irremediable. Y que la despoblación es algo negativo sí, pero acotado en sus consecuencias solo al mundo del Estado español interior y, dentro de ese inmenso agujero, a las zonas rurales. Entendiendo que los territorios “llenos” no tienen consecuencias de tamaño desequilibrio.

La crisis pandémica de estos años ha abierto el melón de la duda sobre el desarrollo logarítmico en sectores urbanos. Esa concentración de población, hasta límites inaguantables, no conjetura nada bueno. Y esta crisis, junto al pinchazo inmobiliario de años atrás, a las recesiones económicas cíclicas, al modelo en crisis de la globalización, a la crisis alimentaria que, hoy, con la guerra iniciada en Ucrania, afecta incluso al primer mundo, ha abierto muchas interrogantes respecto a tal modelo poblacional asentado desde hace casi un siglo: urbes hacinadas y territorios rurales vaciados lentamente.

Centrándonos en el Estado, un inmenso territorio con tres cuartas partes de superficie y tan solo un 20% de población, apunta conflictos graves de convivencia y de derroche de recursos en un futuro que ya ha llegado. Si seguimos con este rumbo, las principales fuentes existenciales estarían en la zona semidesértica: al agua de boca, el agua de riego, la energía sostenible, la alimentación, los recursos mineros, los forestales, los naturales y, en cambio, las zonas saturadas se convertirían en necesitadas, cada vez más y con lo que tiene de malo para la sostenibilidad, de estos bienes insustituibles.

Los conflictos entre las gentes del interior y las de las zonas costeras y del agujero del “donuts” inverso que es Madrid, los roces de convivencia, de intereses, se harán —son ya— cada vez mayores hasta límites que hoy no podemos sino adivinar. Además del inmenso derroche de recursos que sería dejar yermo del capital principal de cualquier país, que son sus gentes, a las tres cuartas partes de su territorio.

Pero ahí no acaba la interrelación de los problemas entre la parte que se vacía y la parte que se hacina. Como en esa moneda del ejemplo no puede existir una cara si no existe un envés. No es imaginable una zona urbana sin hacer lo mismo con una zona rural. Pero no como hasta ahora, enfermas las dos. Las dos zonas, como en la moneda, deben de estar sanas, con un equilibrio deseado entre sus caras.

Porque, si bien es cierto que los problemas de la parte desértica son, fundamentalmente, de servicios: calidad de vida relacionada con los beneficios del Estado del bienestar, los derivados de esta desigualdad poblacional en la parte hacinada no son menos y, cualitativamente, quizá peores.

La que se ha dado en llamar la “España Vaciada”, que afecta sobre todo a 28 provincias, tiene una serie de problemas crónicos que implican a los servicios. Deficiencia en los sanitarios, en los educacionales, en los de administración, en los de comunicación, en las redes virtuales, en el ocio y en la cultura, en los del día a día como los bancarios. También en los derivados de la escasez de población que, para una sociedad que no tiene empacho en denominarse liberal, que es como plantear “barra libre” a la iniciativa privada y, por tanto, “barra libre” a los beneficios incontrolados, margina de manera flagrante a los y las ciudadanas de estos territorios.

Pero los ciudadanos de la “España Llena”, llena por consecuencia directa del vaciado de la otra, no carecen de problemas interrelacionados. Y los problemas de los que se “benefician” ni son pocos ni son pequeños.

La soledad de la cáscara dentro de millones de individuos, la ansiedad y la depresión de gentes que viven hacinadas y que van perdiendo, poco a poco, el sentimiento de convivencia y solidaridad, la altísima tasa de suicidios en el medio urbano, el paro y la desesperación, las llamadas “colas del hambre”, el empleo marginal, algo que se da, fundamentalmente, en los territorios en los que las gentes se apilan como en unas estanterías, la inseguridad de muchas zonas y barrios, marco lógico de esas urbes, la criminalidad, la falta de tiempo para el ocio o para la armonización familiar, la contaminación, las enfermedades derivadas de estas nubes tóxicas en las que se convierten las ciudades, el ruido como enfermedad, los perjuicios ocasionados por las drogas, el tiempo perdido por los transportes…

Podríamos hacer, no un decálogo de problemas, sino uno, muy largo y serio, de los inconvenientes graves a causa de la existencia de urbes hacinadas. Y todos estos problemas, tan importantes, o más, como los de la falta de servicios en la “España rural”, son derivados, directamente, del desequilibrio de la población en el Estado: las dos caras de la misma moneda.

