Los sindicatos STEPA y CATA animan a todos los afectados y a afectadas a “denunciar mejor hoy que mañana para que no quede ningún interino en abuso sin reparación y ninguna administración sin sanción”. Según sus cálculos, la decisión afecta a unos 17.000 trabajadores y trabajadoras de la DGA, incluidos los contratados laborales, sobre los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya falló en los mismos términos en febrero. “El Gobierno de Aragón se ha negado siempre a dar la cifra oficial de afectados”, señalan.
El TJUE ha hecho pública, esta misma mañana del jueves 13 de junio, una decisiva e histórica sentencia que avala que el funcionariado interino con más de tres años en sus puestos adquiera “la fijeza inmediata como medida para sancionar a las Administraciones Públicas por incumplir la Directiva 1990/70/CE que obliga a que las plazas para atender necesidades permanentes deben ser cubiertas con contratos fijos”. Los jueces y juezas europeas defienden esta solución, la misma que en el sector privado, porque en el público “la legislación española no contempla medidas ni sanciones para evitar el abuso que supone encadenar contratos temporales”.
Por ello, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y el Colectivo Asambleario de Trabajadores/Trabajadores de Aragón (CATA) han celebrado “una victoria por los derechos de los empleados públicos en abuso que llega tras años de lucha contra la cerrazón de los Tribunales y de algunas administraciones, sobre todo el Gobierno de Aragón, que tanto con Javier Lambán (PSOE) como con Jorge Azcón (PP), quien ha destacado a nivel estatal como el gran insumiso ante la Ley al negarse a estabilizar a las víctimas del abuso de temporalidad”. De igual forma, han criticado la actitud cómplice en todo el proceso de otras formaciones sindicales como CCOO, UGT o CSIF.
El Gobierno estatal de Pedro Sánchez impulsó la Ley 20/21, que, aunque con bastantes lagunas y errores, intentaba estabilizar las plazas de interinos en abuso para poder cumplir así la obligación legal y de la UE de reducir la temporalidad a menos del 8%. Sin embargo “el ejecutivo aragonés la incumplió flagrantemente al sacar a concurso (sin oposición) poco más de la décima parte de las plazas que estaban afectadas. Unido a polémicos concursos de traslados, la consecuencia han sido ceses masivos de cientos de trabajadores interinos”, lo que STEPA y CATA califican de “interinicidio”.
Para exigir el cumplimiento inmediato y sin reparos de las leyes y sentencias europeas, los dos sindicatos (tercera fuerza en la Mesa Sectorial de la Administración General de la DGA) han abierto esta mañana un punto informativo para los trabajadores en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Y esta tarde han convocado una caravana de coches que desde las 17 horas recorrerá las sedes de las instituciones clave en Zaragoza, con el lema “Siente Europa, siente la fijeza”. En particular, el sindicato demanda “el cese de los despidos masivos que el ejecutivo PP-Vox está perpetrando al echar a la calle a personas interinas que tienen derecho a estabilizar su puesto, y a costa, además, de dejar plazas vacantes y a los ciudadanos desatendidos”.
Según los últimos datos oficiales del Boletín Estadístico del personal al servicio de la administración aragonesa, de diciembre de 2023, la plantilla pública se compone de 59.794 trabajadores (incluyendo Administración General, Educación, Sanidad, Justicia, etc.), de los que el 51%, un total de 30.540, son temporales. Y, según los cálculos de STEPA -el Gobierno de Aragón se niega siempre a facilitar esta cifra-, unos 17.000 estarían en fraude de ley por abuso de temporalidad, es decir, habrían superado el límite legal de tres años de interinidad. Incluyendo tanto funcionarios como contratados laborales, sobre los que el TJUE ya falló en los mismos términos en febrero.
“Una medida adecuada para sancionar”
Esta sentencia responde a cuestiones prejudiciales elevadas por un juzgado de Barcelona, que planteó al TJUE la duda de si en tres casos de temporales en abuso que reclamaban la fijeza, esta era admisible. Las decisiones del tribunal de máxima instancia en la Unión Europea sientan jurisprudencia obligatoria.
Los jueces y juezas señalan que la conversión del personal interino en fijo “puede constituir una medida adecuada para sancionar de manera efectiva”. El TJUE da así un varapalo a la doctrina del Tribunal Supremo “tirándole de las orejas”, al establecer que “el juzgado remitente deberá entonces dejar inaplicada dicha jurisprudencia del Tribunal Supremo si esta se basa en una interpretación de las disposiciones de la Constitución incompatible con los objetivos de la Directiva 1999/70 y, en particular, de la cláusula 5 del Acuerdo Marco”.
De esta manera, la sentencia obliga a paralizar todos los procesos de estabilización convocados por la Ley 20/21, transformar en fijos a todos los empleados públicos víctimas de abuso de larga duración y aplicar a todos los temporales las mismas causas de cese o despido que para los funcionarios fijos.
STEPA y CATA recalcan que “en este contexto lo único que queda es que el Gobierno del Estado español y las diferentes comunidades legislen la fijeza de acuerdo con la Directiva y las sentencias claras del TJUE”.
Una manifestación en coches por Zaragoza
Los dos sindicatos han subrayado que la sentencia “deja claro que incumplir una normativa europea es una ilegalidad que debe tener consecuencias también si el incumplidor es la propia Administración”. En este sentido, inciden en que obliga a “que todos los jueces y tribunales la apliquen y no dejen a ningún interino en abuso sin reparación y ninguna Administración sin sanción”.
Con este fin, STEPA-CATA, con el apoyo de otras siete organizaciones sindicales, ha convocado esta tarde una gran manifestación en automóvil por el centro de Zaragoza, “para que todas las instituciones aragonesas se den por enteradas y, por fin, apliquen la Justicia”. Los vehículos, decorados con globos amarillos y negros, recorrerán en caravana las principales calles y lugares clave de la capital del país, pasando frente a las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón, sedes de sindicatos, el Departamento de Hacienda o el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
“Una sentencia beneficiosa para todas”
Los sindicatos han reiterado que la solución definitiva pasa “por identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos para convertirse en fijas, incluidas las de los trabajadores y trabajadoras que ya han sido cesados”. Entre tanto, el Gobierno de Aragón “debe paralizar el despido de interinos en abuso y las Ofertas Públicas de Empleo que incluyan plazas afectadas por la sentencia del TJUE”.
STEPA y CATA han destacado que los interinos que consolidarán así su plaza, son trabajadores que también entraron en la función pública tras haber superado un proceso selectivo y que llevan años, e incluso décadas, demostrando día a día su capacidad profesional.
También han incidido en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “beneficiará a todos los ciudadanos”, ya que supone mejorar la calidad de las condiciones en toda la Administración y evitar recortes en servicios públicos fundamentales “tras una década de nefastas políticas laborales”. Así mismo, recalcan que no se perjudica a quienes busquen un empleo en la DGA “porque solo en la Administración general existe un 12% de plazas vacantes, que junto al número de jubilaciones anuales muestran la necesidad de aumentar las plantillas”.
Finalmente, recuerdan que la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra el Estado español por incumplir la directiva sobre el abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas, “por lo que con esta segunda sentencia llegarán próximamente las sanciones millonarias al estado si no se cumple la norma”.
