Es una constante que se lleva arrastrando años y con diferentes gobiernos: se repite el cuadro de las carencias de la educación pública, el que debería ser el servicio público por excelencia junto con la Sanidad, que se arrastran desde hace muchos años en Aragón.
Mientras tanto la concertada, esa anomalía ibérica, sigue generosamente dotada. De hecho el Gobierno de Aragón saca pecho de dotar cada vez de más recursos a las empresas de la Iglesia Católica, con una subida de un 33% en dos cursos, lo que se traduce en 112 millones extra a sumar a los 335 que aprobó el anterior ejecutivo.
Bajando a la calle la conversación con muchas profesionales de la educación es muy similar. Personas satisfechas de su trabajo, pero que tienen un nexo común como es el de la falta de materiales o de personal, altos grados de interinidad y cursos que empiezan como pueden.
El panorama apunta, mirando lo más reciente como son las noticias de los dos últimos meses, a la provisionalidad permanente de muchos centros y los tardíos intentos por remediar situaciones crónicas.
Si empezamos por la contratación del personal educativo encontramos uno de los lastres que arrastra la enseñanza pública. Cuando llega el verano miles de interinos van a la calle y no se incorporan hasta unos pocos días antes de que empiece el curso. En algunos casos, de hecho, lo hacen con el curso empezado por bajas o traslados de última hora y se enganchan a la dinámica del cole o instituto como pueden.
Pero dentro de la interinidad hay diferencias. Generalmente el profesorado de lo que se conoce como STEM (Ciencia, tecnología y matemáticas) es mucho más escaso que el de otras especialidades, algo bastante lógico pues su retribución en la empresa privada es mayor que en la función pública. Es por ello que se producen situaciones como la del Instituto Ítaca este año, en el que arrancó un ciclo formativo de Informática con 30 matrículas y cero docentes.
Tampoco ayuda cuando los apoyos externos, como las asesorías educativas y de formación desaparecen paulatinamente. La última en hacerlo la de la Comarca de Cuencas Mineras, con lo cual el profesorado de la comarca pasa a depender de la capital, a 100km de distancia. Esto tras haber dejado en la mínima expresión la provincia entera sin las asesorías de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón. Un ahorro ridículo que empeora el día a día de la docencia.
La educación rural es el patito feo de la educación. La realidad aragonesa, un territorio muy extenso y con poca población en edad escolar, hace que amplias zonas rurales dependan de los CRA (centros rurales agrupados) a menudo con instalaciones precarias y con serias carencias en el transporte escolar.
El propio Departamento de Educación no lo pone precisamente fácil cuando se empeña incluso en cerrar colegios en activo para luego decir que en realidad no existen, como ha sucedido recientemente en Caneto, condenando al alumnado a una hora, como poco, de transporte por una pésima carretera para dar clase en un barracón, por cierto. Todo por una absurdez burocrática.
Aunque, hablando de las aulas prefabricadas, en las provincia de Uesca son siete los coles que dan clase en barracones, una solución que es un parche pero al menos garantiza un aula por curso, como sucede con el CEIP Pedro J Rubio de la capital oscense.
En la misma Zaragoza los prefabricados son una constante que evidencian falta de previsión. Barrios de nueva creación como Arcosur esperan tener terminado todo el aulario para el curso próximo. Pero esta situación ya se ha repetido en otras zonas de la ciudad y, en general, en todo Aragón.
Otro de los problemas recurrentes es que muchos edificios públicos requieren reformas urgentes. Es la denuncia, por ejemplo, del IES Conde Aranda de Alagón, un centro masificado con goteras, fallos en la calefacción, falta de equipamientos para personas de movilidad reducida... O del Goya, el instituto más antiguo de Zaragoza capital donde llueve dentro del gimnasio cada vez que lo hace fuera.
Caso aparte es del del María Zambrano, colegio que resultó arrasado este verano por una riada. Que se encuentra con la incertidumbre de seguir en zona inundable y sin alternativa de momento.
Pero lo verdaderamente preocupante es la falta de personal, volviendo a la interinidad permanente.
Sin profesionales no hay educación, rezaba la pancarta de la concentración del Gascón y Marín en su concentración del pasado jueves. Una consigna que resume en una frase el problema mollar de la educación pública.

El curso 23-24 arrancaba con una evidente falta de auxiliares educativas en el ámbito del alumnado con necesidades especiales. Una carencia que se ha ido resolviendo sobre la marcha, con el curso más que empezado. De hecho no era hasta mediados de octubre cuando se incorporaban 104 auxiliares, una pieza fundamental en la inclusión, que aún así es una cantidad insuficiente.
Especialmente llamativa era la situación oscense, como denunció CCOO, donde se asignaban 28 auxiliares para toda la provincia, dejando hasta 10 coles sin auxiliares.
En otros casos la incorporación de auxiliares y profesores de apoyo se ha conseguido a golpe de protesta, como en el caso del Gascón y Marín. También se movilizaba la misma semana y por el mismo motivo el Mamés Esperabé de Exeya y dos semanas antes el CRA Violada Monegros de Tardienta.
Parece ser que no había presupuesto, pero cuando la movilización se hace pública el dinero aparece. Otra constante en la realidad educativa.
Porque cuando hablamos de interinidad, volviendo al principio, en educación hablamos de que existen centros en los que hay más personal interino que titular. De hecho hay un 30% casi constante de interinas.
Por ley se deberían estabilizar los interinos más antiguos pero el proceso ha sido caótico, según denunció CGT, y ha terminado en multitud de demandas y generado situaciones absurdas como que este verano solo se ofrecía estabilización a cuatro docentes de infantil y primaria en todo Aragón.
Incluso a nivel salarial se producen situaciones como la del profesorado de FP con título universitario, profesores de secundaria por ley desde 2021, a parte de los cuales aún se les adeudan salarios retroactivos de hasta 6.000 euros.
Una reivindicación de mínimos es que todo el personal se incorpore efectivamente el uno de septiembre, sin recortes ni retrasos. Que esas plazas estén previstas y dotadas desde antes del parón vacacional, no dejando nada a la improvisación. A ser posible, que haya planes plurianuales, previsión y dotación de plazas e infraestructuras.
Resumiendo: mientras se ponen todas las facilidades a la concertada y cada vez se le dota de más dinero, en la Educación Pública, la que garantiza la escolarización de todos y todas, incluyendo formación para adultos, se sigue funcionando a veces a trompicones. Dependiendo de unos presupuestos que se suelen incrementar sobre la marcha.
Dado que aprender es mejorar, igual la DGA algún día aprende la lección y el curso arranca sin sobresaltos.