La pedagogía es importante, vital para que los habitantes del territorio que, por contrapartida, es el de la “España repleta” (Comunidad de Madrid, litoral costero del Mediterráneo, Atlántico y del Cantábrico y zonas metropolitanas concretas), reflexionen y comprendan que este asunto del reequilibrio demográfico es algo que les afecta, que los beneficia si se aplican medidas estructurales o perjudican, si por el contrario, las dejamos de lado. Tanto como para ser activos y comprometidos individuos exigiendo medidas —que las hay— que vayan compensando estas desigualdades de población porque las gentes que vivimos en urbes y territorios hacinados, de manera distinta pero no menos importante, somos parte esencial del problema.

Análisis de la ley aragonesa de dinamización rural (abril de 2022)

Una Ley creada en abril de 2022 y cuya principal aspiración parece ser dar algo de contenido a los fastos y glorias del cuarenta aniversario del Estatuto aragonés, mucho ruido y pocas nueces en un primer análisis, pero este ha de hacerse concienzudo para que lo aparente y lo real coincidan, o no.

Pasemos a los datos estrictos y al contenido de la Ley.

Dentro de la fiscalidad diferenciada en dos áreas, habla de los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y de los asentamientos rurales con grado extremo.

Abarcan 1.026 de los 1.553 asentamientos que hay en Aragón (municipios + pedanías), el 66% del total en donde viven 70.700 ciudadanos (5% del total). Por provincias: Huesca a 19.452 vecinos, Zaragoza a 24.875 vecinos y 26.429 de Teruel.

Bonificaciones fiscales en ambas áreas sobre la renta de las personas físicas.

  1. Deducción del 20% en el impuesto de la cuota íntegra autonómica. Motivo: nacimiento (o adopción) de un tercer hijo o sucesivos. Costo anual estimado por los técnicos 34.000 euros totales.
  2. Deducción de la cuota íntegra autonómica para adopciones internacionales (+20%) Cuantía estimada al año por los técnicos: unos 600 euros.
  3. Deducción de la cuota íntegra autonómica por el cuidado de las personas dependientes. Cuantía: unos 300 euros, el costo total no está estimado por los técnicos.
  4. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por rehabilitación o adquisición de vivienda habitual en núcleos rurales. (En vez del 5% actual, se pasa al 7,5%).
  5. Deducción de la cuota íntegra autonómica por adquisición de libros o material escolar (+20%).
  6. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto los gastos por guardería de hijos menores de 3 años.
  7. Además, los habitantes de las zonas en riesgo extremo (solo ellas) tendrán una ayuda autonómica añadida: deducción de 600 euros directos en la declaración. Siempre que sus ingresos no superen los 35.000 euros en individuales y 50.000 en las conjuntas. Costo estimado por análisis propios: 3.000.000 de euros al año.

Beneficios fiscales en la transmisión patrimonial. Se rebaja a 300.000 euros el costo de los herederos para la adquisición de una vivienda en este medio rural. Costo total: 840.000 euros. Bonificaciones: 59.000 euros totales calculados.

Además de estas ayudas limitadas y de escaso alcance se establecen una serie de medidas relacionadas con garantías de servicios públicos en:

  1. Fomento de energías renovables.
  2. Fomento de la economía circular
  3. Fomento del comercio de proximidad y de los multiservicios rurales
  4. Acceso a los servicios financieros y bancarios.
  5. Presencia de las fuerzas de seguridad
  6. Favorecer la calidad de vida de las mujeres en el medio rural, prevenir la violencia de género y apoyar a las empresas que creen empleos para la mujer.
  7. Garantía de conectividad digital

Hasta aquí los datos. Pasemos al análisis.

