Desde el sindicato STEPA recalcan que “la UE nos ha dado la razón en todas nuestras denuncias y reivindicaciones, ahora el gobierno de Azcón debe dar un giro radical, no puede seguir siendo el ejecutivo que peor trata a sus trabajadores temporales, que suponen más del 50% de la plantilla”.
El sindicato aragonés ha anunciado nuevas movilizaciones “para reclamar al Gobierno de Aragón que cumpla de una vez la Directiva Europea, las Leyes estatales, la Ley de Presupuestos aragonesa y su propio compromiso electoral, empezando por identificar al personal interino abusado para que no le afecten los procesos de incorporación de nuevos trabajadores fijos, que han echado a la calle ‘ilegalmente’ a 1.300 temporales solo en este mes”.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha reclamado al Gobierno de Aragón “que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha dictaminado que los trabajadores públicos temporales, que son víctimas de un abuso y que lleven más de tres años en sus puestos deben pasar a la fijeza automática, la misma sanción que se aplica en el sector privado, como única medida que garantiza el cumplimiento de la Directiva 1990/70/CE”, enfatizan.
La sentencia también respalda las denuncias de STEPA “por los despidos ilegales que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón PP-Vox-PAR, y tras este contundente varapalo de la Justicia” ha reclamado “garantizar sin más demora los derechos de todos los afectados, más de 3.500 en la DGA, así como también el de los funcionarios interinos, hasta alcanzar los 17.000 temporales en abuso en la contratación con la administración aragonesa”.
Por todo ello, las representantes del sindicato han celebrado en la mañana de esta viernes, una concentración en la puerta del acceso principal al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón “para reclamar, como primer paso, la paralización inmediata de cualquier cese de afectados”.
Según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de la administración aragonesa, de diciembre de 2003, la plantilla aragonesa “se componía de 59.794 trabajadores, de los que 4.799 eran personal laboral -regidos por el Estatuto de los Trabajadores”, así, “la decisión judicial afectaría directamente a todos los que hayan sumado más de un trienio de antigüedad, si su plaza no ha sido convocada en ese tiempo”. STEPA ha señalado “que la misma interpretación hay que hacerla extensiva a todos los interinos que también se encuentran en esta situación de abuso de temporalidad”.
“La UE nos ha dado la razón”
El sindicato ha subrayado que “La UE nos ha dado la razón en todas nuestras denuncias y reivindicaciones, ahora el Gobierno de Azcón debe dar un giro radical, no puede seguir siendo el ejecutivo que peor trata a sus trabajadores temporales, que suponen más del 50% de la plantilla”.
La sentencia responde a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “que para resolver un litigio entre tres trabajadores víctimas que llevaban enlazando contratos temporales sucesivos hasta por más de treinta años, y sus empleadores públicos preguntó al Tribunal de Luxemburgo si eran de aplicación la directiva europea 1999/70, que reguló hace ya más de 20 años el abuso de temporalidad”, recuerdan desde el sindicato. “Los tribunales españoles habían definido hasta ahora la figura del indefinido no fijo, como vínculo prorrogable hasta que la plaza saliera a oposición, ahora, la UE ha dejado claro que el incumplimiento del empleador de su obligación de convocar procesos selectivos en plazo compromete el objetivo de la directiva”.
Además, el TJUE recalca que los procesos de estabilización convocados “para cumplir con la norma europea no son adecuados como sanción para estos casos de abuso de temporalidad y también rechaza la indemnización de 20 días por año de servicio”, detallan desde el sindicato.
Nuevas movilizaciones
Como primeros pasos, STEPA ha demandado al Gobierno de Aragón “paralizar todas las ofertas que han echado a la calle ilegalmente a 1.300 temporales solo en este mes, e identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos para convertirse en fijas”, para lo que va a iniciar una campaña de movilizaciones.
El sindicato recuerda “que están previstos nuevos ceses, como los de ingenieros técnicos agrícolas y de auxiliares administrativos para marzo” y reclama al ejecutivo de Jorge Azcón “que cumpla de una vez la Directiva Europea, las Leyes estatales, la Ley de Presupuestos aragonesa y su propio compromiso electoral” para que ningún temporal e abuso pierda su empleo.
El sindicato ha recordado que lleva años luchando por los derechos del personal temporal “frente a la vulneración de las leyes y el abandono por parte del Gobierno de Aragón e incluso de otros sindicatos”. Tras esta decisiva sentencia ha convocado la concentración de este viernes “con el doble objetivo de celebrar ver reconocido este esfuerzo y también de demandar que, por fin, el ejecutivo aragonés cese en el interinicidio y el ataque a los servicios públicos que está cometiendo”.
STEPA denuncia que la situación actual es el resultado de “una década de nefastas políticas laborales, durante la cual la temporalidad no ha hecho sino aumentar año tras año de forma desbordante y en la Administración General ya supera el 54%”. Además, “miles de funcionarios siguen ocupando comisiones de servicio, continúan sin resolverse cientos de procesos selectivos, gran parte ya caducados, y existe más de un 8% de plazas vacantes”.
Como otra muestra de este abandono, señalan “que el propio consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, declaró en prensa que con los procesos en marcha se llegará este año al 20% de temporalidad: dos veces y media la exigencia legal”.
STEPA incide en que “respetar los derechos y la experiencia de los temporales supone ofrecer unos mejores servicios públicos a la ciudadanía aragonesa, que es la única vía para cumplir con los compromisos europeos ligados a recibir los fondos Next Generation y evitar las sanciones derivadas de los procesos abiertos de infracción por la Comisión, y no perjudica a quienes busquen un nuevo empleo en la Administración porque los datos muestran la necesidad de aumentar las plantillas por la gran cantidad de jubilaciones que se producen anualmente”, concluyen.
