La jueza del juzgado de lo mercantil número 2 de Zaragoza ha citado como ‘personas afectadas’ al actual presidente de la DGA, Jorge Azcón, a la actual alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a la actual presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y a otros seis exresponsables del gobierno municipal PP-Ciudadanos de la capital del país, en el proceso judicial por la quiebra de la concesionaria del SPA de Ranillas, la empresa Cublan. El caso se remonta a la denegación de una licencia y de un aval en 2022, cuando Azcón era alcalde capitalino.
La gestión municipal del centro termal y SPA de Ranillas, uno de los equipamientos heredados de la Expo 2008, se ha convertido años después en un problema político y judicial de primer orden para el PP de Aragón. La titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Zaragoza ha citado como personas afectadas dentro de la pieza de calificación del concurso de acreedores de la empresa Cublan Inversiones a Jorge Azcón, Natalia Chueca, María Navarro, Ángel Lorén, Patricia Cavero, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo, exintegrantes del gobierno municipal que dirigía Azcón cuando ocurrieron los hechos.
La resolución judicial analiza si las decisiones políticas adoptadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, marcadas por el capitalismo de amiguetes tan del gusto del PP, contribuyeron a la insolvencia de la empresa concesionaria del SPA de Ranillas, una circunstancia que, en caso de apreciarse responsabilidades, podría desembocar en la inhabilitación para administrar bienes ajenos de entre dos y quince años para la plana mayor del PP aragonés, además de abrir la puerta a una importante responsabilidad económica para el consistorio zaragozano, que distintas fuentes sitúan por encima de los 40 millones de euros.
Una concesión marcada por las dificultades
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando Cublan Inversiones asumió la explotación del complejo termal tras la liquidación de la anterior concesionaria, que ya mantenía importantes deudas con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Durante los años siguientes la empresa atravesó graves problemas financieros. A finales de 2021 negoció un préstamo de 3,5 millones de euros con un fondo de inversión para refinanciar su deuda y mantener la actividad. Para obtener esa financiación necesitaba hipotecar la concesión administrativa y solicitó autorización al Ayuntamiento, entonces gobernado por PP y Ciudadanos con Jorge Azcón como alcalde. Entre octubre de 2021 y febrero de 2022 se produjeron dos decisiones municipales que acabarían desencadenando el conflicto judicial.
Por un lado, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia de funcionamiento del complejo alegando supuestas deficiencias en materia de seguridad contra incendios. Paralelamente, el gobierno municipal PP-Cs rechazó autorizar la hipoteca de la concesión, justificándolo tanto por la deuda acumulada por la empresa —algo más de 200.000 euros con el Ayuntamiento— como por la ausencia de licencia de actividad.
Sin posibilidad de acceder a la financiación prevista, Cublan acabó cerrando las instalaciones en febrero de 2022 y pocos meses después entró en concurso voluntario de acreedores. La empresa acumulaba finalmente una deuda reconocida superior a los 14 millones de euros y más de un centenar de acreedores.
Los tribunales dieron la razón a la empresa
Sin embargo, el recorrido judicial del expediente cambió sustancialmente el escenario. En noviembre de 2022 un juzgado de lo contencioso-administrativo anuló la denegación de la licencia al apreciar defectos en la tramitación administrativa. Posteriormente, en febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) fue mucho más allá y concluyó que Cublan cumplía los requisitos exigibles y que disponía de un “indiscutible derecho” a obtener la licencia desde diciembre de 2021.
La sentencia añade además un elemento especialmente significativo: en octubre de 2023, ya con Natalia Chueca al frente de la alcaldía, el Ayuntamiento de Zaragoza terminó concediendo la licencia utilizando la misma documentación que anteriormente había considerado insuficiente. El Ayuntamiento recurrió posteriormente al Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso e impuso las costas procesales al consistorio.