Unos pocos datos más sobre el ámbito

La población total aragonesa es de 1.313.000 habitantes. De esta cantidad, los ciudadanos que viven en las tres capitales suman 755.000 personas. El resto, 558.000 son las que habitan en municipios rurales. Los municipios por encima de 10.000 habitantes censados (se acepta, y más en nuestra Comunidad, que estos municipios tienen categoría de medio urbano) en Aragón, excluyendo las capitales de provincia son los siguientes:

  • Calatayud: 20.092 personas
  • Utebo: 18.856 personas
  • Ejea de los Caballeros: 16.984 personas
  • Cuarte de Huerva: 13.773 personas
  • Tarazona: 10.494 personas
  • Caspe: 10.183 personas
  • Alcañiz: 16.006 personas
  • Monzón: 17.352 personas
  • Barbastro: 17.146 personas
  • Fraga: 15.353 personas
  • Jaca: 12.889 personas
  • Binéfar: 9.888 personas (A pesar de los 112 vecinos que faltan, el desarrollo de Binéfar es consecuente de darle la categoría urbana).
  • Sabiñánigo: 9.352 personas. El mismo razonamiento que para Binéfar.

Estos municipios urbanos suman una población total de 188.368 personas. A esta población habría que sumar la de las tres capitales: 755.000 personas. La suma total de las superficies de todos los entes considerados urbanos en Aragón es de 5.301 km2. Esto nos da una densidad urbana media de 178 personas por km2.

Pasemos a lo negativo y a lo que será objeto de controversia, análisis o aplausos de esta Ley. La población estrictamente rural, la que vive en poblaciones de menos de diez mil habitantes, la mayoría en términos de menos de quinientos, serán 369.632 los habitantes que viven en los 42.418 Km2 restantes. La densidad media de la superficie rural aragonesa es de 8,71 habitantes por Km2.

Densidad prácticamente desértica. Y eso contando los municipios de más de tres, cuatro, cinco mil vecinos que no están contemplados para los “beneficios” de la Ley.

Aplicar una Ley, independientemente de si es buena, óptima, insuficiente o mala, tan solo a esos 70.700 vecinos en vez de hacerlo a toda una población que sufre el problema, en mayor o menor medida, de la despoblación, claramente distribuida a la baja es ya, de entrada, un despropósito de un Gobierno que está legislando, claramente, a mínimos. Tan solo se va a aplicar la Ley a un 18% de las personas necesitadas de que se redistribuya la riqueza más grande que tiene un territorio: su población.

Primera connotación muy negativa: la extensión de la Ley

Tan solo al 18% de la necesitada.

Porque Aragón, la inmensa mayoría de los municipios, están en regresión. Tan solo unos pocos de los no considerados como urbanos tienen el futuro demográfico despejado. Las medidas, pocas o muchas, hay que aplicarlas a la totalidad de las 369.632 aragoneses/as que viven en esos más de 1.500 asentamientos, descontados los 16 municipios con carácter de ciudad.

Las ayudas, todavía no hemos entrado en si son suficientes, escasas, inocuas o positivas, se van a llevar a menos de uno de cada cinco aragoneses necesitados de esa redistribución de población.

Hagamos, ahora, una necesaria introspección

En el Estado español existen más de 8.100 municipios, Exactamente, 8.123. De ellos, 4.800 tienen menos de 1.000 habitantes y, entre todos, la población total no llega a 1,5 millones de habitantes. Quiérese decir que la población media es de 300 habitantes y que la mitad grosso modo tierne una población inferior a los 200 vecinos. Buena parte de ellos tiene un futuro negro de aquí a una generación.

Probablemente, la limitación de medios económicos, las apetencias de servicios de los y las ciudadanas —justas, lógicas y necesarias por otra parte—, las apetencias de casi todos hacia un medio sostenible que equilibre progreso técnico, naturaleza y la convivencia en núcleos con relativa abundancia, al menos, de población, deberían de ser contempladas para planificar un reequilibrio eficaz, sostenible, natural, deseado y adecuado en los 350.000 km2 de nuestro país, casi desierto en estos momentos.

