El Tribunal de Cuentas rechaza investigar si aplicar medidas excepcionales al pago del Castor fue un abuso para las arcas públicas

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la denuncia del grupo Caso Castor, compuesto por Xnet, ODG e IDHC, contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que aprobó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor por no apreciar indicios de responsabilidad contable.

Plataforma del Proyecto Castor. Foto: Lluis Gene

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha desestimado investigar las posibles irregularidades contables derivadas de los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2014, en el que el Gobierno español acordaba abonar a la sociedad Escal UGS SL la cantidad de 1.350.729 miles de euros tal y como le solicitaba el grupo Caso Castor, compuesto por Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Xnet recuerda que en ese Consejo de Ministros se decidió la medida excepcional de indemnización a Escal UGS SL a través de Enagás Transporte, "en menos de 35 días y en un único pago, además de un derecho de cobro a costa del sistema gasista", y concretamente, "con cargo a la factura mensual de los ciudadanos por 30 años, no solo por esta cantidad, sino por los trabajos que esta sociedad llevaría a cabo en concepto de 'mantenimiento de las instalaciones', trabajos que ascendían a unas cantidades elevadísimas".

En la denuncia que formuló el 30 de julio de 2019, el grupo Caso Castor pidió que se declarara la responsabilidad contable del entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y sus ministros.

El grupo Caso Castor justificaba su solicitud en base a la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de diciembre de 2017 que consideró que esta decisión fue “una inadecuada alteración del sistema de fuentes del derecho que choca con el art. 86.1 CE” por lo que el grupo Caso Castor considera "fue adoptada de forma inadecuada y comportaron perjuicios a las arcas públicas".

Pero ahora, en un escrito con fecha 30 de septiembre, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sostiene que debe ser el grupo Caso Castor la encargada de probar el daño real y efectivo en los fondos públicos. "Considera que la Fiscalía no puede entrar a valorar si una decisión ha sido oportuna o no aunque esto no fue así al menos en la primera sentencia del Tribunal de Cuentas para los fondos buitre del gobierno de Ana Botella en Madrid", critican desde grupo Caso Castor.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas justifica su rechazo en que los daños de la responsabilidad "deben ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados", y que dicha responsabilidad contable "no puede surgir en el contexto de una controversia relativa a la oportunidad de una u otra decisión económica y financiera".

La Fiscalía explica, asimismo, que la denuncia se refiere a incumplimientos genéricos de la Administración, que no se refieren a una cuenta determinada o a actos concretos de administración, custodia o manejo de caudales públicos, y que el daño no está individualizado.

También afirma que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que anuló los puntos del real decreto-ley relativos a la indemnización a los promotores del almacén de gas Castor, no cuestiona el importe de las mismas, sino que "no se justificaba la extraordinaria y urgente aprobación de la norma que fijó la indemnización".

Por ello, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas archiva las diligencias abiertas por la denuncia de Xnet, representada por Simona Levi, aunque recuerda que ello no impide al denunciante ejercitar ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, si lo estima oportuno, la acción pública.

En un comunicado, el grupo Caso Castor lamenta que "desgraciadamente nosotros no somos el Tribunal de Cuentas y no tenemos potestad ni posibilidad para indagar procesos absolutamente opacos que no han respetado los mínimos exigibles en materia de transparencia. Así que otro episodio de los abusos sistémicos quedará sin ser investigado". No obstante, subrayan que "no desfallecemos y seguimos buscando cauces para que se haga luz y justicia sobre el despropósito del Castor".

Grupo Caso Castor ya presentó una querella ante la Audiencia Nacional, que fue desestimada, contra cinco exministros, dos ex altos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en la construcción de esa instalación.

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