La pieza concursal que alcanza a Azcón y Chueca
Con estos antecedentes, Cublan y parte de sus acreedores solicitaron que se declarase culpable al Ayuntamiento de Zaragoza, y sus responsables, al entender que determinadas actuaciones municipales habían contribuido decisivamente a la quiebra de la empresa.
Es dentro de esta pieza donde la magistrada ha citado como personas afectadas a Jorge Azcón, Natalia Chueca, María Navarro, Ángel Lorén, Patricia Cavero, Víctor Serrano, Sara Fernández, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo, todos ellos integrantes del ejecutivo municipal que adoptó aquellas decisiones.
La condición procesal de ‘afectado’ no implica una condena ni la apertura de un procedimiento penal, pero sí supone que la jueza aprecia que podrían existir responsabilidades en el procedimiento mercantil y les ofrece la posibilidad de comparecer y defender sus intereses.
La publicación de la providencia provocó una inmediata reacción política. El PSOE de Aragón reclamó explicaciones públicas a Azcón, Chueca y Navarro por tratarse de los máximos responsables de las tres principales instituciones aragonesas (sin contar con la del Chusticia d’Aragón).
El diputado socialista Jesús Morales aseguró que su formación no pretende realizar “ningún juicio paralelo”, pero sí exigir “responsabilidad, transparencia e información”, advirtiendo además de que el procedimiento podría terminar teniendo un elevado coste para las arcas municipales.
En el Ayuntamiento de Zaragoza, la portavoz socialista Lola Ranera ha solicitado la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces extraordinaria para que la alcaldesa Chueca informe del estado del procedimiento y facilite toda la documentación disponible. También ha reclamado acceso íntegro al expediente administrativo y judicial, argumentando que la ciudadanía tiene derecho a conocer una actuación que podría derivar en importantes consecuencias económicas para el consistorio.
Las respuestas y evasivas del PP: no es una causa penal
La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Elena Allué, rechazó la interpretación realizada por los socialistas y sostuvo que “no existe ninguna causa penal contra los dirigentes del PP”, una obviedad, pues la causa, por ahora, está el los juzgados de lo mercantil.
Según explicó, se trata “exclusivamente de un procedimiento civil” derivado del concurso de acreedores de Cublan “y no de una investigación penal”. Allué defendió además que la empresa ya presentaba una situación económica muy deteriorada antes de las decisiones municipales y atribuyó su quiebra a su propia gestión.
Tras varios días sin realizar declaraciones, la alcaldesa Natalia Chueca compareció públicamente para pedir “tranquilidad” y subrayar que el asunto se tramita en la jurisdicción mercantil y no en la penal, como si esto le restara importancia.
La regidora capitalina aseguró que el SPA de Ranillas ha sido “un negocio ruinoso” desde su inauguración y sostuvo que la empresa “pretende trasladar a toda la ciudadanía zaragozana las consecuencias de su mala gestión económica”, intentado esquivar su responsabilidad política, económica y puede que judicial.
Chueca rechazó convocar la Junta de Portavoces extraordinaria solicitada por el PSOE al considerar que “no procede”, tras vivir bochornosos episodios en el pleno con convocatorias del PP para debatir cuestiones de carácter estatal e internacional que sí deben estar dentro las competencias exclusivas del consistorio.
Un precedente que aumenta la relevancia del caso
El procedimiento ha adquirido una dimensión adicional después de que distintos análisis jurídicos recordaran la existencia de precedentes en los que responsables públicos han resultado inhabilitados dentro de procedimientos concursales por actuaciones relacionadas con concesiones administrativas.
Ese contexto ha incrementado el interés sobre la resolución que finalmente adopte el juzgado de lo mercantil número 2 de Zaragoza, ya que de prosperar las pretensiones de la administración concursal y de los acreedores no solo podrían derivarse responsabilidades personales para los antiguos responsables municipales, dejando descabezado de facto al PP de Aragón, sino también una importante indemnización que acabaría repercutiendo sobre las cuentas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, que la nefasta gestión de PP-Cs acabaría pagándola la ciudadanía zaragozana.