Probablemente, hay que contemplar el impulso de determinadas locomotoras poblacionales, al menos una o dos por cada 500 km2 de superficie rural, locomotoras dotadas de todos los servicios tanto médicos como de estudios, administrativos, de empleo, comercio, ocio y deporte, culturales, comunicaciones físicas y virtuales avanzadas, de tal manera que ninguna población de alrededor pueda estar a menos de 15 kilómetros de una de esas locomotoras, de esos núcleos.

Esta planificación, esta distribución de recursos habría que contemplarla, estudiarla, analizarla de la mejor manera posible como para que, a un plazo de veinte años, veinticinco como mucho, el panorama de los 55 millones de ciudadanos/as españoles de ese futuro se redistribuyeran de manera muy distinta a la actual.

Actualmente, poco más de diez millones de españoles ocupan algo más de las dos terceras partes de territorio. Eso es una ruina presente y futura y una fuente de gravísimos problemas de convivencia. Lo sensato, lo que habría que conseguir a plazo de una generación es de que esa superficie desértica actual, se poblara por 25 millones de ciudadanas y ciudadanos en vez de por los diez actuales. Eso sería redistribuir.

Aragón, quizá es el caso más paradigmático de la falta de equilibrio demográfico. Necesitamos alrededor de cien núcleos locomotoras, con todos los servicios públicos y privados lo suficientemente buenos como para hacer desistir al vecino de irse a otra parte, para dinamizar nuestro país.

Es por ahí, a mi juicio, por donde se tiene que comenzar en algo que, de verdad, solucione: estudiar los impulsos necesarios que todo Aragón debe de hacer para encontrarse, al horizonte comentado, con una demografía equilibrada, con unos núcleos rurales que “tiran” y que, no solo no pierden población, van a más. Con unos municipios vecinos de aquellos que tienen todos los servicios públicos** y de calidad, por lo que no se plantean, tan siquiera, en cambiar de residencia a una que esté a tan solo quince kilómetros, porque no les vale la pena.

Si consideramos, en Aragón, por sus especiales características, que las poblaciones por encima de 2.500 habitantes estarían en condiciones de ser locomotoras poblacionales, vale la pena reflejar cuántas, cuáles y dónde están para comprender las necesidades demográficas de futuro.

Poblaciones de más de 5.000 habitantes (sin llegar a los 10.000 en donde consideramos el límite de lo urbano) tenemos en Aragón las siguientes:



Son 25 los núcleos, de este tamaño, que pueden hacer de locomotoras sub-comarcales. De estos, 15 son zaragozanos, siete turolenses y, tan solo, tres de Huesca.

En total, si sumamos las tres grandes adscripciones, las urbanas, las de más de 5.000 habitantes y las de más de 2.500 habitantes, nos da una suma de 50 municipios (incluyendo las capitales de provincia). Si lo que creemos es que este número debería estar, en función de la superficie aragonesa y de uno de estos municipios cada 500 km2 aproximadamente, faltarían otros tantos para realizar ese cometido de motor de la subcomarca.

Tendríamos que hacer notar, por la parte negativa del reequilibrio, que de estos 47 municipios (excluidas las tres capitales), 15 de ellos están en la órbita de la gran Zaragoza. A menos de 25 kilómetros del centro de la capital. Por lo que, tan solo, si somos estrictos y hay que serlo, tendríamos, escasamente, 32 municipios con capacidad de “tirar” de la población y servicios en la totalidad de Aragón. Faltarían, con esta puntualización, un mínimo de 70 municipios con aquellas facultades y servicios suficientes como para hacer su papel de locomotora de la subcomarca, perfectamente.

Y nos tenemos que creer aquello de la necesidad de un núcleo con todos los servicios y con un mínimo de población capaz, entonces, de sujetarla y, además, de que este equilibrio demográfico vaya siendo, cada vez, más positivo.

