Nuevo golpe del Tribunal Supremo (TS) que ha revocado el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve presos y presas independentistas catalanes condenados por el "procés". El Alto Tribunal considera que se trata de una "medida prematura".
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión desde octubre de 2017 y marzo de 2018 tampoco podrán gozar del régimen flexible que les permitía salir para ir a trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Los magistrados del Supremo estiman, así, los recursos de apelación de la Fiscalía contra la decisión de la Generalitat, de manera que las y los presos deberán continuar en segundo grado. La Sala argumenta que "es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte". Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn ya han superado la cuarta parte de la condena en prisión.
Para justificar la anulación de ese régimen, la Sala afirma que no se ha apreciado "vinculación alguna" con "el proceso de reinserción social de estos penados", de forma que "la misma sea adecuada a su situación actual", reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio.
El tribunal ha dictado nueve autos, de contenido similar, en los que señala que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena es "excepcional" y exige "una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena".
La Sala presidida por Manuel Marchena y formado por cinco magistrados más insiste en que los nueve dirigentes fueron "condenados por sedición" y no "por perseguir la independencia de Catalunya, ni tampoco por su ideología independentista". "Nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas", asegura la Sala, al tiempo que afirma que "no se pretende que el interno 'reniegue de sus convicciones políticas'".
El tribunal también carga duramente contra las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria catalana "respecto de lo que debería ser el adecuado cumplimiento de sus funciones". Así, los jueces del Supremo sostienen que "el principio de flexibilidad (…), de tanta importancia para hacer realidad el fin constitucional de resocialización del penado, no convierte a las Juntas de Tratamiento en una última instancia llamada a corregir los desacuerdos de los funcionarios que las integran con el desenlace de un determinado proceso (…) Tampoco permite el traslado injustificado de un penado a otro centro penitenciario si esa decisión está estratégicamente dirigida a rectificar la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, fijada en atención al ámbito territorial en el que se asiente la prisión".
En esa línea, la Sala incide en que las Juntas de Tratamiento no pueden convertirse "en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales".
"El Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo"
Las y los presos políticos catalanes no han tardado en responder a la decisión del Supremo. En un tuit, Oriol Junqueras ha denunciado: "El Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo".
Por su parte, el president de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, ha escrito: "No lo olvidamos; los presos y los exiliados no somos la visualización de ninguna derrota. Hoy más que nunca; amnistía y autodeterminación. Serenidad, coraje y ni un paso atrás. Visca Catalunya lliure!".
No ho oblidem; els presos i els exiliats no som la visualització de cap derrota. Avui més que mai; amnistia i autodeterminació. Serenor, coratge i ni un pas enrere. Visca Catalunya lliure! #HoTornaremAFer pic.twitter.com/W5NUmwwVx3
— Jordi Cuixart (@jcuixart) December 4, 2020
Dolors Bassa ha denunciado: "Hemos sabido por los medios de comunicación- una vez más- antes de que nos llegue la interlocutoria a nosotros o a los abogados y procuradores que nos revocan el tercer grado. Injusticia. Venganza". En la misma línea se ha expresado la expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell: "Como siempre nos hemos enterado que tenemos que entrar en la prisión por los medios de comunicación. Es vergonzosa la falta de respeto hacia nosotros y nuestras familias".
"El guion se cumple de pe a pa: el Tribunal Supremo solo contempla el escarmiento y la rendición", ha dicho Joaquim Forn. "Tardan cuatro meses en resolver el tercer grado de los siete de Lledoners porque ya estábamos encarcelados pero solo tres semanas el de Carme Forcadell y Dolors Bassa porque todavía estaban en una situación de semi-libertad. ¿Equidad? Vergüenza, venganza y miseria", ha criticado Josep Rull.
Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, ha publicado en Twitter: "Qué curiosa coincidencia. El mismo día que el Supremo tumba el tercer grado de Junqueras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda en un tuit que era inmune a la persecución penal".
Quina curiosa coincidència. El mateix dia que el TS tomba el tercer grau de @junqueras el TJUE recorda en un tuit que era immune a la persecució penal 👇 https://t.co/kpPTLTl3mQ
— Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) December 4, 2020
La denegación del tercer grado a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, un injusto obstáculo más para su puesta en libertad
Por su parte, Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que lamenta la negativa del Tribunal Supremo a la concesión del tercer grado para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, "con la que se perpetúa una situación de injusticia contra ambos ya que deben ser puestos en libertad de inmediato".
La organización reitera que los "Jordis" nunca debieron entrar en prisión, y que la condena contra ellos por parte del Supremo en noviembre de 2019 por un delito de "sedición", constituye "una restricción indebida de sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, contraria a los derechos humanos".
"Sànchez y Cuixart llevan más de tres años injustamente en la cárcel, lejos de sus familias y sus obligaciones profesionales. Desde que fueron puestos en prisión provisional en octubre de 2017, Amnistía Internacional ha pedido su puesta en libertad", recuerdan en la nota.
Amnistía Internacional también ha pedido al Congreso que "avance sin demora" con la reforma del Código Penal para "asegurar que la definición del tipo penal de sedición no criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni impone penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica".
