Hasta 2027 habrá un goteo de más de 2.000 despidos, solo en la Administración General del Gobierno de Aragón, que deteriorarán aún más la atención a la ciudadanía ya que la Ley establece que esos puestos solo pueden ser cubiertos por funcionarios fijos y la mayoría quedarán vacantes. STEPA recalca que “el gobierno de Azcón persigue a la desesperada reducir la obligación legal de reducir la temporalidad al 8% este año (actualmente supera el 50%) saltándose a la torera la legislación estatal y europea que obliga a estabilizar a los trabajadores en abuso –la mayoría mujeres de más de 50 años- que llevan incluso décadas de servicio”.
El Gobierno de Aragón “trata además de ocultar su mala gestión no publicando por primera vez el Boletín Estadístico de Personal, que refleja desde 2012 la altísima temporalidad en Aragón, a la cabeza en el ranking de administraciones del Estado español”, recalcan desde STEPA.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia las consecuencias “para los trabajadores y el servicio a los ciudadanos que va a tener la instrucción enviada por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Aragón a todos sus departamentos”. Esta norma interna supone identificar a los funcionarios interinos, que cubren plazas vacantes con carácter temporal “y echarlos a la calle la víspera de que cumplan los tres años en sus puestos, pese a que ello supondrá que el servicio que atienden quedará simplemente desatendido durante un largo tiempo”.
STEPA ha calificado como “nuevo interinicidio, vergüenza y sangrante” que el ejecutivo PP-Vox-PAR de Jorge Azcón “se muestre completamente riguroso con este punto derivado de la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, mientras que incumple totalmente otro de los preceptos de la misma norma: la obligación de compensar a las víctimas del abuso de temporalidad (por haber sobrepasado ya este mismo límite de tres años) mediante la fijeza, como se aplica en el sector privado, o, en su defecto, con indemnizaciones”.
“Total incompetencia del consejero Roberto Bermúdez de Castro”
El sindicato, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón en coalición con CATA, ha subrayado que la situación muestra “la total incompetencia de los responsables del Departamento de Hacienda y Función Pública, el consejero Roberto Bermúdez de Castro (PP) y el director general de la Función Pública, Antonio Villacampa, que persiguen a la desesperada reducir la temporalidad”. La nueva medida se suma a los cientos de despidos de personal interino en abuso de temporalidad que el ejecutivo aragonés ha llevado a cabo en los últimos meses.
“Actualmente, el porcentaje de trabajadores temporales en la DGA supera el 56%, a la cabeza en el ranking de administraciones en el Estado español, y como la Unión Europea exige que no llegue al 8%; la única respuesta desde Aragón es despedir masivamente a los temporales, independientemente de que el puesto vaya a ser cubierto”, enfatiza el sindicato.
“Servicios públicos cada vez más deteriorados”
De junio a diciembre serán 97 las y los interinos despedidos de esta manera y en los tres próximos años, 2.035 en total, solo en Administración General, sin contar entidades públicas como IASS ni Educación o Sanidad. Según fija el Estatuto Básico del Empleado Público las plazas deben ser ocupadas por un funcionario fijo, según los distintos sistemas previstos: oferta de empleo (único medio que no transfiere el problema), concurso de traslados o comisión de servicios. Así, STEPA denuncia que “en la práctica supone que durante todo este proceso, que puede alargarse incluso años, esa silla quedará vacía sin preocuparse porque se ha perdido el servicio a la ciudadanía”.
“Después de incumplir totalmente la Ley 20/21 y no estabilizar a 17.000 interinos en fraude, se agarran a un punto de la norma que pretendía evitar el abuso de temporalidad en el futuro para realizar otro despido masivo”, han resumido.
STEPA ha recordado “las noticias que se han ido sucediendo en los últimos meses sobre la falta de personal en numerosos casos: ayudas a la dependencia, INAGA secretarías de institutos, etc, y avisa de que los servicios públicos van a estar cada vez más deteriorados”.
A la vez, continúan “los despidos libres y gratuitos de muchas trabajadoras y trabajadores, con años de experiencia, la mayoría mujeres de más de 50 años, que llevan incluso décadas de servicio, saltándose a la torera la legislación nacional y europea que obliga a estabilizar a los trabajadores en abuso”.
“Diferenciar la incorporación y la sanción al incumplimiento de la ley”
El sindicato ha resaltado su total apoyo a la convocatoria de ofertas de empleo, en plazo y con el número de plazas necesario, para cubrir las necesidades de personal en la administración aragonesa, pero ha incidido en que “es preciso diferenciar la incorporación de nueva savia de la sanción a administraciones que incumplen la ley manteniendo trabajadores temporales durante muchísimos años”.
Según los cálculos de STEPA, el Gobierno de Aragón “está echando a la calle a más de dos mil interinos que tienen el derecho a consolidar su plaza tras haber sobrepasado ya el límite de tres años, pero el Gobierno de Aragón tiene la hipocresía de no cumplir la ley cuando obliga a identificarlos, mientras que ahora sí lo hace con quienes van a cumplir ese límite”.
A esta situación se suman otros graves problemas “de plantillas insuficientes, falta de transparencia, caos jurídico, recursos jurídicos y sobrecarga de trabajo”, por lo que STEPA concluye que “la política de personal del ejecutivo de Jorge Azcón es nefasta, basada en, simplemente, dejar plazas vacantes; y las consecuencias las sufren no solo los trabajadores, sino el conjunto de la ciudadanía”.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón resalta como una muestra de este fracaso en la gestión el retraso en publicar el Boletín Estadístico de Personal “ya que todavía siguen sin hacerse públicos los datos de diciembre de 2023”.
Concluyen desde STEPA, recordando que según los últimos datos oficiales (de junio de 2023), tienen contrato temporal el 56% de los empleados y empleadas en la Administración General de la DGA, el 28% de los funcionarios y laborales fijos no ocupaba su destino definitivo, sino una plaza provisional en comisión de servicios, y el 12% de las plazas estaban vacantes “unos datos que todo indica que han empeorado y se quieren ocultar”.