En Aragón, por provincias, es Huesca la que lo tiene “menos horrible” de cara a la distribución regular de su población. Cierto que es la provincia que más núcleos deshabitados tiene en el pre-pirineo y pirineo; pero, igualmente, es la que tiene siete núcleos con categoría de ciudad repartidos de manera bastante uniforme. En el lado contrario, es Teruel la que carga con demasiado peso en esta sinrazón que es la desigual distribución de la población. Tan solo con dos entidades con rango de ciudad y, en el platillo del debe, la mayor cantidad de entes poblacionales de escasa población. Con un futuro por parte de estos pueblos tan negro que, a un plazo de 20 años, salvo que se reviertan las condiciones de vida y de servicios, desaparecerán como núcleos habitados.

Ya toca hacer esa necesaria reflexión, debate, planificación

Volviendo a la Ley.

Hay algunas ayudas que tocan a generala para indicar, ellas mismas, su inocuidad. Los propios técnicos reconocen que las ayudas al tercer hijo o sucesivos pueden sumar en esta población que alcanza la Ley, 34.000 euros en total. Eso lo dice todo. Es una medida pírrica. Por supuesto que a los poquísimos que cumplan los requisitos darán la bienvenida, pero es algo que, ni de lejos, contribuirá en lo más mínimo a dinamizar y reequilibrar la población.

No solo esa, la que contempla adopciones internacionales, los propios técnicos calculan una cifra tan corta, tan irrisoria, que no vale la pena, ni siquiera, decir algo de ella. Tan solo, pensando en el señor Lambán, se me ocurre una maldad: la posibilidad de que estuviera pensando en incrementar a más porcentaje si los niños/as tienen los ojos azules y el pelo rubio.

Las demás ayudas relativas a libros —aprovecho para decir que hay unos cuantos tipos de ayudas que deberían ser universales para la enseñanza pública, solo para la enseñanza pública, y esta es una de ellas—, las que se dieran por dependientes, o por gastos de guardería son, primero irrelevantes, y segundo, medidas que debieran ser universales.

Pasemos a analizar otras medidas de más enjundia.

Segunda connotación negativa

Las correspondientes a las ayudas por rehabilitación o adquisición de vivienda en esos municipios tampoco van a impulsar el reequilibrio demográfico. Solo se va a beneficiar a aquellos ciudadanos que deseen reformar su vivienda del pueblo y pasen temporadas en ella. Lo que, verdaderamente, reforzaría el empleo rural, el reequilibrio rural, sería impulsar desde la Administración territorial, con armas y bagajes, la construcción de viviendas para alquiler. Eso y la presión sobre las autoridades municipales para hacer lo mismo: construir un parque de viviendas de alquiler. Por supuesto, la presión vendría acompañada de dineros.

Algo parecido son las rebajas del impuesto de transmisiones. A los que le toque la lotería dirán: “Qué bien”; pero esas rebajas no contribuyen al espíritu que, aparentemente, está en el enunciado: el reequilibrio. Esas medidas solo reducen impuestos, no aumentan población. Es más, los que se favorecen de esas medidas, en mayor proporción que el resto, son los que no lo necesitan. Los que tienen suficientes posibles como para poder pagar un poco más pero si viene un poco menos, bienvenido sea. En todo caso, creo que todo el mundo puede entender que esa es una medida que no contribuirá al aumento de población estable en los municipios.

Nos queda la medida estrella, tanto por su pretendido alcance como por su novedad y cuantía económica: la cuantía directa de 600 euros a quienes vivan en estos municipios extremos.

Tercera connotación: “ni chicha ni limoná”

Pelas al bolsillo de los que se quedan. Ayudas directas de 600 euros a todo aquel que vive en esas localidades y hace la declaración de renta.

La cuantía es importante. Los propios técnicos la evalúan en unos 3 millones de euros.

