Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) obliga al Gobierno de Aragón a reconocer la carrera profesional de una médica interina. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) subraya que tanto los argumentos de los magistrados como la actitud del Gobierno de Aragón repiten la situación de los interinos en abuso de temporalidad y demuestran que el empeño del Ejecutivo de Javier Lambán en incumplir la ley estatal para la estabilización de sus trabajadores temporales acarreará finalmente un cuantioso desembolso en indemnizaciones y costas judiciales para las arcas públicas aragonesas.
El Alto Tribunal ha fallado que la norma aprobada por el Gobierno de Aragón y los sindicatos de la mesa sectorial, que solo se reconocía el derecho a la carrera profesional al personal interino que no hubiera podido optar a una oposición, es discriminatoria. Así, otorga a la demandante el abono de las diferencias retributivas desde 2015, más de 60.000 euros, en una sentencia que sienta doctrina y abre la puerta a miles de posibles reclamaciones.
Desde el sindicato CGT se oponen “frontalmente” a la política de personal del Gobierno de Aragón, donde ven “un incumplimiento sistemático” en la contratación pública. “Mediante nombramientos y contratos temporales masivos la temporalidad no baja, sino que sigue subiendo sin control”, señalan.
En sanidad roza porcentajes “alarmantes”, recuerdan, con personas con contratos temporales realizando trabajos estructurales o en servicios centrales donde superan ya las plazas temporales a la mitad de la plantilla.” No entendemos como se puede luchar contra las mismas políticas de temporalidad en el sector privado y hacerlo tan mal en el público, a no ser que tenga un sentido privatizador de los servicios públicos”, sentencian.
La argumentación de la sentencia expresa claramente que no puede justificarse una diferencia apoyada en una ley o un convenio colectivo que vulneraría la Directiva Europea 1999/70/CE referida al principio de no discriminación, “puesto que el objetivo de esta directiva es mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad y no perpetuar una situación desfavorable unida a la contratación temporal”, señala STEPA. Como el sindicato ha denunciado repetidamente, esto es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón al incumplir la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad.
Esta norma obliga a que todas las plazas ocupadas por personal públicos con más de tres años encadenando contratos temporales, y por lo tanto en abuso de temporalidad, se ofrezcan en un proceso extraordinario que dé la posibilidad de regularizar su situación.
Desde CGT reclaman que se realicen los procesos selectivos en tiempo y forma, con número suficiente de plazas, cubriéndose como marca la ley, sin generar más relaciones laborales de personal temporal en abuso de temporalidad.
Según los cálculos de STEPA, son más de 17.000 plazas en la Administración aragonesa; sin embargo, el Ejecutivo solo ha anunciado 2.552 plazas por esta vía, mientras sigue despidiendo a personas con décadas de experiencia mediante prácticas muy poco ortodoxas, como modificar las plantillas amortizando puestos, ofrecer a los nuevos funcionarios plazas en adscripción provisional incluidos los puestos con reserva de plaza, etc.
“No hemos dejado de avisar de que esta ilegalidad tendrá al fin consecuencias en los Tribunales, a pesar de los impedimentos que el Gobierno junto con los sindicatos presentes en la mesa de Administración General están poniendo para el desarrollo de nuestro trabajo sindical”, ha señalado STEPA.
Más de 200 demandas
Más de 200 interinos e interinas en fraude de ley (con más de tres años en abuso de temporalidad) ya presentaron junto con STEPA una demanda contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra los decretos del Gobierno de Aragón, por los que se aprobó, con el apoyo de UGT y CCOO, una oferta de empleo público para estabilizar al personal temporal “ridícula, que no cumple con las exigencias de la Unión Europea y no va a permitir reducir la temporalidad en la administración aragonesa”.