SPAgate no es un nuevo menú de los tagliatella de Forcén
Aunque Juan Forcén no figura entre las personas citadas por la jueza en el procedimiento concursal del SPA de Ranillas, su nombre aparece ligado a la historia reciente del complejo y, en un plano más amplio, a buena parte de las principales operaciones urbanísticas y patrimoniales impulsadas por el PP durante los mandatos de Jorge Azcón al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y de la DGA.
En este río revuelto, política, económica y judicialmente hablando, apareció Forcén jugando a ser un salvapatrias -como en el caso del Real Zaragoza- y se interesó por la compra del SPA de Ranillas “para sacar a flote el centro termal”. A través de uno de sus abogados trasladó a Cublan, tras el cierre y la quiebra, una oferta de 4 millones de euros por quedarse con el negocio. Una oferta muy por debajo del valor de mercado de la instalación. Pero finalmente, la operación de compra-venta entre Cublan y Forcén no se llevo a término. Una lastima, por que seguro que su departamento de publicidad ya tenía preparada la campaña del menú SPAgate para sus tagliatella: con salsa de ranillas para todas las charcas.
La relación entre Azcón y Forcén, trasciende ampliamente el caso del SPA de Ranillas. Ambos mantienen desde hace años una amistad personal ampliamente conocida y documentada públicamente, una cercanía que el propio -entonces- alcalde exhibió en diferentes actos sociales y que ha sido objeto de un intenso debate político debido a la sucesión de adjudicaciones y operaciones urbanísticas en las que han participado empresas del constructor, restaurador, chicoparatodo y empresario de cabecera -con permiso de Quirón- del PP en Aragón.
Durante el mandato de Azcón en la alcaldía de Zaragoza, las sociedades vinculadas a Forcén obtuvieron la concesión de varios quioscos municipales, especialmente en el Parque Grande José Antonio Labordeta, origen del denominado Kioscogate, una de las mayores controversias urbanísticas de la pasada legislatura. La oposición denunció un presunto trato de favor después de que una licencia de derribo fuera informada favorablemente incluso antes de que el proyecto técnico hubiera sido registrado formalmente. Aquella polémica motivó la petición de una comisión de investigación municipal que finalmente quedó bloqueada por los votos de PP, Ciudadanos y Vox tras un cambio de posición de la formación ultraderechista.
AraInfo ha venido documentando en los últimos años la presencia recurrente del empresario en algunos de los principales proyectos impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Además de los quioscos municipales, Forcén ha participado en operaciones como la futura Nueva Romareda —de cuyo consejo de administración forma parte—, distintas promociones urbanísticas en la ciudad, la concesión del hotel de la estación internacional de Canfranc o proyectos inmobiliarios relacionados con el desarrollo urbanístico de Zaragoza. También ha aparecido vinculado a la junta de compensación del conocido como “pelotazo familiar de Azcón” en el barrio de San José, una operación urbanística sobre la que diversos grupos políticos solicitaron explicaciones durante la pasada legislatura.
La oposición municipal y parlamentaria ha señalado reiteradamente que la acumulación de adjudicaciones y operaciones en las que intervienen empresas de Forcén, unida a su conocida amistad con Azcón, genera dudas sobre la existencia de un posible trato de favor, acusaciones que el PP siempre ha rechazado. El empresario tampoco ha sido investigado judicialmente por esa relación personal ni existe resolución judicial alguna que concluya que las adjudicaciones obtenidas por sus sociedades fueran irregulares.
No obstante, la reiterada coincidencia entre intereses empresariales y decisiones administrativas han convertido a Forcén en una figura polémica y recurrente en el debate político zaragozano y aragonés durante los últimos años. La relación entre Azcón (y el PP) y Forcén (y su entramado de empresas) es lo más parecido que tenemos en Aragón al capitalismo de amiguetes del más puro estilo Donald Trump: la prioridad familiar.