A mi juicio —sigo diciendo aquello de que a nadie le amarga un dulce, aunque sea diabético—, recibir, o pagar de menos, 600 euros por estar en Villalobillos del Condado no inducirá a nadie para acudir al mismo Villalobillos cambiándose de su residencia zaragozana o ejeana. Nadie creará empleo en Villalobillos por esa cuantía de menos. Tan solo les vendrá muy bien a los que viven en Villalobillos y han decidido hacerlo allí hasta que la muerte los separe… de Villalobillos.

Esto es una medida tan vacía de contenido, de futuro, como la de los millones de euros regalados por Motorland a Dorna. Las pérdidas de Motorland, pagadas todas con los dineros de todos, ascienden ya a 165 millones de euros. ¿Alguien puede creer que esa cifra de dinero, mantenida a lo largo de los años, si se hubiera utilizado para dar verdadero impulso a los parques industriales, a las novedades de investigación más desarrollo en la zona, a los incentivos para crear empleo de calidad, no serían mucho mejores los resultados que los actuales? Incluso para la hostelería.

Tres carreras en cuatro años no es que dé para mucho. Y no vale aquello de que “menos da una piedra” porque es una piedra de casi nueve millones de pérdidas contantes y sonantes al año. Si repartiese ese dinero al año para los habitantes del Bajo Aragón, quinientos euros por cabeza, puede que fuera más rentable.

Pues con esta medida, pasa lo mismo. La cifra de tres millones de euros al año, todos los años, da suficiente como para impulsar diez plantas de cerámica en la zona de Castellote y aprovechar las arcillas y la energía que, hoy, pasan de largo camino de las porcelanosas de Castellón. Por poner un solo ejemplo. Eso es una medida real que impulsa a toda una comarca. La medida de dar 600 euros a todos aquellos que se queden en poblaciones extremas tan solo conduce, en el mejor de los casos, a prolongar una agonía.

Medidas de las que podemos decir hoy que son virtuales

Después del análisis, a bote pronto pero con lógica, de las medidas concretas, hay que pasar a las que serán inconcretas hasta que se determinen los adverbios: cómo, cuánto, de qué manera, dónde y todos así. Son, precisamente, las medidas que pueden hacer mucho más por el reequilibrio que las anteriores. Pero, tal como están dispuestas hoy, es un brindis al sol. Buenas palabras con las que estaremos todos de acuerdo, buenas intenciones porque no cuestan nada decirlas, quizá no con el objetivo de ir mareando la perdiz e ir pasando tiempo sin hacer nada en lo esencial

Pero esas buenas intenciones, y muchas otras que no están, si no pasan de intenciones y se pone negro sobre blanco referente a normas, reglas, leyes, reglamentos, impulsos… dotándose a esas normas y leyes de la suficiente cuantía económica para poder llevarlas a cabo, —añadiendo, por supuesto, una férrea voluntad política para querer y saber hacerlas— todo esto que es bueno de por sí —y de que todo lo que está es necesario aunque no está todo lo que se debe hacer—, no servirá para casi nada salvo para lo dicho: brindis al sol, marear la perdiz, promesas electorales que luego ahí se quedan, bla, bla, bla, en definitiva.

Además de estas ayudas limitadas y de escaso alcance se establecen una serie de medidas relacionadas con garantías de servicios públicos en:

  1. Fomento de energías renovables.
  2. Fomento de la economía circular
  3. Fomento del comercio de proximidad y de los multiservicios rurales
  4. Acceso a los servicios financieros y bancarios.
  5. Presencia de las fuerzas de seguridad
  6. Favorecer la calidad de vida de las mujeres en el medio rural, prevenir la violencia de género y apoyar a las empresas que creen empleos para la mujer.
  7. Garantía de conectividad digital.

Todas estas buenas intenciones, si no pasan de eso y se dotan con cuantías, con reglamentos, con voluntad, con normativa, dando un puñetazo en la mesa, por ejemplo, de algunos bancos, serán eso, palabras, palabras, palabras.

