El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que el nuevo modelo de tutela de adultos en Aragón va a suponer el despido “ilegal” de hasta 17 funcionarios y funcionarias interinasm que por llevar más de tres años en su puesto tenían derecho a consolidar su plaza. Además, “conllevará un importante perjuicio para todos los ciudadanos, al sustituir a trabajadores de larga experiencia por nuevo personal y no reforzar una plantilla insuficiente”, señalan.
Hasta el momento, la función de protección de los adultos y adultas bajo tutela era ejercida directamente por el Gobierno de Aragón a través de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos, adscrita al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Ahora, esta competencia ha sido delegada en la nueva “Fundación para el apoyo a la autonomía y capacidades de las personas de Aragón”, que contará con personal laboral propio, lo que ha dado lugar a la supresión de las 27 plazas de este servicio, con el cese de estas personas, funcionarias interinas, y la reubicación de los puestos fijos. Todos estos cambios han sido publicados en el BOA del 7 de febrero.
Esto supone que entre 13 y 17 funcionarios y funcionarias interinas van a perder su puesto de trabajo, bien porque ocupaban una de las plazas suprimidas o una en otro destino distinto pero que ahora ha sido concedida a uno de los funcionarios y funcionarias fijas que se han trasladado. Así, el número de personas que trabajan en la administración que van a ir a la calle puede llegar al 63% de la plantilla del antiguo servicio.
STEPA denuncia que en todos los casos se trata de empleados y empleadas a las que por el tiempo en su puesto, la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad obliga a dar la posibilidad de consolidar su puesto en un proceso extraordinario, “el supuesto Gobierno progresista de Javier Lambán profundiza en el desmantelamiento y precarización de servicios sociales y en el incumplimiento de la ley, con el cese ilegal de interinos en fraude de ley y abuso de temporalidad durante muchos años”.
Desmantelamiento de servicios sociales
El sindicato ha incidido en que además de atentar contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el Gobierno de Aragón está desmantelando los servicios públicos, ofreciendo un peor servicio a la ciudadanía y promoviendo un modelo mercantilista y poco transparente.
De esta manera, la supresión de los puestos de trabajo que atendían la tutela, se completa con la creación de dos plazas del máximo nivel 24 y en régimen de teletrabajo como asesores técnicos.
Por contra, la oferta de la nueva fundación contempla “empleados públicos propios” con contratos laborales, sin derecho a traslados ni opción a una carrera profesional. Además, “la plantilla responde a un mal diseño y es tan insuficiente y precaria como la actual, plagada de responsables, y con grandes lagunas en alguna de las áreas fundamentales como es la jurídica”, denuncia el sindicato.
Todos estos problemas, se agravan con la salida de personal experimentado, “que ha mostrado su capacidad incluso durante décadas en áreas tan sensibles como la tutela”. Se trata además de personas por su edad de difícil empleabilidad y mayoritariamente femenino.
Por todo ello, STEPA reclama la continuidad del sistema de gestión directa por parte del IASS y por tanto del mantenimiento de la actual plantilla, sin renunciar a su ampliación por considerarla muy insuficiente. E igualmente exige el fin de los ceses indiscriminados del personal en abuso.
Unidad para proteger a los servicios públicos
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón también ha recalcado que la aprobación del plan de empleo muestra que “no hay transparencia” en las relaciones de la Administración con todos los sindicatos y “no parece que sirva la negociación colectiva como está planteada en la actualidad”. Según se indica en el BOA, el plan fue “objeto de negociación” con los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Administración General: CCOO, UGT y CSIF.
STEPA ha pedido unidad sindical para proteger los servicios públicos y en especial apoyar a los más desprotegidos “que en el sector público son los temporales, que, desgraciadamente, en Aragón siguen siendo cesados sin ningún tipo de indemnización tras décadas de servicio público, contraviniendo la jurisprudencia europea”.
“La privatización de los servicios, amortización de plazas y la legislación que ha desarrollado el cuatripartito, con el consenso de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, no son propias de un gobierno progresista”, ha señalado STEPA.