Lo que falta es lo importante

No solo eso, falta lo esencial: una planificación a 20 años vista de la comunidad, del necesario equilibrio demográfico, del rechazo a situaciones como que una sola ciudad tenga tanta población como el resto de la comunidad. Planificación en donde se reúnan técnicos, políticos de todos los partidos, demógrafos, colegios de economistas, ingenieros, gentes de las plataformas vecinales de ciudades y de pueblos, plataformas rurales y plataformas ciudadanas, colegios de arquitectos… y elaboren fundamentos del deseado reequilibrio demográfico en Aragón. En busca de los mimbres que, en el horizonte de 20 o 25 años, consigan enhebrar una cesta rural que contenga el doble de la población actual y la población urbana, sobre todo la zaragozana, haya adelgazado en proporción y de manera suficiente.

Es una tarea inmensa pero ilusionante, posible aunque se deben dejar muchos pelos en la gatera, capaz de que los partidos políticos escuchen, de verdad, a gentes que saben de estos temas, de equilibrio en la población, que escuchen, de verdad, a plataformas vecinales, ciudadanas y rurales. Y que las conclusiones que salgan de ese estudio de planificación se lleven a cabo mediante un pacto completo de partidos a veinticinco años en los aspectos que salgan y en las maneras que determinen.


Notas:
** Cuando se habla de servicios en una de esas localidades locomotoras de la zona, subcomarca o comarca comentada, territorio enmarcado en, más o menos quinientos kilómetros cuadrados, se habla de lo siguiente:
Servicio sanitario: al menos de un centro de salud con media docena de médicos tanto de medicina general como algún especialista. Media docena de enfermeros-as y el suficiente personal auxiliar. Ambulancia medicalizada, posibilidad en el centro de realizar las pruebas médicas básicas (análisis, rayos, escáner), urgencias 24 horas. Obligatoriedad mediante incentivos de diversa índole para empadronarse todos los funcionarios.
Servicios educativos: Colegio de cero a 16 años. Bilingüe. Aspectos deportivos completos y cubiertos. Servicio de comedor. Instituto con opción de letras y ciencias, pero también y esencial, con ciclos medios y superiores de Formación Profesional. Obligatoriedad, mediante incentivos diversos, de los profesionales en su empadronamiento en ese pueblo o en uno de los de alrededor.
Servicios administrativos medios. Juez. Administración de primera instancia en Justicia.
Cultura: cine-teatro con programación regular. Ayudas al asociacionismo. Vertebrar las administraciones con el personal del Instituto para ciclos de conferencias, teatros, charlas, presentaciones, libros, etc. Obligatoriedad mediante incentivos del empadronamiento de funcionarios.
Comercio: incentivar el comercio local de manera que este sea suficiente como para cubrir el 80% de las necesidades del pueblo y de la zona de influencia.
Ocio y deporte: Incentivar cuantos proyectos existan o puedan existir de asociacionismo para el ocio y el deporte. Centro deportivo con pistas (tenis-pádel-deportiva de competición-polideportivas cubiertas, piscina, gimnasio cubierto, Monitores incluidos. Obligatoriedad de empadronamiento mediante incentivos diversos.
Seguridad: Cuartel de policía o de Guardia Civil en el pueblo.
Comunicaciones físicas: enlace mediante ferrocarril y/o autobuses al centro regional y al centro provincial. Dar atención preferente al ferrocarril siempre que sea posible. Comunicaciones lógicas: servicio de mañana y servicio de tarde/noche. Capaz de hacer las gestiones en el día en el sitio que sea.
Comunicaciones de red: Servicio de telefonía en todo el territorio. Servicio de internet por cable/fibra en todo el territorio de gran velocidad.
Servicios bancarios: obligación de las entidades bancarias, mediante ley, de estar presencialmente con una oficina, al menos, en ese municipio. Necesidad de una banca pública para hacerla efectiva por el mero hecho de competencia.
Hostelería: equilibrar y mejorar la oferta hostelera mediante el apoyo de una oficina de Turismo pública abierta en el municipio. Intervenir desde la administración municipal para que dicha oferta sea mejorable y sostenible.

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